Ya aparece como el saldo más negativo del período presidencial 2018-2024, la percepción -en muchos ya convicción- de un sexenio perdido. Se ha diluido la esperanza ciudadana que mayoritariamente respaldó el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Por un lado, la ausencia de resultados en los planos político, económico, social, ambiental y cultural, y por otro, el clima de confrontación pertinaz.
Se ha señalado varias veces, el Ejecutivo Federal confundió el resultado de una elección democrática con el triunfo de un movimiento revolucionario. En el último la legitimación para inaugurar una nueva etapa es el sentido de la lucha emprendida, que permite establecer el nuevo arreglo social de quienes han obtenido la victoria; en la primera se logra el mandato para dirigir a la Nación con los contrapesos de las oposiciones.
En el triunfo revolucionario la propuesta de cambio es el motor de la victoria; en el triunfo electoral la propuesta de transformación requiere construir los entendimientos y los acuerdos con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales. La imposición no funciona por antidemocrática y la exclusión tampoco, porque articula automáticamente el contrapeso a la propuesta electa.
Son dos dinámicas distintas: la revolucionaria está impulsada por las fuerzas sociales más allá de los cauces de la renovación de la titularidad del poder en las urnas; la electoral está impulsada por las fuerzas sociales en los cauces de expresión del voto libre de la ciudadanía. En la primera, es característica la exclusión del régimen anterior hasta la consolidación del nuevo; en la segunda, es obligada la convivencia democrática de la pluralidad de la sociedad.
Si los mandatos provienen de los mismos métodos comiciales y de la voluntad popular, la confrontación y la intolerancia son mala política o la política incorrecta, porque encierran el peor mensaje: suprimir de la conformación de la voluntad nacional a quien no está de acuerdo, a quien piensa distinto, a quien propone otra forma de hacer las cosas.
¿Por qué ha tenido que enfrentar el presidente López Obrador, desde la perspectiva estrictamente política, un resultado negativo en la renovación de la Cámara de Diputados? ¿Por qué ha tenido que enfrentar una ausencia masiva de las urnas en la invitación a que se le ratificara? ¿Por qué ha tenido que enfrentar una votación desfavorable para su iniciativa de reformas constitucionales en materia de energía y electricidad?
Porque la polarización del populismo autoritario que practica genera que la pluralidad excluida identifique que requiere afirmar coincidencias, establecer prioridades y adoptar estrategias para no ser avasallada, y porque ha habido una falta absoluta de diálogo para sumar e incorporar con ánimo de legitimar las transformaciones propuestas, así como de voluntad para acordar o para cumplir lo pactado.
En términos prácticos y sencillos, si para aprobar una iniciativa en las cámaras del Congreso no se cuenta con los votos, es indispensable valorar si no se presenta o si se plantean objetivos y textos que permitan construir la mayoría necesaria.
Pero aún más importante para las reformas constitucionales, si los acuerdos pueden incluir paulatina y ascendentemente: (i) la prioridad de la materia; (ii) el diagnóstico de la situación imperante, con sus posibles riesgos y oportunidades; (iii) la identificación de los problemas que desean resolverse; (iv) los objetivos compartidos para la modificación de la Ley Fundamental; y (v) los proyectos de textos que a partir del diagnóstico hecho y los problemas que reclaman soluciones, contengan objetivos a cargo de instituciones con los instrumentos y recursos idóneos.
Las propuestas unilaterales y la ausencia de voluntad real para dialogar en asuntos de gran relevancia para la Nación, conducen a que las iniciativas se desechen.
Ahora bien, si lo anterior ayuda a explicar lo ocurrido con la propuesta presidencial de reforma eléctrica, en el caso de las anunciadas reformas constitucionales en materia electoral y sobre la Guardia Nacional, hay un elemento adicional al de la falta de gestión política y de método del Ejecutivo de la Unión: el cambio de tiempo y de percepción política de las oposiciones. Ahora no es atractivo el acuerdo, empezando porque podría dar oxígeno político al presidente de la República.
El riesgoso juego de la polarización ha generado la dicotomía: ceder a los caprichos presidenciales es alejarse de la ciudadanía independiente a la militancia partidaria, y resistir las presiones e intimidaciones presidenciales y de Morena es mantener la representatividad de esa mitad de México que vota por las opciones de contrapeso al Ejecutivo de la Unión.
Ahora más que nunca, por estrategia política de mediano aliento, las oposiciones no pueden aparecer ante la ciudadanía en forma distinta al rechazo de las ocurrencias y los planteamientos del presidente López Obrador. No hay conciliación posible: destruir al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y disminuir los espacios de la representación de las minorías en el Congreso; o renunciar a la conformación de una institución de seguridad pública civil a cargo de prevenir las conductas antisociales, hacer investigación policial, usar legítimamente la fuerza para combatir a la delincuencia y afirmar el imperio de la ley en el territorio, para que esas tareas sean responsabilidad de las Fuerzas Armadas en forma permanente.
No está de más recordar que los votos para los partidos de oposición del 2021 son en un menor grado expresión de sus militantes y simpatizantes, y en mayor e importante grado la expresión el sufragio de la ciudadanía que no está convencida de la calidad y funcionalidad de esas formaciones políticas, pero que decidió habilitarlas como su mejor defensa -en ese momento- contra el deterioro del país y la destrucción institucional del inquilino de Palacio Nacional. Hay más votos de la sociedad que de los partidos. Esos sufragios están ahí por una razón y pueden irse a otro lado si esas organizaciones políticas olvidan esa realidad.
Por eso la pretensión intimidatoria y la amenaza contra quienes votaron por desechar la propuesta presidencial en materia eléctrica es muy peligrosa. Se les dice “traidores a la Patria” a los representantes populares, pero en realidad se le grita a quienes los votaron. Es grave que no haya tolerancia a quien piensa distinto en un Congreso plural, pero es más grave y peligroso que no haya respeto y tolerancia a quienes los eligieron.
Estamos ante muestras de autoritarismo e incitación al ejercicio de la violencia. El sexenio está perdido, aunque la narrativa penda de la propaganda, como la de las obras sin planeación ni beneficio a la vista. No lo salvara la intolerancia y la convocatoria a la violencia.