La consulta de revocación de mandato es un ejercicio que ya acumula varios costos y no solo los monetarios. Quizá el más inmediato sea la falta de respeto a la autonomía del INE y el más costoso y de largo plazo sea el retroceso de la verdadera democracia del país.
La consulta para preguntar si el actual presidente es revocado de sus funciones o continúa en ellas es, recordando las expresiones del mismo mandatario, un ejercicio espurio e inútil porque no existe actualmente interés de algún grupo por promover dicha revocación.
Lo que resulta difícil de comprender es que viviendo en un entorno económico tan complejo como el actual y más aún, considerando un principio de austeridad republicana, ¿cómo es que se busca promover, sin necesidad genuina, un ejercicio de más de 1.56 mil millones de pesos (mdp)?
La cifra no es menor, es hablar del presupuesto aprobado para el 2022 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por 1.72 mil mdp, del Instituto Federal de Telecomunicaciones por 1.56 mil mdp, de la Secretaría de la Función Pública por 1.45 mil mdp y dos veces el presupuesto autorizado a la Oficina de Presidencia por 0.8 mil mdp. El carecer de algún beneficio democrático para la ciudadanía, implica que se dejen de construir y mejorar carreteras, escuelas, hospitales, de comprar medicinas y de mejorar las policías para reducir la inseguridad.
No obstante, los costos más altos no vienen de los monetarios, sino de los democráticos y los políticos que tendrán efectos en el mediano y largo plazos, lo que invita a reflexionar, ¿es un costoso ejercicio egocentrista de relegitimación no pedida o más bien una estrategia política necesaria para la segunda parte del sexenio?
Algunos de los costos no monetarios que empiezan a cobrar factura en la inmediatez son la trasgresión a la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) que va más allá de los frecuentes descalificativos, sino de las acciones premeditadas que algunas inclusive están fuera de la Ley.
A manera de ejemplos se pueden enlistar las denuncias penales en contra de los consejeros del INE que presumen ser más un acto de persecución política, la beligerancia mostrada por funcionarios públicos entre ellos el mismo Secretario de Gobernación de promover activamente un ejercicio político en medio de una veda política electoral, la intromisión de la Secretaria de Hacienda y la Secretaria de la Función Pública para reformular el presupuesto del INE con miras a proponer un plan de austeridad, entre otros más. En pocas palabras, la antidemocracia ejercida para debilitar a nuestra autoridad electoral.
En los próximos meses, la consulta disfrazada de ejercicio democrático y ciudadano, servirá de propaganda política para la aprobación de la figura presidencial en medio de elecciones en estados e inclusive, como reforzamiento político para la impulsar en la agenda legislativa la controvertida iniciativa constitucional en materia eléctrica.
Sin lugar a dudas, el resultado de la consulta incidirá en las elecciones celebradas en junio en los seis estados y servirá de bastión político para asegurar la mayoría necesaria para la reforma constitucional. El alto costo de largo plazo es el uso del aparato democrático para fines particulares, algo que poco a poco lográbamos superar en la joven democracia de nuestro país.
La verdadera consulta de revocación de mandato no necesita consulta, sino que se juzga por los resultados de un gobierno que en términos económicos habla por sí misma: una caída económica en 2020 del 8.2 por ciento anual de la que no hemos logrado recuperarnos y que en 2022 esperamos crecer a menos del 2 por ciento anual, una inflación persistente que afecta a las empresas y a los hogares y no logra ser contenida, la ausencia de más de un millón de empleos no recuperados, informalidad creciente y niveles salariales debilitados, el mayor nivel de pobreza en el país, entre otros temas más que señalan una economía débil que ha regresado entre cinco y diez años al pasado y que en el futuro quedará rezagada por décadas en competitividad a nivel mundial.
Desde luego que el modelo de consulta ciudadana es un ejercicio democrático y participativo cuando en realidad emana de la ciudadanía y no de intereses políticos. Es necesario para nuestra democracia defender ese modelo y a nuestras autoridades electorales para que velen por su buen uso. La verdadera consulta se hace efectiva en las urnas mediante el voto en la elección de nuestros gobernantes a diferencia de un proceso que no empodera al ciudadano, sino que está diseñado bajo una lógica de gobierno y de partido en el poder.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®