Aunque los escenarios sobre la aparición de un nuevo virus de consecuencias graves para la salud de la humanidad son parte de las previsiones de la Organización Mundial de la Salud y de los distintos sistemas de salud de los países del mundo, no resulta posible determinar cuándo aparecerá y bajo qué características y peligrosidad. La presencia de una pandemia no es responsabilidad de las instituciones gubernamentales de cualquier Estado, pero la atención de la emergencia sanitaria y la mayor o menor capacidad para hacerlo sí lo es.
El SARS-CoV2 sorprendió al mundo en diciembre de 2019 y ha estado condicionando muchas de las actividades en el planeta a partir de entonces. Fue algo desconocido de alta peligrosidad y enorme letalidad que puso a prueba a todos: cada sociedad, cada gobierno y la comunidad internacional; y a los investigadores y personas de la ciencia, las empresas farmacéuticas, los liderazgos políticos de las naciones y la capacidad misma de la ONU y su sistema de organismos.
Los distintos pueblos del orbe debieron reaccionar y tomar medidas con nulos o muy pocos referentes, a fin de impulsar y construir, paso a paso, la respuesta necesaria para hacer frente a la emergencia sanitaria bajo las mismas premisas: preservar la salud de las personas, evitar la propagación del virus, ajustar las actividades cotidianas de todo tipo para contener los contagios, mantener la realización de las actividades esenciales y prevenir el colapso del funcionamiento político, económico y social de las comunidades nacionales.
Y mientras tanto, confiar en la capacidad de los centros públicos y privados de investigación y las y los científicos para elaborar vacunas que eviten el contagio o atemperen la gravedad del mismo para las personas, así como para producir medicamentos capaces de combatir los efectos del virus y restablecer el estado y funcionamiento saludable de los órganos afectados.
A lo largo del trayecto un elemento se ha hecho presente desde el inicio de la pandemia y sigue con nosotros: el desconocimiento del virus o, puesto en sentido inverso, el conocimiento limitado del mismo, como para afirmar que se le ha domado y que la batalla ha concluido. Existe un componente complementario básico: hasta que más del 80 por ciento de la población mundial se encuentre vacunada y tenga vigente la capacidad inmunizante, el virus podrá seguir expandiéndose y, por esa vía, experimentar mutaciones que lo hagan más resistente y más peligroso para la humanidad.
El SARS-CoV2 es una amenaza a la salud de la población que requiere la atención puntual de las instituciones gubernamentales; aunque la actuación consecuente transita necesariamente por la política estatal, por la adopción de políticas públicas y la toma de decisiones de las instituciones competentes, no es un problema político. Me explico: la concepción, diseño y desempeño del gobierno debe basarse necesariamente en la información científica disponible y su evolución. Actuar o no de esa forma es lo que genera un problema político y sus consecuencias, incluidas las responsabilidades.
¿Cuál ha sido el comportamiento pertinaz del presidente Andrés Manuel López Obrador y la administración que encabeza? ¿Ha habido algún aprendizaje de las experiencias de otros países y de la propia para cumplir de la mejor forma posible el derecho a la prestación de los servicios de salud?
Parecería haber algunas constantes: (i) la manipulación de la información científica y médica disponible para sustentar decisiones de políticas públicas y hasta percepciones y deseos personales, como si se asentaran en las recomendaciones de la ciencia; por ejemplo, el desdén al uso de la mascarilla en los contactos y encuentros entre personas o la reticencia a la realización masiva de pruebas para detectar los contagios y dar seguimiento a las cadenas de expansión del virus con el objetivo de detenerlas;
(ii) la incapacidad —primero— y luego la pasmosa lentitud para ajustar o modificar las tareas de necesaria ejecución por haber asumido un comportamiento estático del virus, sin comprender adecuadamente las implicaciones de la aparición de nuevas variantes y las medidas recomendables para evitar patrones de alza de los contagios y rebrotes, como si se tratara de una fatalidad; por ejemplo, la línea de continuidad entre la llamada primera ola y lo que se asumió como la segunda, o el alza del número de personas que han contraído el virus durante el final del 2021 y el inicio del 2022;
(iii) la ausencia del ejemplo en el comportamiento preventivo del propio Ejecutivo Federal y de sus colaboradoras y colaboradores, así como la emisión de mensajes sobre la menor gravedad o pocas implicaciones para la salud en caso de contagio de personas vacunadas o por la variante ómicron; por ejemplo, el casi nulo cuidado del mandatario, al grado de haber contraído el virus por segunda ocasión, no obstante haber recibido la primera y segunda dosis y el refuerzo, o el olvido de que la alta incidencia de personas con comorbilidades que, aún vacunadas, pueden enfrentar situaciones de peligro para sus vidas; y
(iv) el uso político de la vacunación, y ahora no me refiero a la falta de transparencia sobre las vacunas adquiridas y las erogaciones comprometidas, en dos vertientes: la afirmación de tiempos para inocular a la población por grupos de edad en metas que no se cumplen y resultados que se anuncian como propaganda sin sustento real; y en la incorporación limitada de las personas menores de edad a la vacunación como respuesta obligada la presión social, pero sin revisar el programa para integrar a toda la población que por recomendación de la ciencia requiere ser protegida.
El carácter global de la pandemia permite hacer comparaciones. En términos absolutos, México es el cuarto país con mayor número de fallecimientos, atrás de países con mayor población que la nuestra (Estados Unidos, Brasil, India y Rusia). La cifra oficial de decesos por Covid-19 no corresponde a la verdad y con otros parámetros -exceso de mortalidad y actas de defunción- es posible sostener que al menos se acercan al medio millón de decesos.
Y el compromiso de que para octubre último se habría vacunado toda la población adulta, en realidad es de 83 por ciento con una dosis, requiriéndose dos.
Si a la administración pública le ha sido confiada la prevención en caso de la pandemia y para ello se determinó la emergencia sanitaria, el objetivo de contener y disminuir los contagios y el propósito de evitar la afectación de la salud de las personas y su deceso son responsabilidades gubernamentales. El retorno de los contagios exponenciales y muy elevado número de fallecimientos por covid-19 es prueba de un gobierno incapaz. ¿Habrá responsables?