Los bloqueos que colapsaron a Acapulco constituyen un recordatorio de la capacidad que han adquirido los cuerpos auto denominados policías comunitarios para inhibir la acción de las autoridades institucionales e imponer sus condiciones. Se han convertido en un proto estado y su control territorial rebasa a los gobiernos municipales.
El 14 de mayo a partir de las 2 de la tarde y durante más de seis horas, comerciantes y transportistas realizaron bloqueos en varios puntos del puerto de Acapulco supuestamente para exigir que el Ejército dejara de realizar operativos en colonias y mercados, en el transcurso de esa tarde se supo que fueron para evitar que las autoridades ministeriales y de seguridad pública acudieran a apoyar a militares que eran agredidos en el municipio de San Marcos, en la región de la Costa Chica, lo cual serpia confirmado por la vocería de la mesa de Coordinación para la Construcción de la paz en el estado de Guerrero.
Ese día, alrededor de las 12:20 horas, autoridades militares recibieron una denuncia ciudadana que alertaba de la presencia de un grupo de entre 130 y 150 hombres armados en una casa ubicada en un poblado cercano a Alto de Ventura, municipio de San Marcos, por lo cual los soldados acordonaron el área y solicitaron apoyo de la Fiscalía General del Estado.
Un grupo de civiles armados dijo pertenecer a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), y al observar la actuación de los elementos castrenses, quienes resguardaban la presunta casa de seguridad, los agredieron con piedras y palos.
Además, iniciaron la movilización de un grupo de personas para bloquear las carreteras, con el objetivo de impedir que las corporaciones policiacas acudieran al sitio para apoyar al personal militar.
El saldo fue de dos soldados con heridas en la cabeza, mientras en las inmediaciones del inmueble fueron aseguradas tres armas largas y 100 mil pesos.
Los cierres se realizaron en La Cima, Las Cruces, el crucero de Puerto Marqués, Cuauhtémoc, Constituyentes, bulevar Vicente Guerrero, en la Costera Miguel Alemán, a la altura de la Condesa, donde fue atravesado un camión, así como en el fraccionamiento Las Playas y el Barrio de la Playa, ambos también ubicados en la Costera.
Los manifestantes portaban carteles demandando el fin de los abusos por parte de elementos de la Guardia Nacional y de la Marina además del cese de los operativos de vigilancia.
Miles de personas se quedaron varadas en distintos puntos del puerto. El transporte en su mayoría, suspendió actividades y en un acto de desesperación hubo quienes cruzaron a pie el Macro túnel que es una vía de alta velocidad, aun a riesgo de perder la vida.
Una de las versiones iniciales sobre el motivo de los bloqueos, fue en protesta por la muerte la muerte de Oliver Sánchez Coria, alias el ruso, un sanguinario narcotraficante, líder de una banda del crimen organizado llamada la Guardia Guerrerense.
Sánchez Coria falleció durante una cirugía, luego de pasar una semana hospitalizado, después de haber resultado herido durante una balacera en un palenque de la localidad de Zihuatanejo al ser sorprendido por un comando armado de un grupo rival.
Al día siguiente, los reclamos de algunos dirigentes empresariales y sindicales no se hicieron esperar exigiendo la aplicación de la ley a quienes incurren en estas prácticas.
Evelyn Salgado, gobernadora de la entidad, indicó que “no se permitirán más bloqueos como el del viernes en Acapulco” y que el trasfondo de los bloqueos sería tratado en la mesa de seguridad.
Por su parte, Abelina López Rodríguez, alcaldesa acapulqueña, argumentó que la ausencia de las autoridades bajo su mando fue un acto de prudencia. “No soy gallito de pelea” para entrar a un conflicto que se originó en San Marcos” comentó.
Ese 16 de mayo, unas horas más tarde, alumnos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon casi una hora los dos sentidos de la Autopista del Sol y se apoderaron de siete vehículos; entre los cuales están cuatro autobuses de una empresa privada.
Los autobuses que retuvieron los utilizarán para trasladar a una comisión de Ayotzinapa al estado de Michoacán, para la celebración de los 100 años de fundación de la Normal Rural Vasco de Quiroga, y para las próximas movilizaciones para exigir la presentación con vida de los 43 alumnos desaparecidos en Iguala de acuerdo con la versión de los estudiantes.
Los bloqueos a la autopista, carreteras federales y urbanas como forma de protesta, se han vuelto cotidianos, hasta la exigencia de servicios públicos municipales motiva que grupos, algunas veces muy reducidos, recurran a este mecanismo.
En el caso de los normalistas de Ayotzinapa, no solo es una forma de protesta, sino también de capitalización de sus movilizaciones y en la mayor parte de las ocasiones van acompañadas de actos vandálicos.
El marco legal que sanciona las obstrucciones a las vías federales de comunicación se reformó el 15 de diciembre de 2021 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación en febrero de este año previendo sanciones hasta de 7 años de cárcel. A nivel local también se han hecho reformas parecidas, pero solo hay amagos de la autoridad para aplicar la ley.
Las autollamadas policías comunitarias, en espacial la UPOEG han dicho que su labor no solo es garantizar la seguridad, sino la defensa de los derechos ciudadano y hasta establecer formas de gobierno.
La UPOEG ha pretendido establecer células en Acapulco, los hechos del 14 de mayo permiten suponer que ya están asentados.
El sector privado de Acapulco se preocupó por la cercanía del Tianguis Turístico. El mensaje que se desprende es que pueden colapsar a Acapulco en cualquier momento y la alianza sería con la CETEG y Ayotzinapa… y crimen organizado.