Transcurridos más de quince días de lo ocurrido en la Autopista del Sol, el conflicto con los normalistas de Ayotzinapa regresó a la vida latente y la aplicación de la ley se redujo a un simple amago. A nivel local creció la polarización y los llamados de las autoridades federales y estatales a establecer el dialogo no fueron atendidos.
Los datos indican que el diálogo tanto con los normalistas como con el magisterio disidentes quedó roto hace meses. En el caso de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) que se arroga la representatividad de las 16 escuelas normales rurales del país, el desafío quedó planteado en octubre del 2021 cuando, Carlos, que dijo ser, secretario general de la semiclandestina organización de normalistas señaló: listos para el diálogo con el presidente López Obrador y su gobierno o para la movilización nacional en defensa del normalismo rural.
En su opinión, las altas expectativas que generaron entre alumnos y egresados de estas escuelas los primeros discursos del presidente, que hablaban de reconocimiento y rescate del normalismo rural, se trocaron en preocupación y, más recientemente, en abierto desencanto.
En ese año trascendió que la propuesta del Ejecutivo es desaparecer el sistema de internado y comedor y del señalamiento de la existencia de “cacicazgos” y “corrupción” al interior estas escuelas de cogobierno estudiantil, señalamientos que son rechazados categóricamente por la FECSM.
Carlos, puso énfasis al indicar que los normalistas rurales, son quienes han solicitado diálogo al gobierno federal, como a los estatales, para resolver los problemas de las escuelas. Y a pesar de las instrucciones del presidente dadas públicamente a su Oficina, de que se preparara un diálogo con ellos, nadie de la Presidencia de la República les ha contactado.
Y es que la estructura gubernamental y jurídica que se diseñó contra las normales rurales desde los sexenios pasados continúa. A pesar de las reivindicaciones del normalismo rural que constantemente realiza el presidente de la República, las represiones siguen.
La reforma educativa de los sexenios pasados no se ha echado atrás del todo con el gobierno de López Obrador. Los egresados tienen que seguir luchando para obtener plazas de trabajo. El presidente ha dicho que se contratará a todos. Esto es uno de los puntos de coincidencia con las Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El 16 de mayo del 2019, la CNTE definió una lista de 13 puntos de acción entre los que destaca crear un manifiesto contra la nueva reforma educativa e insistieron en que la abrogación de la reforma educativa del sexenio anterior, debe eliminar toda evaluación para ingresar y promoverse en el sector educativo.
El 24 de septiembre del mismo año, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron un plantón frente a las instalaciones del Senado de la República por la reforma educativa. Entre sus peticiones estuve el que se les otorgaran plazas automáticas, y se eliminaran evaluaciones, así como bilateralidad.
En ese contexto, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el 13 de febrero dijo que no va a reprimir al pueblo Yaqui por la toma de casetas de peaje en carreteras, pero el pasado 4 de febrero aplicó la fuerza pública a un movimiento emblemático de la lucha social en Guerrero, por la misma razón e insistió en que la respuesta de un gobierno progresista que entiende las causas profundas de la protesta social, debe ser el diálogo, “esa es la ruta que debe marcar su gobierno para ir resolviendo los problemas. En Guerrero se violentó ese principio de un gobierno democrático.”
Rosales Sierra destacó que esa es la respuesta que debe marcar su gobierno, pero hay un doble rasero en el norte con el pueblo Yaqui.
“En Guerrero se actuó contradiciendo estos parámetros de la tolerancia, de la democracia, de la sensibilidad con las causas profundas de inconformidad social. Aquí se aplicó una salida diferente, hay doble rasero con el de los hermanos Yaquis a quienes ofreció diálogo” agregó.
En opinión del abogado, en Guerrero se impone la fuerza pública, restringiendo derechos de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, a sus formas protestan, “todas las casetas de cobro de peaje siguen vigiladas por la Guardia nacional; los padres y estudiantes siguen siendo hostigados cuando pasan por carreteras de cuota”.
En Guerrero la polarización creció y hubo sectores que pidieron el cierre definitivo de la Normal Rural “Isidro Burgos” ante los actos de violencia protagonizados por contingentes de esa escuela.
Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación en la entidad respondió: Indicó: “Yo voy apoyar a la normal de Ayotzinapa mientras sea secretario de Educación. Yo no estoy a favor del cierre de la escuela, sino a favor de apoyar a los jóvenes para que se preparen. Yo no voy a manchar mi historia cerrando escuelas. No voy a cerrar escuelas siendo secretario de Educación, yo voy abrir escuelas”.
Como secretario de Educación ha mantenido un diálogo constante con los normalistas, y sobre lo dicho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que demandó a los gobiernos federal y estatal mesas de diálogo con los representantes del movimiento de Ayotzinapa, comentó que está de acuerdo, porque es “lo más correcto, el diálogo siempre, como lo he sostenido yo”.
El 16 de febrero, Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabadores de la Educación de Guerrero (CETEG) bloquearon de manera total la avenida Costera Miguel Alemán del puerto, en la glorieta de La Diana Cazadora en demanda de la cancelación de la ley de Unidad del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras (Usicamm), el pago de adeudos, y la Incorporación a la nómina federal.