“Nunca más una mujer en la cárcel por tomar la decisión de abortar”.

El Congreso del Estado de Guerrero aprobó el martes 17 de mayo la despenalización del aborto voluntario, esto es, la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación. Lo hizo con una mayoría de 30 votos a favor, 13 en contra, 1 abstención y 1 voto nulo y después de 15 años de lucha feminista. Esto es, en Guerrero después de muchos se garantiza el derecho a decidir, eliminando de su Código Penal cualquier posibilidad de sancionar a una mujer por abortar; es decir, se aprobó que las mujeres tengan derecho a decidir sobre su maternidad y proyecto de vida. Aún restan 24 congresos estatales por discutir la despenalización del aborto voluntario. Al respecto es relevante destacar que en nuestro país el aborto es legal en circunstancias específicas dependiendo de la entidad federativa de que se trate, y esto es así por encontrarse regulado a nivel local de suerte que, dependiendo del Estado se determinan las circunstancias bajo las cuales por un lado no se considera delito el aborto; y por el otro cuales son las circunstancias por las que no se castiga.

Esto es claramente discriminatorio, o cuando menos violatorio de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes pues existen marcos normativos que permiten o no acceder al aborto legal y seguro dependiendo el lugar de residencia. En términos generales existen causales y/o circunstancias bajo las cuales se puede acceder al aborto dependiendo de cada entidad.

Vale destacar que Guerrero es una entidad que cuenta con dos declaratorias de alerta de violencia de género por agravio comparado, decretadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), es también uno de los estados con mayores índices de violencia en general, pero sobretodo en contra de niñas, jóvenes y mujeres; es una entidad con una altísima tasa de “embarazo adolescente” y ocupa además uno de los primeros cinco lugares de muerte materna. Lo ocurrido en Guerrero es sin duda un avance en materia de derechos de todas y todos. Es un estado más, van ocho, pero solo es la cuarta parte de las entidades federativas, nos faltan veinticuatro, se necesitan voluntades, se necesitan alianzas, se necesitan estrategias y se necesita hablar de despenalización social del embarazo. Esta es sin duda una noticia qué hay que celebrar. El reto es despenalizar el aborto en todo el país.

Guerrero lleva varios años intentando la despenalización del aborto (hace 15 años y luego en 2013) y es finalmente hasta este 2022 con la iniciativa presentada por tres diputadas (Citlali Calixto, Beatriz Mojica, Nora Velázquez) que se toma en serio el deber de legislar a favor de los derechos.

Esto por sí mismo habla de la importancia de la movilización social, de la importancia de las organizaciones locales y nacionales; pero también de las voluntades de las y los legisladores que finalmente toman en serio la agenda de los derechos. Habla además del enorme valor de la representatividad y de la paridad. Antes de esta reforma en Guerrero no se permitía el aborto voluntario y se contemplaban penas de uno a tres años de cárcel por la interrupción del embarazo. Vaya, las únicas causales permitidas para el aborto eran la violación, la inseminación artificial no consentida y por problemas de salud o alteraciones genéticas del bebé

Con esta reforma, en Guerrero se despenaliza el aborto voluntario, en los mismos términos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con el Código Penal de Coahuila. También se homologa el Código Penal estatal con la Ley General de Víctimas y con la NOM-046, en materia de aborto por violación. Se reducen requisitos y se amplían las causales de exclusión de responsabilidad penal; y el Estado tendrá obligación de proveer el servicio de aborto. Por otra parte, la Corte extendió su decisión al artículo 198, en una porción que impedía que la mujer fuera asistida por personal sanitario en un aborto voluntario. Asimismo, extendió la invalidez a porciones del artículo 199 que criminalizaban el aborto y limitaban a 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación, inseminación o implantación artificial

Cabe destacar que las decisiones de los congresos de Sinaloa y Guerrero se dan luego de que la Suprema Corte de México resolvió en septiembre que era inconstitucional la penalización del aborto y estableció que los estados no tienen competencia para definir el origen de la vida. Estas afirmaciones desde luego fueron criticadas y rechazadas desde las cúpulas anti derechos.

Así, mientras en los EEUU la Corte Suprema se propone revertir Roe v. Wade en nuestro país Guerrero se suma a Sinaloa (marzo de 2022), Baja California, Colima, Veracruz, Hidalgo (todos en 2021), Oaxaca (2019), y CDMX (2007), garantizando a las mujeres el derecho a decidir, eliminando de su Código Penal cualquier posibilidad de sancionar a una mujer por abortar. En México se habla de acompañamiento, de redes de colectivas feministas que apoyan a mujeres que quieren abortar.

Y es justamente ahí donde se vale la pena cuestionar si el modelo (aparentemente ideal) de protección constitucional derivado del precedente Roe v. Wade del establecimiento de clínicas para poder interrumpir el aborto puede resistir los tiempos por venir, las olas conservadoras y anti derechistas.

En México tenemos lo que se puede considerar un plan B o por lo menos un modelo integral qué pasa y se construye desde la sociedad civil, porque las mujeres en México sabemos lo que queremos: queremos tener la posibilidad de desarrollar plenamente nuestro proyecto de vida. Y en dicho sentido el aborto legal y seguro como derecho reproductivo, es un derecho humano que se ejerce en un contexto de laicidad del Estado, justicia social e igualdad de género. El derecho al aborto legal y seguro no es un debate sobre la vida, como tradicionalmente han pretendido hacernos creer los grupos religiosos ultraconservadores que inundan el país y ejercen en el mismo un enorme poder político y económico.

Lo cierto es que condenar a las mujeres (y en general a las personas con capacidad de gestar) a la cárcel, a poner en riesgo su vida o a la clandestinidad por el  ejercicio de un derecho es negarles su carácter primigenio de personas, es restarles dignidad, significa verlas como un medio y no como un fin. Debatir sobre “la vida” desde el privilegio, condenando a las mujeres (y personas gestantes) a morir es sin duda una hipocresía. No he conocido a ninguna feminista en contra de la vida, todas estamos a favor de la vida, pero ese no es el debate. Ese es el falso debate que nos venden los anti derechos. Lo cierto es que en un estado constitucional y democrático de derecho la verdadera interrogante es si constitucionalmente le es dable al estado criminalizar a las mujeres por ejercer su derecho a abortar.

Y la respuesta a esta interrogante desde la perspectiva de los derechos humanos y la dignidad de las personas es NO, la única alternativa democrática en una sociedad plural y diversa donde confluyen y convergen diversas creencias religiosas, pero también personas agnósticas, es el derecho a decidir. Es algo tan básico como respetar el derecho de cada uno a tomar decisiones personales de acuerdo con sus creencias, religiosas o no. Adicionalmente, para aquellos que confunden argumentos ideológicos con argumentos jurídicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha dicho ya varias veces: proteger constitucionalmente la vida no implica que se tiene que criminalizar el aborto.

Además, la SCJN ha sido también clara al resolver que no permitir a las mujeres el acceso al aborto viola su derecho a la salud. Así que, se vea por donde se vea, lo aprobado en Guerrero (como en las siete entidades federativas que anteriormente lo hicieron) no sólo es necesario en términos de justicia social y de derechos humanos; sino que es además constitucionalmente y convencionalmente válido. Todo esto sin dejar por lo menos de mencionar las recomendaciones tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la CEDAW (Convención Sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer por sus siglas en inglés).

En México (y el mundo), el principal obstáculo para que las mujeres y personas gestantes puedan interrumpir legalmente un embarazo es precisamente la Iglesia católica, y parece increíble que esto sea así en un Estado Laico. Afortunadamente en México, cuando menos desde abril de 2007 (fecha en que se aprobó la despenalización del aborto en la CDMX -entonces DF-) se han dado importantes pasos hacia la despenalización del aborto. Y hoy son ya ocho entidades. El Derecho al aborto es un asunto de justicia social, es una cuestión de salud pública y una aspiración democrática y no obstante la contundencia de estos argumentos solamente en ocho entidades, incluida la Ciudad de México se ha logrado la despenalización.

Quedan pendientes cuando menos 24 reformas legislativas. Es urgente atender cuanto antes las normativas más restrictivas como las de Guanajuato o Querétaro donde sólo es legal la interrupción del embarazo si este es producto de una violación, pero se criminaliza a las mujeres incluso cuando su vida se encuentra en peligro. Por ello la despenalización del aborto en Guerrero es un gran paso, pero el camino por recorrer es todavía muy largo y las presiones no serán pocas. Las mujeres y los grupos de feministas no tenemos los recursos millonarios de la Iglesia y de todos aquellos grupos que se ufanan de haber logrado cabildear ante cuando menos 17 legislaturas estatales para que se incorporara el reconocimiento de la vida “desde la fecundación” en sus Constituciones locales (como la Oaxaqueña); pero la llamada marea verde es ya un Tsunami que ha pintado de verde todo America Latina.

Y aquí es muy importante reconocer que estas conquistas no podrían explicarse sin el impulso de los grupos feministas que en México y en América Latina han unido fuerzas, se han profesionalizado en su trabajo y han articulado la lucha para garantizar a las mujeres el acceso al aborto legal y seguro. La lucha feminista de ninguna manera implica el desconocimiento de las concepciones religiosas ni pretende imponer valores. Despenalizar el aborto no obliga a nadie a practicarlo, simplemente otorga garantías mínimas para que quien decida hacerlo lo haga de forma legal y segura, significa la posibilidad de elegir en libertad.

Adicionalmente significa exigir al estado educación sexual amplia en todos los niveles, acceso a métodos anticonceptivos seguros y al aborto como último recurso para interrumpir un embarazo no deseado. México puede volverse un modelo a seguir en temas de activismo pro aborto y es precisamente esto lo que de alguna manera nos permite sostener que México de alguna manera se ubica hoy a la “vanguardia” de América Latina en el tratamiento humanitario del aborto.

Los argumentos en contra de la despenalización del aborto además de ser de corte ideológico, normalmente entrañan un absoluto desconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. Soy madre de tres y estoy convencida de que la maternidad debe ser voluntaria. No me explico otra manera de ser madre, creo en el derecho irrestricto de la mujer (y de las personas gestantes) a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su sexualidad, su vida reproductiva y su maternidad. En suma, celebramos con Guerrero pero no pararemos hasta que sea toda la república mexicana. Las mujeres y personas gestantes no tienen por qué ir a la cárcel, ni ser discriminadas, ni mucho menos morir por ejercer sus derechos. Y lo que es más importante, decidir no ser madre es un derecho de todas y como tal debe ser garantizado. No es un privilegio de unas cuantas, por que la libertad de todas ¡es nuestra Libertad!