Mientras el gobierno de la República y buena parte de la clase política persiste en la costumbre de mirarse el ombligo, la violencia criminal cercena vidas de profesionales de la comunicación. Durante el curso de este año han sido asesinados: José Luis Gamboa (Inforegio Network), Margarito Martínez Esquivel (fotoperiodista libre), Lourdes Maldonado (Sincroniza sin censura), Roberto Toledo (Monitor Michoacán), Héber López (Noticias Web), Jorge Camero (El Informativo), Juan Carlos Muñiz (Testigo Minero), Armando Linares (Monitor Michoacán), Luis Enrique Ramírez (El Debate y Fuentes Fidedignas), Yesenia Mollinedo (El Veraz) y Sheila J. García (El Veraz). Once familias en tragedia y un contexto trágico para la libertad de expresión y de prensa.
En la base de las conquistas para trascender el Estado absolutista y abrir paso al Estado de Derecho, en los artículos 11 y 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada por Francia en 1789, se afirma: “La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del Hombre; por consiguiente, cualquier Ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”, y “una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de Poderes, carece de Constitución”.
Por su parte, el artículo 7º de la Constitución Francesa de 1793 señaló: “El derecho de manifestar el pensamiento y las opiniones, ya por medio de la prensa, ya de cualquier otra manera…no pueden ser prohibidos. La necesidad de enunciar estos derechos supone o la presencia o el reciente recuerdo del despotismo”.
La libertad de prensa tiene profundas raíces en las Leyes Fundamentales del advenimiento del Estado moderno. Y en las Constituciones históricas mexicanas aparece desde el origen: artículo 50, fracción III, de 1824; artículos 6 y 7 de 1857, y artículos 6 y 7 de 1917.
Si bien los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, para la vida en sociedad ocupa un lugar especial el ejercicio de la libertad para expresar el pensamiento y las opiniones de cada quien, que en el ejercicio profesional se robustece con la libertad de buscar, recibir y difundir información. Hay un hilo conductor en el mundo de las virtudes: el establecimiento de la verdad como un elemento propio de la convivencia armónica y pacífica.
A la epidemia de violencia en contra de las mujeres, en nuestro país está presente la amenaza creciente por silenciar a quien mantiene su compromiso y su lealtad con la investigación periodística y la difusión de hechos que vulneran la calidad de la vida política, económica, social, ambiental y cultural de la población.
Sin hipérbole, cuando se priva de la vida a quien ejerce profesionalmente el periodismo, se asesina paulatina y cruelmente la libertad de expresión. Se priva a la sociedad de un contrapeso ante las personas titulares del poder público, los detentadores de poder fáctico y quienes hacen de la delincuencia su actividad cotidiana.
Los asesinatos de profesionales de la comunicación social son una dolorosa prueba del fracaso del Estado mexicano y, acentuadamente, del gobierno actual, para cumplir con la función más elemental de brindar condiciones de seguridad a la población. El clima imperante es de altos niveles de inseguridad, con ámbitos de actuación donde la violencia se incrementa, como con los defensores del imperio efectivo de los derechos humanos.
Ahora bien, tratándose de quienes se dedican profesionalmente al periodismo, los ataques y las descalificaciones de carácter general que se vierten un día sí y otro también en el programa de información y opiniones gubernamentales que encabeza casi a diario el inquilino de Palacio Nacional, generan un ambiente de mayor peligro que nos coloca ante una paradoja fatal: un régimen de tendencia al hiper-presidencialismo con Estado débil, es el pasaporte a que el crimen ingrese y quede impune.
Como ya han dicho varios periodistas, se mata a integrantes del gremio porque se puede y se puede porque no pasa nada después de los asesinatos. Sin embargo, el asunto requiere verse con mayor e indispensable amplitud: ¿cómo pueden prevenirse las agresiones, la violencia y los asesinatos de quienes son profesionales de la comunicación social?
En primerísimo lugar es imperativo que el Ejecutivo Federal deponga su conducta de agresión -bajo cualquier modalidad- a quienes ejercen críticamente la libertad de prensa sobre su gestión. En el afán de polarizar a la sociedad mexicana con el dominio del aparato de comunicación política del gobierno y el avasallamiento de la comunicación política no gubernamental, aún con las pocas excepciones que le resisten, el presidente de la República emite un mensaje de la mayor gravedad: ausencia de respeto, intolerancia y desprecio por la prensa independiente y crítica.
Si el Ejecutivo de la Unión descalifica impune e injustamente a los medios de comunicación y a quienes ejercen la libertad de prensa, sus actitudes se adoptan en otros ámbitos. La didáctica presidencial es contraria a la libertad de expresión y apunta al desprecio y el escarnio de quienes la ejercen en los medios de comunicación.
En segundo término, ante la gravedad de la situación presente, las estrategias regionales y locales de seguridad pública deben incorporar como prioridad la protección de personas potencialmente vulnerables por su visibilidad social.
Uno de los más notorios fracasos de la gestión presidencial en curso es la incapacidad para recuperar condiciones aceptables de seguridad en las amplias zonas del país donde grupos de delincuencia organizada controlan muchos aspectos de la vida de la comunidad. La seguridad ha de ser para todas las personas, pero proteger a quienes pueden ser víctimas de la violencia por su vulnerabilidad, evitaría dañar mayormente la moral colectiva.
Y en tercer sitio, la necesaria renovación de las capacidades institucionales para investigar y resolver los asesinatos que desgraciadamente ya han ocurrido. No hay resultados o son muy escasos. Ante el asesinato de un periodista, la justa indignación inmediata y las expresiones de que se actuará con diligencia, rigor y legalidad son relevadas por el infausto inicio de otro ciclo homólogo o similar.
En realidad no hay una estrategia o una ruta de trabajo para indagar y dar resultados. Es cierto que un problema es la alta incidencia delictiva general para la estructura federal y las estructuras locales ineficaces. No hay recursos humanos y materiales suficientes porque se carece de la sustentación presupuestal necesaria. Se han rediseñado varias veces las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, pero ello no ha traído los resultados anhelados porque las asignaciones presupuestales no permiten conformar los equipos de investigadores especializados.
Cuando las personas son asesinadas por ejercer el derecho a informar y la libertad de opinar en los medios de comunicación, pero el Ejecutivo se conforta con los porcentajes de su popularidad, nos quiere llevar a que se dé crédito a un instrumento de la política democrática en un régimen populista. Esa aprobación pública no se sustenta en los resultados, sino en divisiones facciosas. Una sociedad sin las garantías para el ejercicio del periodismo profesional pierde su calidad democrática. No cabe permitirlo.