Después de casi siete de años en que las autoridades locales y federales mantuvieron una actitud complaciente ante el bloqueo y toma de casetas cobro de la autopista del sol por parte de estudiantes de la normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y los padres de los 43 normalistas desaparecidos, el 28 de enero, efectivos de la Guardia Nacional y policía estatal con antimotines cercaron las casetas de cobro de Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta para impedir que fueran tomadas durante tres días.
En un comunicado, el Comité de Padres y madres de familia de los 43 normalistas, dijo que “con este acto los gobiernos estatal y federal negaron nuestros derechos de libertad de expresión, dar información y protestar por la desaparición de nuestros hijos”.
En los últimos meses, con mayor frecuencia entre octubre y la primera quincena de enero, diferentes grupos sociales han recurrido al bloqueo y la toma de casetas de peaje como forma de exigir el cumplimiento de sus demandas entre ellos trabajadores del sector salud, padres de familia reclamando maestros y mantenimiento a las escuelas, jubilados, campesinos y hasta colonos protestando por la falta de servicios públicos.
No solo ha sido la obstrucción al flujo vehicular, en la mayoría de los casos se pide una “cooperación voluntaria” inferior al costo de peaje y no pocas ocasiones han sido agresivos contra quienes se oponen a su petición. Ello equivale a extorsión de acuerdo a las leyes.
De suyo, el bloqueo de las vías generales de comunicación está tipificado como delito y el 15 de diciembre del 2020 Con 334 votos a favor, 96 en contra y 17 abstenciones se aprobó la reforma al artículo 533, así como la adición del 533 Bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación estableciendo: las personas que restrinjan “de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte” serán sancionados con pena de dos a nueve años y multa de 200 a mil veces el diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, es decir, hasta 86 mil 880 pesos.
Quienes además de realizar el bloqueo de las vías carreteras condicionen el tránsito, impidan el cobro u obtengan un lucro, serán acreedores con hasta siete años de prisión y sanciones económicas de 750 a 1,000 UMA vigente al momento de la comisión del delito.
El bloqueo de las vías generales de comunicación, más que una forma de protesta y propaganda se ha convertido en un mecanismo de recaudación de fondos sin que tenga precisión de quienes son beneficiarios a pesar de que con antelación a la reforma, es un delito federal que se castiga hasta con 30 años de cárcel.
No obstante, el 29 de enero, La Comisión Nacional de Derechos Humanos califico el operativo como un acto “de intimidación y censura” cometido por agentes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal argumentando que “impidieron que la victimas indirectas de los lamentables hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014, ejercieran de manera efectiva sus derechos de reunión, asociación y expresión consagrados en las leyes nacionales e instrumentos internacionales”. Y se pronunció en apoyo de las madres y padres de los normalistas desaparecidos y de los estudiantes de la citada escuela.
Además exhortó a la Guardia Nacional y a la Policía Estatal a que “tomen medidas necesarias para garantizar los derechos humanos y la lucha de los paterfamilias de los normalistas en legítima demanda de conocer la verdad y que se haga justicia”.
A ese sumaron otros actores locales e incluso instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos calificando el hecho como un acto autoritario de los gobiernos estatal y federal.
Lo que resulta innegable es que las tomas de las garitas y bloqueos a la autopista del sol, constituyen un financiamiento ilegal para organizaciones sociales contestatarias y se ha convertido en un problema crítico para el gobierno federal y del estado.
El 26 de septiembre del 2014, elementos de la policía estatal impidieron que los normalistas de Ayotzinapa tomaran la caseta de Palo Blanco, en las afueras de Chilpancingo y se trasladaron a Iguala donde momentos más tarde ocurrió el trágico desenlace que hoy le mantiene en constante movilización.
Es probable que se desate una presión mediática y política contra el gobierno estatal y el federal, pues Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43, aseguró que “no nos vamos a quedar con los brazos cruzados porque las casetas han significado un espacio importante para la difusión de los movimientos y presión para la atención de sus demandas”.
Además exigió que “Morena asuma una posición ideológica ante estos derechos, si está de derecha está bien, pero hay que desenmascararlos”.
Rosales Sierra lamentó que hoy el delito de la toma de casetas se persiga más que el homicidio y las desapariciones en el estado. “Si se causa un perjuicio al erario público es debatible. ¿La toma de las casetas a quién daña?… hay libre circulación, paso libre, solo algunos argumentan que no se llevan baucher por el seguro de contingencias”.
Se trata de un mensaje que anticipa una postura diferente de estos sectores ante las medidas adoptadas por las autoridades de Guerrero y de la Federación que pueden conducir a escenario de alta tensión política en la entidad.