Pablo Serrano acaba de morir.
Fue un intelectual muy libre.
Un historiador autónomo.
Muy valiente y consecuente en la defensa de su forma de vivir
La vida es muy cruel, Pablo debió vivir mucho más.
Cuesta mucho contemplar la impunidad como rasgo creciente del estilo de gobernar del presidente que prometió desterrarla. No es nada fácil decirlo. No lo es cuando se requiere evitar las descalificaciones como desafortunada costumbre en el medio gubernamental y en algunos sectores de la oposición. Los adjetivos extremos proferidos desde el poder, calificando a sus opositores como traidores a la patria y las respuestas procaces, muchas veces anónimas en las redes, generan una violencia oral y escrita que está en los límites de convertirse en violencia física.
Por ello es necesario impedir la impunidad como conducta cada vez más frecuente ante hechos delictivos derivados de acciones de integrantes del poder. Resulta muy grave que la actitud de la jefa de Gobierno, a un año del siniestro en la línea 12 del metro, consista en descalificar a la empresa contratada por su propio gobierno para realizar un informe autónomo. En una información publicada por El Universal, se dice: “Luego que la empresa DNV informó que no hay conflicto de interés con el último informe causa-raíz de la Línea 12, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que sí hay conflicto de interés, y que es un documento mal ejecutado y falso por lo que iniciaron la rescisión del contrato y una demanda civil.
“Esto viene de un conflicto de interés que nosotros detectamos en el momento que se empieza a realizar el tercer reporte, entre otras cosas, aparece un abogado que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador”
Por salud de la vida pública es imprescindible que se de a conocer el informe de la empresa DNV.
Sería inadmisible dejar todo en la penumbra y aceptar la visión de la jefa de Gobierno, convirtiendo el asunto, en una más de las supuestas conjuras contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desgraciadamente el caso de la Línea 12 del metro, no es el único ante el cual se trata de imponer la impunidad.
En estos días un estudiante de la Universidad Autónoma de Guanajuato, fue asesinado por acciones de la Guardia Nacional. No es suficiente con castigar al que disparó. Se requiere condenar el uso creciente de la Guardia Nacional en todo tipo de conflictos o incluso de presunción de actos delictivos. Esa política está al borde de acontecimientos de violencia criminal, dado que las fuerzas militares usadas como cuerpos de represión, tienen el riesgo permanente de incurrir en esos delitos.
La cuestión de fondo no es sancionar a los soldados que reaccionan con violencia instintiva, sino cancelar el uso de las fuerzas armadas en actos represivos.
Eso mismo debe hacerse ante los actos violentos de la policía en el desalojo al campamento de los Triquis en el centro de la ciudad.
La sistemática utilización de la Guardia Nacional, para reprimir a los migrantes también ha producido hechos violentos. Otro tanto ocurre con los cercos a las poblaciones de Chiapas, donde los grupos paramilitares actúan con toda impunidad.
La impunidad ante actos represivos o tragedias como la de la línea 12 del metro, debe terminar.
Pero la impunidad está presente, también ante actos de corrupción de altos funcionarios del gobierno.
Resulta muy preocupante que el presidente reste importancia al comportamiento del Fiscal General y lejos de ordenar una investigación, le reitere toda su confianza. El asunto es de una gravedad singular por el abuso de sus funciones para realizar actos irregulares que incluso, merecieron la intervención del poder judicial para poner en libertad a una persona, por no haber cumplido con el debido proceso, al acusarla de probables delitos, que no le eran imputables.
No es posible que ante las acusaciones públicas del ex asesor jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra, contra el fiscal general Alejandro Gertz Manero, no se proceda a abrir una investigación. Ambos se acusan mutuamente de delitos muy graves.
En la misma situación existen otros casos de manejos turbios de cantidades multimilonarias y hasta la fecha no existe ningún procedimento para impedir la impunidad.
Sin duda existen actitudes primitivas en algunas personas e incluso grupos de distinto tipo que se oponen al gobierno. Nunca serán, por cierto equiparables, a actitudes de cacería de brujas impulsadas con todo el poder del gobierno o incluso del Estado contra los opositores.
Muchos seguidores por convicción del gobierno y de la llamada Cuarta Transformación, arguyen que los opositores son grupos desplazados de oligarcas contrarios a los proyectos trasfornadores de AMLO.
Esas acusaciones no pueden sustentar con datos duros ¿cuáles reformas o cambios ha realizado el gobierno? Por lo que se convierten en actos de propaganda basados en una serie de falsas políticas progresistas.
Una discusión pervertida que evade el debate de políticas precisas y en su lugar se anatemiza a los críticos , poniendo en la misma categoría a movimientos sociales e incluso a grupos de militantes de las izquierdas no oficiales con los grupos liberales o de abierta orientación derechista. Construyendo una falsa disyuntiva: apoyar al gobierno transfoformador de AMLO o respaldar a los conservadores .
Independientemente de los criterios políticos o ideológicos de esa visión binaria que pone las cosas en blanco y negro, es cada vez más necesario debatir poniendo los matices en primer plano.
La impunidad debe desaparecer para garantizar una convivencia democrática.