En el moderno Estado de Derecho no habría ningún sentido para la existencia y funcionamiento del Poder Legislativo si se le sustrae su característica fundamental: cuerpo colegiado electo democráticamente y cuyas reglas de actuación han de ser también democráticas. Con todas sus posibles insuficiencias, la única que no es admisible es la pérdida de su raíz y vocación de esos dos sentidos del concepto de democracia.

Sabido es que los regímenes opuestos a los democráticos oscilan entre el autoritarismo y el totalitarismo.

Por ello, preocupa hondamente la actitud inicial y luego reiterada de la mayoría parlamentaria en las cámaras del Congreso de la Unión y promovida por el propio presidente de la República, de estigmatizar y amenazar a quienes integran la Cámara de Diputados y optaron por rechazar la iniciativa presidencial de reformas constitucionales para retornar al monopolio estatal en la generación y la comercialización del fluido eléctrico.

Una conducta que el partido oficial en el Senado -con honrosas excepciones- buscó detonar con quienes votaron en contra de la propuesta de reformas a la Ley Minera para sustraer del régimen de concesiones la explotación y aprovechamiento del litio, a fin de reservarlo como actividad de exclusiva participación del Estado.

Estas dos formas de actuación -que pudieran marcar una pauta de reincidencia- y a las que se agregan la acción intimidatoria de exhibir y denunciar a los representantes populares que emitieron su voto contra los planteamientos del inquilino de Palacio Nacional, constituyen la negación más aberrante de la integración y funcionamiento del Congreso para cumplir con sus facultades, porque no reparan en su esencia.

En primer término, baste recordar que en la doctrina de la separación de poderes, el Congreso tiene la responsabilidad fundamental de ser el contrapeso político del Ejecutivo; el equilibrio básico, sin demérito de las facultades del Poder Judicial para dirimir las controversias derivadas del ejercicio del poder público con base en las leyes.

Pretender denostar a una parte del Poder Legislativo -de la dimensión que sea- por ejercer democráticamente la porción de las facultades que le corresponden, es negar el sustrato de nuestra arquitectura institucional, porque en esa base es donde podemos identificar el ser y la forma de ser del Congreso para llevar a cabo su quehacer.

El ser del Congreso no es otro que la representación del rico mosaico de la pluralidad nacional expresada en las urnas. La naturaleza de constituir un órgano colegiado electo bajo reglas que aspiran a reflejar con la mayor equidad factible los votos a favor de las distintas fuerzas políticas, lleva implícito el resultado final: la composición plural desde el punto de vista del mundo de las ideas. Los partidos postulan principios y programas distintos, el electorado vota y el sufragio se traduce en curules o escaños. Así, el Congreso es la representación plural colegiada de la Nación; es la síntesis de un momento electoral específico de la voluntad popular para ejercer un mandato por un tiempo determinado.

Señalar a algunos de sus integrantes como “traidores a la Patria” -con independencia de la sinrazón de pretender adscribirles el tipo penal- es la negación insensata de la representación que legítimamente ostentan.

Querer hacerlo es -a la vez- atentar contra el cogollo del modo de ser del Congreso, pues no hay otra forma de actuación para esa representación colegiada plural que a través de la deliberación; que mediante la discusión pública con reglas y procedimientos democráticos y la expresión del voto de cada integrante de los plenos de la Cámara de Diputados o del Senado.

Si el ser del Congreso es la función representativa, el modo de ser es la función deliberativa. Cuando la discusión es pública, la votación nominal y el resultado la expresión agregada de la determinación de cada quien en la proporción de su integración del órgano, los llamados a la recriminación y el linchamiento olvidan las razones del debate y las voluntades contrapuestas de persuadir con base en los argumentos puestos en juego. Es negar el método democrático para discutir civilizadamente y definir conforme a las normas de la mayoría calificada o la mayoría absoluta.

Sólo mediante la representación plural colegiada que delibera y vota democráticamente puede legitimarse el ejercicio de la función legislativa y la función de control de la gestión pública -u otras- de las cámaras del Poder Legislativo de la Unión.

Para ello, desde la Constitución de 1824, nuestras Leyes Fundamentales han recogido el principio tutelar de la libertad de expresión y actuación de las y los parlamentarios frente al poder público (léase el Ejecutivo y quienes tengan bajo su mando fuerza coactiva): la inviolabilidad por las opiniones que expresen en el ejercicio del cargo (artículo 61 constitucional), que incluye la libertad para emitir su voto en los asuntos que se sometan a su determinación, con la salvaguarda de que jamás podrán ser reconvenidos por ello.

Hay una ruta de descalificación y de agresión muy grave: pensar distinto y votar distinto a lo que desea el presidente de la República es arrostrar las denuncias penales sin fundamento ante una Fiscalía General de la República que se ahoga en el desprestigio de su titular y su bajísima eficacia.

Así como el dirigente formal de Morena llamó inicialmente a una consulta popular sobre la pertinencia de denunciar penalmente a quienes votaron distinto al partido oficial en el Congreso, pero reculó por recapacitar que la realización de una consulta en 2022 debió plantearse -cuando muy tarde- el 30 de noviembre de 2021 (artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular), ahora es obligado que Morena y su dirigente real rectifiquen, recompongan y reencaucen.

Cito a partir de la memoria una intervención de otra época de Don Jesús Reyes Heroles: se gobierna con la Constitución, no con el Código Penal. Llevar la política a los cauces penales es renunciar a la convivencia democrática de las opciones distintas que han de conciliarse, porque tener ideas diferentes en el ámbito público no debe enemistar sino enriquecer.

Si no se respeta el ser representativo y el modo de ser deliberativo del Congreso, se negarán la democracia y la libertad del sufragio de quienes disienten de la mayoría. Es urgente corregir.