Después de un periodo caracterizado por la falta de consensos, el pleno del Congreso del estado tomó protesta a Sandra Luz Valdovinos Salmerón teniente coronel, como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), propuesta enviada por Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero.
Luz Valdovinos es abogada militar, que ha laborado en el Servicio de Justicia Militar y que formaba parte de los 44 aspirantes a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se inscribieron pero que no llegó a la terna final. Es originaria de Zihuatanejo, Costa Grande, y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional. Se ha desempeñado como titular del área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Ciudad de México.
También ha sido Agente del Ministerio Público Militar adscrita a la Décimo Primera Zona Militar. Secretaria técnica administrativa del primer Juzgado Militar de Control de la Primera Región Militar, en la Ciudad de México.
Además, jefa de la subsección del Comité de Acceso a la Información en la Oficina de Atención Ciudadana de la Oficialía Mayor de la Sedena. También se desempeñó como asesora jurídica de la Dirección General de Administración de la Sedena, en la Ciudad de México.
Valdovinos Salmerón de 51 años de edad, es la segunda mujer en encabezar el órgano encargado de la procuración de justicia.
Se sabe que, durante la noche del 27 de diciembre, llegó por oficio al cuerpo legislativo estatal la propuesta y que ante las dificultades planteadas para la nueva designación se consultó a la Federación (secretaría de Gobernación) para encontrar una salida salomónica al respecto.
Previamente, el 30 de noviembre, Salgado Pineda dijo no haría la propuesta de una terna subrayando que el nombramiento sería responsabilidad absoluta del Congreso del Estado, pero días más tarde propuso una terna integrada por Ludwing Marcial Reynoso y José Luis Gallegos, además de Anacleta López Vega, en los círculos de la abogacía hubo informidad e incluso se habló de la posible designación de un fiscal carnal toda vez que los dos hombres son cercanos a su padre Félix Salgado Macedonio.
Pero lo realmente complicado fue la consideración de que ninguno de los integrantes goza de una buena reputación y existen sospechas de la cercanía con grupos delincuenciales.
El pasado 23 de diciembre, por primera vez en la historia local, la votación del Congreso local no alcanzó la mayoría requerida de las dos terceras partes para elegir al nuevo o nueva fiscal de Guerrero. Se registraron más las abstenciones que los votos logrados por cualquiera de los aspirantes, por lo cual se tuvo que devolver la terna a la gobernadora para que ella decidiera. Ello dio la lectura de un rechazo a las propuestas.
También se especula que la designación puedo ser producto de un acuerdo con la Federación y que grupos radicales guerrerense lo verían como una señal que confirma la militarización de la seguridad.
Hay grupos radicales en Guerrero que han venido exacerbando el rechazo a los militares en la entidad, debido a lo que consideran la responsabilidad del cuerpo armado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otros traen al presente los hechos ocurrido durante el llamado periodo de la guerra sucia.
Tal es el caso del Consejo Indígena y Popular de Guerrero enmarcarlo dentro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria, como formas de controlar el territorio y de administración de seguridad y justicia de los pueblos. A juicio de estos grupos votar por López Obrador ha significado militarizar el país y permitir que la violencia se descontrole de la manera que está pasando.
La fiscalía General del Estado permaneció acéfala desde el 15 de noviembre cuando entro en vigencia la renuncia de Jorge Zuriel de los Santos Barila, luego que se difundieron fotos de una reunión con supuestos dirigentes del crimen organizado, hecho que nunca se aclaró.
Entre octubre y lo que va de diciembre de este año, en Guerrero se ha registrado una ola delictiva que incluye asesinatos, secuestros, venta de niñas entre otros tantos delitos.
El informe de incidencia delictiva mensual, presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, puntualizó que en los 50 municipios prioritarios hay una baja general de 8.4 por ciento, debido a que 32 reportan descenso de 27 por ciento en promedio, pero en 17 de ellos, aumentó un 23 por ciento. En esta última condición se encuentran León y Salamanca, Guanajuato; Acapulco, Guerrero.
El 24 de octubre, en el marco del Plan de Apoyo para Guerrero se informó que hay 7 mil 236 elementos de la Sedena en 12 unidades en todo el territorio estatal, además de 3 mil 030 de GN; del total, 8 mil 930 son elementos operativos que están permanentemente trabajando con los 5,981 efectivos de las policías estatal y municipales. En total, suman 16 mil 247 efectivos, de los cuales 14 mil 418 son miembros operativos en las ocho coordinaciones regionales de la GN.
La Operación Guerrero, que implica el refuerzo de operaciones de personal militar y de la GN a partir del pasado 13 de agosto, incluye Iguala, Chilpancingo y Acapulco donde se registra el mayor número de homicidios vinculados a delincuencia organizada en el estado.
Durante el periodo de Zuriel de los Santos se registraron no menos de tres ascensos en los niveles de extorsión y feminicidios, además de la desaparición forzada de personas. Hechos sobre los cuales no hubo indagación.