La dominación del sistema público de comunicación política que tiene el Ejecutivo Federal es el agente eficiente para distorsionar la realidad. Y la realidad más evidente es la transgresión reiterada, flagrante y contumaz de la ley desde el gobierno. En la semana que concluye ha acumulado una derrota con propaganda de victoria, incluso de victoria aparente: el resultado de la votación del proceso de revocación, que se buscó tergiversar para su permanencia en el cargo. Otros ingredientes se adicionan al escenario de las victorias anunciadas y narradas desde el púlpito del inquilino de Palacio Nacional, pero no hay tal.
En alguna medida es como hacer un viaje en el túnel del tiempo a los procesos electorales de la etapa del partido hegemónico del siglo pasado, donde bastaba la candidatura del partido en el poder para alcanzar el cargo, pues la campaña no se daba en competencia real -con contadísimas excepciones- y el resultado era conocido antes de iniciar la jornada electoral.
La votación del proceso revocatorio no contenía incertidumbre alguna en cuanto a que: (1) no se alcanzaría la participación necesaria -40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores- para obtener una votación vinculante; (2) los votos en contra de la terminación anticipada del mandato serían muy superiores a la opción revocatoria, y (3) la propaganda gubernamental para presentar el proceso y el resultado como un éxito democrático del Ejecutivo.
La cuestión por dilucidar estribaba en la capacidad de los gobiernos encabezados por ejecutivos de Morena y sus aliados, y ese partido mismo, para movilizar a sus partidarios, simpatizantes y beneficiarios a las casillas. ¿Cuál sería el porcentaje de participación y en cuáles entidades federativas sería más alto, así como cuál aportaría el mayor número de votos, independientemente del porcentaje de participación? Y algo más complejo de dilucidar, ¿cuál es la relación entre el número de militantes y beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal y el número de votos a favor de que el presidente la República continúe en el cargo?, o la eficiencia de la transformación de beneficiarios en votos. El análisis debe hacerse.
Sin embargo y no obstante lo anterior, vale colocar en perspectiva la participación ciudadana y el resultado vis a vis el desafío mayor del presidente, el gobierno que encabeza, los gobiernos locales de sus partidarios y aliados y el partido que fundó por fomentar la asistencia de la ciudadanía en las casillas, aun sabiéndolo violatorio de la ley. Hicieron propaganda y actos públicos para llamar al voto a favor de que el Ejecutivo continúe en el cargo; pretendieron “interpretar” la ley para actuar con la certeza de la impunidad por no abstenerse de promover la votación en ese sentido, y establecieron estrategias para organizar y movilizar a la ciudadanía hacia las casillas.
Ante la respuesta del abstencionismo activo o pasivo de quienes no simpatizan con el Ejecutivo de la Unión o no consideraron pertinente concurrir al proceso por cualquier causa, la referencia a que se colocaron un tercio del número de casillas de la elección federal de 2018 y que ello afectó sensiblemente la posibilidad de hacerlo, olvidan o desean olvidar dos datos: (i) las casillas disminuidas son las múltiples contiguas de cada casilla básica, pero que el 80 por ciento de las casillas se ubicó en el mismo lugar donde las personas electoras las encontraron en 2018 y 2021; es decir, sólo dos de cada 10 casillas no se ubicaron en el lugar acostumbrado; y (ii) la mayor simpleza y rapidez para el funcionamiento de la casilla, pues sólo hubo una votación y una boleta, frente a las tres y hasta seis boletas en los comicios de 2018.
Con independencia de la intencionalidad del hombre indispensable con que se inspiró el desacato al orden jurídico desde Palacio Nacional, la realidad de los números arroja un elemento relevante: Andrés Manuel López Obrador y su dominio de muchos enclaves políticos y de poder público, pueden ser derrotados en 2024. Su gestión no tiene resultados positivos.
Algunos componentes: (a) no obstante la organización desde el poder de una “elección de Estado”, obtuvo 15,075,742 votos por la conclusión ordinaria del mandato, con un porcentaje de participación del 17.67 por ciento de la lista nominal de electores; (b) la disminución sensible de los votos a favor del presidente en funciones en 2018 (30.1 millones) o por la coalición gobernante en 2021 (21 millones); y (c) la concentración del sufragio “ratificatorio” -como porcentaje de participación- en determinadas entidades federativas: Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México, Puebla y Nayarit; y la contracara en otras: Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Durango, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Baja California, Michoacán, Sonora y Zacatecas.
Tan sólo por dibujar el panorama. Si en 2024 llega a 95 millones de personas el listado nominal de electores y votara el 57 por ciento de ellas, la mitad más uno de los sufragios serían 27´075,001. La opción “ratificatoria” obtuvo 15´075,209 votos. Con toda la cauda de ilícitos cometidos, faltan 12 millones. En los comicios federales de 2021 la suma de los votos obtenidos por las candidaturas del PAN, PRI y PRD coligados, más MC, fue 22´927,869. Faltarían 4.1 millones de votos; y no fueron desempeños notables de algunas oposiciones.
Es cierto, el ejercicio es demasiado simple; faltan muchos elementos del momento y las personas. Sin embargo, es una perspectiva para elaborar estrategia y prever tácticas en un escenario que forzó el Ejecutivo de la Unión, pero que revela más de la propaganda para sustentar la narrativa oficial.
También es cierto que la votación del domingo pasado fue más de la que algunas personas esperaban, pero menor a lo que podría desearse en Palacio Nacional. Es, cuando mucho, una victoria aparente. A las innumerables ocurrencias del Ejecutivo en materia electoral y sin la menor intención de buscar entendimientos y construir acuerdos, quizás la propuesta de las oposiciones para acudir a la mesa debería ser la segunda vuelta en la elección presidencial. Habría que poner una cuestión de interés propio y deshacer la jugarreta o cambiar los referentes del intercambio.
La otra victoria aparente ocurrió en el Pleno de la Corte al votarse la impugnación de las minorías del Senado contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica. En la propaganda gubernamental se difundió que la declararon constitucional. La realidad es otra: los temas centrales fueron declarados contrarios a la Ley Suprema por 6 y por 7 votos de 11 posibles y dos artículos (3, fr. XIV, y 26) alcanzaron ocho votos por la invalidez, aunque por razones distintas en el caso de los ministros Juan Luis González Alcántara (libertad de competencia) y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (derecho al medio ambiente sano).
Más allá del galimatías del cómputo de los votos y el gambito del procedimiento que deberá aclararse, no se declaró constitucional -salvo alguna excepción- la reforma, ni se invalidaron sus normas. En otras palabras, la instancia única del control abstracto de la constitucionalidad no es precedente para la resolución de los amparos interpuestos y la mayoría de la integración de la Corte optó por considerarla contraria a la Constitución. Una victoria aparente a un alto costo: los juristas afines al Ejecutivo -por una u otra razón- no parecen imparciales y las impugnaciones de los afectados están vivas.
Hay una tercera arena donde también se buscará la victoria: la discusión y votación en la Cámara de Diputados de la iniciativa presidencial para reformar el sector eléctrico desde la Constitución. Aquí las oposiciones pueden infringir una derrota al régimen. Ojalá no aspiren a una victoria -la reforma en la forma que entrega el fondo-, que en todo caso sería aparente.