Las posibles reformas la ley de reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanos, continúan siendo la manzana de la discordia y el encono cuerpo civiles en armas (policías comunitarios) se incrementa, además se articulan con diversas organizaciones sociales, constituyéndose en una crisis política en Guerrero.
El Congreso del Estado está realizando consultas en dichas comunidades las cuales, consideradas como una farsa, a pesar de que el cuerpo legislativo llevó pruebas de la realización ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El 5 de abril, representantes de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (Anipa), padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), familias desplazados de Leonardo Bravo (Chichihualco), el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Comité de los Caídos de 1960, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Turisteros en Defensa y Rescate de Playa Icacos (Tuderpi), del Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez, Ejidatarios de Puerto Marqués y de las Preparatorias Populares efectuaron una marcha mitin en Chilpancingo ante las instalaciones del poder legislativo manifestando su rechazo a la consulta.
“Aquí están presentes los pueblos indígenas y afro mexicanos del estado de Guerrero para hacer patente su clara oposición a la consulta falsa que realizan diputadas y diputados del Congreso del estado”, dijo en su intervención Vidulfo Rosales Sierra, asesor jurídico de la CRAC y abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Además, las autoridades de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), policías comunitarios uniformados y desarmados, representantes de más de 250 comunidades indígenas y de organizaciones sociales, calificaron de consulta falsa, espuria, y amañada, exigiendo su cancelación.
Marco Antonio Suástegui, dirigente del Cecop, manifestó que la CRAC existe desde 1995, antes de que existiera la Ley 701 incluso, “por lo tanto tiene esa legitimidad de haber iniciado en la Costa Chica, Montaña Baja y Alta de Guerrero” y Tlachinollan, en tanto, se encuentra enclavada en el corazón de la Montaña, en Tlapa, donde ha llevado un sinnúmero de casos como la violación por parte de los militares a las indígenas.
Agitando su machete, como es su costumbre, y micrófono en mano, calificó de ignorantes a “los diputadetes se ha atrevido a decir que la CRAC y Tlachinollan no representan a las comunidades indígenas.
La CRAC precisó que no está contra la consulta, sino en contra de la forma como la están haciendo los diputados de la 63 legislatura porque no están consultando a los pueblos indígenas y afro mexicanos, y acusó que están engañando a sus autoridades y representantes.
El 20 de abril del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inválido la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, publicada el 24 de agosto de 2018 en el Periódico Oficial del Estado, y que promovió ese mismo año Héctor Astudillo Flores entonces gobernador, ante el Congreso Local, en contra de la autonomía de los pueblos indígenas y de su sistema de seguridad y justicia.
El resolutivo señaló la Acción de Inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), declarando la invalidez de la reforma a la Ley 701 y a la Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública.
El 14 de abril del 2021, el máximo órgano judicial sentenció que, en un plazo de un año, las comunidades indígenas y afro mexicanas deberían ser consultadas para una reforma a la ley que garantice sus derechos.
En marzo Evelyn Salgado, presentó un paquete de reformas que daba reconocimiento constitucional a los cuerpos de policías comunitarias, el cual fue retirado, según trascendió, debido a presiones del ejército. La gobernadora ofreció mesas de dialogo con las comunidades.
Pero el 1 de abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestó su preocupación por el incumplimiento por parte del Congreso del Estado a la realización de las consultas y señaló que el cuerpo legislativo guerrerense podría incurrir en sanciones.
El 4 de abril el Congreso del Estado aseguró que un grupo de diputados hizo llegar a la SCJN documentación en la cual consta la realización de las consultas en las comunidades en cuestión bajo los lineamientos que deben de hacerse.
Rosales Sierra insistió en que los pueblos indígenas son testigos que esta consulta no cumple con lo que establecen los estándares internacionales que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el sentido de que debe ser previa, informada, libre, culturalmente adecuada y de buena fe.
“Les decimos a los ministros; señores, no se dejen sorprender por los diputados de Guerrero que están simulando y engañando a los pueblos indígenas” agregó.
Debe señalarse que el incumplimiento a la referida sentencia, se inició con la parálisis legislativa en la cual incurrió 62 Legislatura y se ha prolongado a la actual 63 Legislatura, soslayando las consecuencias jurídicas que implica el no dar cumplimiento a una resolución judicial, que en este caso sería la destitución de los 46 legisladores del estado de Guerrero y que vencería el próximo 14 de abril razón por la cual, los representantes de las llamadas casas de justicia de la CRAC señalan que los diputados solo están cuidando sus curules.