Finalmente, después de 528 días privada de su libertad, el lunes 28 de marzo Alejandra Cuevas Morán salió de Santa Marta Acatlita. Lo hizo cuarenta y cinco minutos después de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación levantará la sesión en la que resolvió en definitiva los recursos de revisión (Amparos en revisión 540/2021) y 541/2021) interpuestos tanto por Alejandro Gertz Manero, como por Laura Morán y Alejandra Cuevas, a partir de los proyectos elaborados por el Ministro Alfredo Gutierrez Ortiz Mena.

Al respecto, el máximo tribunal de nuestro país determinó por unanimidad conceder a ambas quejosas el amparo liso y llano; al resolver que tanto la orden de aprehensión, como el auto de formal prisión dictados en contra de Laura Morán y de Alejandra Cuevas son inconstitucionales pues no se acreditaron los requisitos constitucionales. Las y los ministros que integran el pleno de la SCjn expusieron la forma como dos fiscalías (la federal y la de la CDMX), con el respaldo (o contubernio) del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX violaron la Constitución, manipularon la ley, inventaron acusaciones, ignoraron pruebas de las acusadas de homicidio por comisión por omisión, incurrieron en misoginia, juzgaron a partir de estereotipos, vaya violaron derechos humanos. Es decir, las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia tanto a nivel federal como de la CDMX le dieron un tiro a la cabeza a la ley. Que los servidores públicos ignoren la Constitución es además de ilícito, deshonesto, y constituye una falta a la primera responsabilidad de su cargo que consiste precisamente en guardar y hacer guardar la Constitución.

La sesión de la Corte del pasado 28 de marzo duró poco más de tres horas y en ella se abordaron temas de la mayor relevancia para el orden jurídico nacional y que sin duda constituirán un importante precedente para juzgar con perspectiva de género y de adultos mayores, que nos servirán para replantearnos las labores de cuidados y para visibilizar los enormes sesgos de género que como sociedad venimos acarreando; pero sobre todo nos lleva a una serie de preguntas o cuestionamientos sobre las consecuencias que este tipo de conductas debe traer aparejadas para las autoridades.

Que sigue por ejemplo para una jueza y unos magistrados que mantuvieron presa a una mujer inocente por haber cometido un “delito” inexistente? Lo mínimo que podremos esperar sería rendición de cuentas y responder ante las instancias correspondientes. Idealmente sin embargo deberíamos esperar una suspensión temporal mientras se lleva a cabo una minuciosa investigación para determinar si hubo una conducta dolosa que merezca además sanciones económicas, o el cese definitivo del cargo y la reparación integral del daño. Sin duda hay responsabilidad, cuando menos administrativa.

Al respecto me parece que merece una importante reflexión la propuesta del Ministro González Alcántara Carrancá que ante el pleno solicitó que se les reconociera a las quejosas el carácter de víctimas de violación de derechos humanos para que se les repare el daño de manera integral. Su intervención fue valiente y contundente pues considero que habían sufrido una afectación por parte del Estado. Sin duda alguna, lo que como ciudadanía quisiéramos ver después del fallo unánime de la SCJN es que se integraran carpetas de investigación por estos hechos en contra de jueces y magistrados involucrados y sin duda una destitución inmediata del Fiscal General de la República. Es inconcebible que después del fallo unánime de la SCJN por la liberación inmediata de Alejandra Cuevas, Alejandro Gertz siga en el cargo y que no estemos haciendo un escándalo por ello.

Gertz Manero es insostenible. Tan insostenible que el Presidente ordenó (en una mañanera más surrealista que de costumbre) a la secretaría de Gobernación que le brindara protección a la familia de Laura Morán y de Alejandra Cuevas pues son acosadas nada más y nada menos que por el ¡fiscal general de la república! Decir que esto es un escándalo es reduccionista.

Lo que es peor de todo es que el Presidente al mismo tiempo reiteró su confianza en el fiscal: “ya no es el tiempo de antes, ya el presidente no da línea para beneficiar o para perjudicar a  nadie, no se fabrican delitos, no se protege a  influyentes”…  que alguien le pase al presidente el video de la sesión de la SCJN, o la versión estenográfica, o cuando menos el comunicado de prensa donde la propia SCJN entre otros señaló que: “… En el caso de la señora Laura, luego de analizar las pruebas del expediente el Tribunal Pleno determinó que la quejosa procuró, de acuerdo con sus posibilidades, atención y cuidados a su pareja… por lo que no se demostró que hubiera incurrido en un delito bajo la modalidad de “comisión por omisión”.

Asimismo, por lo que hace a la señora Alejandra, la Suprema Corte concluyó que fue incorrecto atribuirle el fallecimiento del señor Federico Gertz bajo la figura de “garante accesoria”. Ello pues se trata de una figura inexistente en la ley…”  es decir, se fabricaron delitos y se protegió a influyentes (o cuando menos a un influyente, al Fiscal General). Lo que la SCJN resolvió por unanimidad fue precisamente que en el caso de Laura Morán y Alejandra Cuevas hubo abuso de poder, fabricación de delitos, imputaciones de tipos penales inexistentes y manipulación general del proceso penal. Frente a esto nuestro presidente respalda al Fiscal y mira hacia otro lado, y las senadoras y senadores de todos los partidos guardan silencio. 

Este caso también nos sirve para poner en perspectiva a una institución tan mexicana como sacramental, es decir al propio juicio de amparo. Y como seguimos insistiendo en privilegiar las formas sobre el fondo. Como abogada no entiendo bien que ha sucedido pero parece que hemos perdido el rumbo y nos hemos dedicado a venerar al juicio de amparo de forma casi religiosa (es decir al medio), pero hemos perdido de vista la finalidad, esto es, la protección de los derechos humanos.

Es urgente si no una reforma a la Ley de Amparo, una buena capacitación a jueces, juezas, magistradas, magistrados, y en general a todas las autoridades de amparo, para resolver de manera definitiva y de fondo las controversias que en esta materia surgen cotidianamente, e igualmente es urgente imponer sanciones a las autoridades responsables que violen derechos humanos de manera irracional como ocurrió en este caso. De suerte qué, después del fallo unánime de la SCJN hay que platicar también de otras conductas independientes a las del Fiscal General de la República pero igualmente lamentables como la del abogado penalista que originalmente estaba a cargo de la defensa de Laura Morán y Alejandra Cuevas, y que por miedo renuncio al caso y lo abandonó; o de las autoridades del poder judicial de la CDMX que estuvieron al servicio de los caprichos del fiscal; pero sobretodo hay que hablar de todos esos otros casos de mujeres que hoy se encuentran privadas de su libertad injustamente, pues lo cierto es que este caso no es un caso aislado ni único. Hay que hablar de todas las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en Santa Marta Acatitla, y cuyas historias hoy conocemos gracias a Alejandra Cuevas y a sus valientes hijos e hija que se enfrentaron a todo el aparato del Estado buscando justicia para su abuela y su madre, pues tal y como lo dijo de viva voz Alejandra Cuevas ella no esta libre por las instituciones ni por el fiscal, sino por los medios, por la sociedad en general, por sus hijos y por todos quienes les arroparon.

De todas esas mujeres injustamente presas por no tener acceso a una defensa adecuada y de calidad. Hay que hablar por ejemplo de Yolli García quien cumple ya dos años en prisión, sin que exista una sentencia en su contra y según entiendo se encuentra ya en la SCJN y así como clamamos justicia para Alejandra, hoy lo hacemos por Yolli. Hay que hablar también de aquellos funcionarios públicos (hoy ex agentes del ministerio público de la Fiscalía General de justicia de la CDMX) que fueron despedidos, desprestigiados y perseguidos por la fiscalía capitalina por haber hecho su trabajo: esto es, por haber acordado en 2016 el no ejercicio de la acción penal en contra de Laura Morán y Alejandra Cuevas. Por eso, ¿qué sigue en términos de acceso a la justicia después de la unanimidad de la SCJN.