El tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, generó reacciones en Guerrero que parecen confirmar la existencia de una ruptura entre los grupos de extremos de izquierda y el gobierno de la Cuarta Transformación.
Los reclamos fueron airados, las muestras de indignación proliferaron y entre líneas, algunos liderazgos marcan la necesidad de hacer acciones más radicales para esclarecer los ocurrido durante la madrugada del 27 de septiembre del 2014.
Lo justo es conocer el paradero de los jóvenes y la única forma de que se pueda reparar el daño es mediante la verdad, justicia y la localización de los estudiantes desaparecidos, es la postura manifestada de los padres de familia.
Otra veta que crispa las reacciones de los paterfamilias es la esperanza que se cifró en este gobierno y que ahora tiene el amargo sabor de la decepción y del encono.
No solo se sienten manipulados, sino engañados pues algunos funcionarios públicos hicieron que los padres se tomaran una fotografía con el secretario de Defensa Nacional y atestiguaron la firma de un decreto presidencial para el otorgamiento de información.
El ver los videos en los cuales se involucra a elementos de la Secretaria de Marina les enardeció, al ver que exista tanta maldad el Gobierno federal manipula un lugar para después presentarlo.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado y representante de los padres de familia de los 43 desaparecidos, declaró en noviembre del 2021 que el año ahora en curso sería clave para conocer lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, y durante el resto de este sexenio, se podría esclarecer el caso pues los padres de familia tienen claro que es un tema que no puede pasar de este sexenio pues se complicarían muchas cosas.
Entonces, Rosales Sierra aceptó y confirmó que existe voluntad por parte del Ejecutivo federal, pero que a su parecer existe una falla estructural en las instituciones obligadas a brindar información y por eso no se tienen avances sustanciales.
Ahora el abogado de los padres de los 43 considera que las autoridades estatales y funcionarios que están relacionados en el caso, tengan “prudencia política” pues dijo que se “pasean por todos lados” como si no hubiera nada, lo cual parece una referencia a las actividades políticas de Ángel Aguirre.
El 30 de junio del 2020, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, pretendió poner fin a uno de los temas más polémicos en la historia reciente de México sentenciando: “Se acabó la verdad histórica”, en referencia a la versión del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto sobre el destino de 43 estudiantes normalistas.
Fue el momento en que se solicitó a un juez la captura de 46 exfuncionarios de Guerrero, incluido Tomás Zerón quien fuera jefe de la investigación de la PGR, además de la FGR los cuales se les imputaron los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
“Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la PGR”, dijo el fiscal Gertz Manero.
Con esa se descartó por completo la versión de que los estudiantes fueron incinerados en un basurero y la investigación se enfocó ahora en conocer el paradero de los jóvenes.
La versión oficial dice que ese día un grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa llegó a Iguala con la idea de tomar algunos autobuses para viajar a Ciudad de México.
Cuando los estudiantes pretendieron abandonar la ciudad fueron atacados por policías apoyados por hombres armados, quienes dispararon a los estudiantes.
Según documentó la entonces PGR, esa noche ocurrieron tres agresiones donde murieron cinco estudiantes y cuatro personas más.
el grupo confundió a los jóvenes con sicarios de una banda rival, los Rojos.
Los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de Cocula. Los restos fueron arrojados en bolsas de basura al río San Juan, cerca del tiradero. “Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, dijo Jesús Murillo Karam, entonces procurador.
También se supo que el Ejército estaba involucrado en esto, y que incluso los mismos policías del estado fueron los que atacaron a los jugadores del equipo de futbol “Los Avispones” a la salida de Iguala, el gobierno del estado también estaba en alerta.
En este 2022, el esclarecimiento del caso se complica pues se reafirma que ejercito y marina están involucrados en la desaparición de los 43 y el presidente López Obrador está apoyándose en ambas instituciones para las nuevas investigaciones.
Gertz Manero está cuestionado luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación absolvió a Laura Morán y liberó a Alejandra Cuevas, quienes fueron acusadas de la muerte de Federico Gertz Manero.
En orden de importancia, se reclama la aparición de los muchachos “vivos”, y en segundo lugar saber quiénes están involucrados para hacer justicia.
Entre los grupos que se suman a la causa de Ayotzinapa figuran algunos interesados en responsabilizar a las fuerzas armadas del caso y reclaman la investigación en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería destacamentado en Iguala, las cuales han sido vandalizadas durante movilizaciones.
Debe recordarse que durante las recientes movilizaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, se incluyó en el pliego petitorio la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.