La democracia participativa
La “Revocación de Mandato” en México es un instrumento muy sano del proceso de la democracia participativa que permite que los gobernantes rindan cuentas a la sociedad a mitad de su gestión y que está reconocido en el corazón de la Constitución Política Mexicana. Esta iniciativa representó un avance sustantivo en la dinámica democrática de la nación, por lo que dicha acción debe ser demandada por los ciudadanos que son quienes tienen que recibir resultados de los gobernantes y no por los sistemas de poder establecidos pues equivaldría a una desaseada acción legitimadora de los mismos.
Dentro de esta perspectiva con objeto de mantener un clima de pulcritud política en los comicios el artículo 134 constitucional obligó a que los funcionarios públicos debían mantener neutralidad durante tales procesos. Así, prescribió que quienes realizaran propaganda en dicha etapa de veda electoral serían merecedores de una sanción de tipo administrativo, e incluso siendo que la actual legislatura incluyó en la Carta Magna que todos los delitos electorales tendrían que ser considerados como graves, también podrían recibir penas corporales como la prisión.
Sin embargo, al ser convocada la consulta popular de la “Revocación del Mandato” del presidente de la República el 10 de abril de 2022, “Domingo de Ramos”, por el actual gobierno de la izquierda morenista y sus partidos aliados, esto alteró el proceso e implicó que estuvimos no ante una acción ciudadana de “Revocación de Mandato”, sino frente a un acto de “Ratificación de Mandato”, o lo que es lo mismo una “consulta popular de Estado”, que convirtió a dicho instrumento en una herramienta electoral para consolidarse en el poder. No fue un auténtico mecanismo de evaluación del régimen en turno, sino un festival de manipulaciones de conciencias para acarrear votos y ejercitar un ensayo de popularidad y fuerza ante las elecciones nacionales del año 2024.
El modelo de comunicación política
De esta forma, pese a las delimitaciones jurídicas que fijó la normatividad respectiva el régimen gobernante las ignoró, especialmente las referentes a la Carta Magna, e instrumentó un modelo de comunicación política en las principales ciudades del país, basado en dos grandes estrategias: la comunicación mediática y la “comunicación por tierra”. Así, por una parte, en cuanto a la comunicación mediática se implementó una intensa campaña de difusión apoyada por comentaristas proselitistas en los canales abiertos, transmisión de audiovisuales promocionales, insertos publicitarios en el ciberespacio, empleo persuasivo de redes sociales, propagación de anuncios exteriores espectaculares, saturación de mantas en lugares concurridos, pinta de bardas, colocación de lonas en múltiples puntos medulares, etc.
Por otra parte, en relación con la táctica de la “comunicación por tierra” este prototipo de difusión popular se complementó con la realización de diversos mítines masivos a lo largo del país en la fase de prohibición de divulgación de publicidad electoral. Por ejemplo, utilizando recursos materiales y humanos públicos, diversos funcionarios federales de alto nivel, gobernadores, dirigentes políticos, legisladores, servidores públicos, incluso miembros uniformados de las fuerzas armadas, efectuaron propaganda política ilegal el 3 de abril al participar en una ‘asamblea informativa’ convocada por el partido Morena y otras asociaciones civiles en los estados norteños de Coahuila y Sonora, con el fin de impulsar la participación ciudadana en el referéndum sobre la “Revocación de Mandato”. En dicho evento las autoridades anunciaron que “¡Viene el amanecer democrático del 10 de abril!”. “¡La verdad es que no voy a hablar (secretario de Gobernación) de la Reforma Eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna del México!”. “¡Andrés Manuel, en Coahuila no estás solo!”. “!Si el INE opta por amonestarme (secretario de Gobernación) es un honor que me corran por apoyar a Andrés Manuel López Obrador¡”. “!Ésos del INE ya se van y los vamos a ver pasar ahí por el frente con la cola entre las patas¡”. […] ¡Se va a presentar una iniciativa de Reforma Electoral donde se irán todos esos que ahora se llaman autoridades electorales del INE, porque además México va a ser el primer país del mundo donde el pueblo elija democráticamente en las urnas a quienes van a conducir las próximas elecciones, etc. Mediante ello, se desafió abiertamente la autoridad del Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar el sufragio y velar por el desarrollo correcto del proceso.
De igual forma, con la intensión de respaldar la reforma eléctrica, en plena prohibición electoral, el 6 de abril de 2022 se realizó otra magna concentración en el Monumento a la Revolución en la CDMX para promover la consulta colectiva sobre la “Revocación de Mandato” en la República. En tal evento la gobernadora de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum, empleando apoyos estatales, expresó que “algunos consejeros del INE no tienen autoridad moral. Por ello, es necesario que los consejeros electorales sean votados por el pueblo de México. ¡Que viva la democracia!. En el mismo sentido, se repitieron actos masivos en áreas públicas y en el ciberespacio en diversos estados del territorio nacional como Querétaro, Hidalgo y otros más, donde se utilizó el hashtag “Yo voto #QueSiga AMLO” para conseguir más adeptos para la causa lopezobradorista.
Dichas acciones representaron diversas violaciones a la Constitución y a la normatividad electoral, pero más allá de los delitos electorales, también entrañaron posibles infracciones penales porque tal proselitismo conllevó la utilización de recursos públicos con fines prohibidos por la Ley electoral. Esta situación cobró mayor relevancia histórica cuando las fuerzas armadas abandonaron su papel imparcial como garantes de la seguridad nacional y también se convirtieron en actores proselitistas de la corriente política lopezobradorista comprometiéndose con un programa ideológico parcial y no con el proyecto global de la nación que es el que les correspondía.
Mediante esta campaña propagandista el gobierno en turno y su partido mayoritario en el Congreso pretendieron imponer al pueblo una forma de pensar favorable para acudir a las urnas y respaldar con su voto la “Revocación del Mandato” convertida en “Ratificación del Mandato”.
El resultado de la consulta popular
| El corolario del referéndum popular del 10 de abril de 2022 fue que votó un total de 16,502,636 ciudadanos. De ese universo, 1,063,209 (6.44%) de personas optaron por “Que se le revoque el mandato a AMLO por falta de confianza”; 15,159,323 (91.86 %) se inclinaron por “Que AMLO siga como presidente de la República”; y finalmente, 280,104 (1.64%) boletas fueron nulas.
En consecuencia el resultado no fue jurídicamente vinculante, pues no alcanzó el 40% de la mayoría calificada de votos que se requería, y solo quedó como un ejercicio electoral de orientación política sobre las preferencias populares.
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Las irregularidades electorales
Pudiendo haberse consolidado este plebiscito como una acción ejemplar pulcra en términos de la democracia participativa, terminó siendo un proceso desaseado, viciado, lleno de ilegalidades, con características muy marcadas de elección de Estado por parte de Morena y sus aliados políticos. Por ello, debido al cúmulo de violaciones cometidas la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), desde el 4 de febrero de 2022 en adelante emitió más de 20 medidas cautelares contra quienes violaron el marco normativo vigente y ordenó que debían retirarse en un plazo de 72 horas toda la publicidad ilegal a favor de López Obrador que apoyaba dicha consulta en 30 entidades federativas, pues debido a la veda electoral, violaba los principios de legalidad, certeza y el derecho fundamental al voto libre e informado.
Paradójicamente, siendo que en 2006 y en 2012 Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República en esos periodos, denunció que los gobiernos en turno habían transgredido la reglamentación electoral para hacer campaña sucia en su contra; en abril de 2022 se constató que se repitieron los mismos vicios al ejecutar una campaña propagandista a su favor en la “Revocación del Mandato”. Fue un ejemplo deplorable del ejercicio de las más malas prácticas políticas que el nuevo gobierno de la “Esperanza del Cambio” prometió que no se volverían a ejercer porque “eran diferentes a los anteriores gobernantes”.
Esta realidad irregular se convirtió en una gran preocupación pues significó un desacato sistemático, intencional y reiterado a las reglas del juego por parte de los mismos núcleos que las habían creado en años anteriores al aprobar la ley de “Revocación del Mandato”. En este sentido, legisladores militantes de Morena, gobernadores del mismo partido, e incluso el propio presidente de la República, violaron la veda electoral de manera recurrente, irresponsable y descarada. Tal situación de desobediencia normativa generó una ruta de choque frontal entre el régimen vigente y el INE como regulador democrático que debía ejecutar la Ley aplicando consecuencias legales a los infractores.
Las consecuencias
La consulta popular sobre la “Revocación del Mandato” ocasionó diversas repercusiones político-sociales relevantes, entre las cuales destacaron las ocho siguientes:
1.- Debido a que constitucionalmente los delitos electorales son considerados como graves el INE tendría que solicitar que se impongan medidas cautelares de carácter administrativo y penal contra quienes infringieron el marco legal. Esto enfrentaría crecientemente al regulador electoral con las autoridades gubernamentales creando sustantivamente un clima de mayor crispamiento político en la convivencia social.
2.- La ruptura de las “reglas del juego electoral” mediante la recurrencia a estrategias ilegítimas produjo una pérdida relevante de la credibilidad ciudadana en dicho referéndum, convirtiéndolo en un proceso envilecido con poca confianza y legitimidad.
3.- Este comportamiento ilegal ocasionó una atmósfera de enrarecimiento de la legalidad electoral, provocando un efecto boomerang que derivó en un sentimiento de desanimo en los votantes que alimentó el abstencionismo en las urnas.
4.- La participación proselitista del Secretario de Gobernación en el mitin público para impulsar la “Revocación de Mandato” el 3 de abril de 2022 en el cual despereció frontalmente a la oposición, agravó relevantemente la crisis política del país, pues debilitó o anuló su misión como el interlocutor oficial más valido entre los partidos políticos de oposición y el gobierno de la “Cuarta Transformación” para llegar a acuerdos básicos de gobernabilidad. En este sentido, la figura estatal que tendría que encargarse de administrar equilibradamente las relaciones políticas al interior de la nación, maltrató y lastimó a instituciones con quienes tendría que buscar una relación de negociación política tolerante, respetuosa y de cristalización de consensos para lograr la buena conducción de la República, demostrando que no se tenía consideración por la legalidad.
5.- A corto plazo, lo más grave podría ser que debido a tales conductas violatorias reiteradas, el INE y los partidos de oposición podrían solicitar la anulación de la consulta sobre la Revocación de Mandato por violentar el proceso de legalidad de los comicios, así como se han disuelto otras elecciones locales por las irregularidades cometidas en otras circunstancias. En ese caso la temperatura política negativa contra el INE y el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se elevaría llegando a grados muy peligrosos para la sobrevivencia del sistema democrático de la nación.
6.- La actitud de desacato del Poder Ejecutivo, de algunos gobernadores, de la jefa de gobierno de la CDMX y de funcionarios de la administración estatal, etc. al reiteradamente no respetar la ley electoral, introdujo un “efecto corruptor” muy peligroso y perjudicial en la sociedad, pues enseñó a los ciudadanos que “¡haiga sido como haiga sido!” se puede violar el marco constitucional con tal de alcanzar los objetivos políticos. El conjunto de trampas, violaciones, politización de las fuerzas armadas, circulación de dinero sucio para financiar campañas, acarreo de votos, etc. minó el marco jurídico, cultural y moral del país pues alimento el principio antiético y perverso que el “fin justifica los medios”. Dicha acción gubernamental impuso en el espacio público una pedagogía muy grave de soberbia, autosuficiencia, engaño, ausencia de escrúpulos, mentira, hipocresía, etc. como conducta legítima ejemplar a seguir para conquistar cualquier meta política que permita conservar el poder. Fue el fomento institucional de la “Ley de la Selva” por el gobierno de la “Cuarta Transformación”.
7.- La constante tensión generada por el gobierno de la Cuarta Transformación contra el Instituto Nacional Electoral menoscabó significativamente el rol regulador del Instituto como la principal figura para mantener la legalidad electoral y la concordia social en la República.
8.- Finalmente, a largo plazo, este comportamiento oficial de quebrantar sistemáticamente la ley en vísperas del proceso de “Revocación del Mandato”, puede ser un anuncio muy delicado que manifieste que los actuales gobernantes repetirán e intensificarán la misma estrategia de comunicación toxica en las elecciones federales del 2024, lo cual pondría en serio riesgo la democracia generando un enorme caos social en la República.
El quiebre de la esperanza
La sociedad debe exigir al gobierno que prive la responsabilidad y la legalidad por parte de estos actores políticos, porque transgredir sistemáticamente el orden constitucional erosionará profundamente el endeble sistema democrático que tardó más de cuatro décadas en construirse en el México moderno. Si el INE no aplica severas sanciones ejemplares para los infractores de la legalidad de este referéndum el camino tóxico para violentar el referéndum del 2024 quedará abierto para el reinado de la corrupción, la impunidad electoral y la anarquía social.
La gran esperanza de la población que el gobierno legítimo alcanzado pacíficamente en México el 1 de julio de 2018 se transformaría en un régimen legal, respetuoso del orden del derecho y de los contrapesos institucionales; progresivamente se ha desvanecido con mayor fuerza a través del comportamiento transgresor del actual régimen en la “Revocación del Mandato”, confirmando fehacientemente que la sociedad mexicana desafortunadamente avanza velozmente por el camino de la regresión autoritaria del régimen político de la nación.