Defendamos al INE independiente y autónomo.

Vuelta a lo básico. El asunto es el poder público y su titularidad para impulsar la propuesta de transformación nacional planteada para los comicios de 2018 y para el período 2018-2024. Andrés Manuel López Obrador no es un demócrata; es un populista. No es gobernante; es dirigente de un movimiento político. No se sujeta a la ley; la atiende y la viola por conveniencia. No es el hombre limitado por el tiempo en el cargo; es el hombre impulsado por objetivos de poder más allá del tiempo constitucional.

Nada es nuevo, pero los contornos aparecen con mayor claridad en el tránsito hacia los momentos en los cuales la expresión popular se desvincula del otorgamiento del mandato, para buscar disfrazarla de soporte para lo inexistente.

Un elemento de grave peligro en el equívoco de incorporar la revocación del mandato en la Constitución -aparte de pensar que el Ejecutivo cumpliría lo ordenado por ella- es su abierta utilización para sostener no el rechazo a la terminación anticipada de la responsabilidad conferida, sino la confirmación en la función.

¿Sutil? No tanto. Aprobar con la mayoría oficial la reversibilidad de revocación-ratificación; engañar en el proceso de recolección de firmas por los agentes de Morena y del gobierno; tergiversar la consulta en turno con la frase “que siga AMLO”; pretender que la propaganda gubernamental y la parcialidad prohibidas a los servidores públicos a favor del Ejecutivo en el “gambito revocatorio” no sean sancionables; y disponer que todo servidor público de filiación morenista haga tareas proselitistas y de movilización para llevar votantes no a favor de que Andrés Manuel López Obrador termine el mandato, sino que continúe en la presidencia, son componentes abundantes de la intención y la voluntad del inquilino de Palacio Nacional.

Cuando con total cinismo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y otros servidores públicos hacen campaña para que la ciudadanía vote a fin de que su jefe continúe en el cargo, las implicaciones y las preguntas por responder son inmediatas. No es el tema real, pero nos acerca. Ha cometido faltas administrativas graves y conductas delictivas que deberían investigarse (al menos peculado en ambas vertientes), pero no pasa nada. Ha desafiado a las autoridades electorales a que formuladas las quejas, se atrevan a sancionarlo. Ha abandonado la neutralidad en el ejercicio de sus funciones para ser interlocutor confiable de quienes en otros poderes, órdenes de gobierno o espacios de la sociedad, difieren de las ideas del gobierno. Y ha hecho evidente que tratándose de cuestiones electorales no importa la libertad de la ciudadanía, sino el interés del poder. De regreso a la elección de Estado.

¿Que media entre “si el pueblo pone, el pueblo quita”, a “si el pueblo pone, el pueblo mantiene”?

Para el presidente de la República, lo que está y estará en juego no es el mandato temporal, sino la disputa por la Nación. Nación preconcebida, congelada en la dicotomía que ha fomentado: pensamientos y acciones excluyentes. Todo o nada. Y va por todo.

Hay un conjunto de componentes alineados por el Ejecutivo Federal: (i) la polarización que confronta y proscribe al otro, por encima de la convivencia en la pluralidad; (ii) el populismo como hilo conductor para resistir cualquier referencia a los controles del poder público; (iii) el control de la comunicación política de generación pública, total desde el inicio, y de generación social y privada con márgenes bastante amplios y excepciones notables; (iv) la incorporación de las Fuerzas Armadas -en proporción a su peso- a tareas que no les corresponden, pero que otorgan poder y canonjías, al tiempo de dar paso al desarrollo de intereses vinculados al proyecto personal del actual presidente;

(v) la captura de órganos a cargo del control de la gestión pública o de funciones extraídas de la esfera presidencial para su ejercicio con independencia y autonomía frente a ese poder y otros de carácter constitucional, así como ante los factores esenciales del poder. Si bien las oposiciones parlamentarias han ejercido el contrapeso en materia constitucional o para que la Corte defina si la ley se adecua a la Norma Suprema, no han sido eficaces en impedir el avance presidencial en subordinar de facto o anular contrapesos institucionales. Destacan las excepciones del INE y del INAI en las renovaciones de estos años, pero vale recordar la FGR y la CNDH en el otro extremo;

(vi) el dominio del ejercicio presupuestal para que los ingresos escasos en un pacto fiscal nacional anacrónico estén dirigidos a crear y recrear partidarios y electores sustentados en entregas periódicas de dinero, a afirmar la dependencia de los órdenes locales y municipales y a reducir la gestión de infraestructura a las obras vinculadas personalmente al Ejecutivo; y (vii) la acreditación del uso en beneficio propio de las instituciones vinculadas a la investigación y persecución de conductas ilícitas; en un extremo intimidación y en otro impunidad.

Ante estos componentes alineados, vale apreciar el proceso de revocación de mandato o su uso a partir del engaño, como el instrumento retórico para sustentar la narrativa del hombre indispensable. En una realidad de ausencia de resultados de la gestión presidencial -inseguridad, confrontación política, incertidumbre económica, deterioro de la calidad de vida, incremento de la pobreza, declive de los servicios educativos y de salud, daño al medio ambiente y un largo etcétera-; ante la ausencia de la legitimidad del desempeño y de los logros, el ánimo por regresar a la legitimidad del respaldo en las urnas, para que esa narrativa sea el puente a la ambición de permanecer.

En el campo oficial no hay opción atractiva: en las personas encartadas desde el púlpito faltan carisma y capacidad; faltan conocimiento y experiencia; faltan dignidad y valor. Es el escenario del hombre insustituible. Mientras el ejercicio fraudulento de la revocación sea más atendido, la legitimación del fraude ratificatorio estará más próxima a la narrativa construida desde Palacio Nacional. Apreciar el derecho a votar y el compromiso que implica con la comunidad, es una expresión de ejercicio ciudadano de buena fe. Sin embargo, ¿ha de imperar la buena fe ante una emboscada?

La votación de este domingo 10 de abril no es equiparable al efecto del sufragio en las elecciones para definir al titular de un cargo. Allí definen quienes asisten y emiten un sufragio válido, porque es imperativo decidir quién. En la revocación la fórmula constitucional es otra: al señalarse que la consulta sólo será vinculante si vota el 40 por ciento o más de la lista nominal de electores, da efectos políticos al abstencionismo activo.

No votar es sustraerse del fraude montado y resistir la narrativa de quien se quita la máscara, del hombre indispensable.