Demasiado grave resultaría que a fuerza de informaciones reiteradas y recurrentes sobre la violencia y la inseguridad, nuestra comunidad tendiera a aceptar la situación imperante en el país como el estado de las cosas, como los hechos de la realidad cotidiana. Más allá de la aberración del “abrazos no balazos”, expuesta por el Ejecutivo Federal con dedicatoria para las bandas de la delincuencia organizada, la comisión de delitos se ha enseñoreado.

Más grave aún resulta el clima de violencia delincuencial contra las niñas, adolescentes y mujeres. Desde luego que no es una situación nueva. Estaba presente en las administraciones federales y locales precedentes. Sin embargo, se ha agravado.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública merecen la reflexión y el movimiento a la acción. Generan angustia y temor. En el curso de la gestión federal en marcha han sido asesinadas 12,506 mujeres, de las cuales 3,300 se clasificaron como feminicidios. Dentro de esas cifras, en los primeros tres meses de este año han sido asesinadas 862 mujeres, clasificándose 234 de esas muertes como feminicidios para su investigación y enjuiciamiento.

Y según la Comisión Nacional de Búsqueda, se tiene reporte de 24,600 niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas. En el período transcurrido de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, cada día han sido privadas de la vida con violencia prácticamente 10 mujeres, y también cada día han desaparecido 26 mujeres.

Otros datos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha estimado que 8.6 millones de mujeres han padecido algún tipo de violencia física o sexual en el ámbito escolar, 15.9 millones en el ámbito comunitario, 3.6 millones en el ámbito laboral y 1.5 millones en el ámbito familiar.

En el terreno de las percepciones, el propio INEGI ha publicado que la percepción de inseguridad de las mujeres es casi del 79 por ciento, nueve puntos por encima de la de los hombres, al tiempo que de los delitos cometidos contra las mujeres, el abuso sexual ocupa el 42.6 por ciento y la violación del 37.8 por ciento.

No se trata solo de información sobre las violencias más severas que sufren las mujeres, sino de los trazos del retrato de una auténtica emergencia nacional, que no ha sido ni está siendo atendida como debería por el poder público. Las mujeres viven en la ruleta de quién será ahora la víctima. En el fondo, la situación imperante da cuenta del fracaso del Estado mexicano para prevenir, atender, investigar, enjuiciar y sancionar la violencia y la inseguridad a las cuales se enfrentan las mujeres en forma cotidiana.

Por la tradición de machismo y la cultura patriarcal que han dominado en nuestra sociedad, en general estamos errando la reflexión y, en consecuencia, no se adoptan las medidas necesarias para postular el cambio y trabajar para hacerlo posible. Las justas e indiscutibles reclamaciones de las mujeres para que se detenga la violencia física, psicológica, económica, patrimonial y sexual son el motor del movimiento político más importante del mundo contemporáneo; un movimiento llamado a marcar el cambio político de nuestro país y en el mundo durante la presente centuria.

¿De verdad no lo vemos? Así como en otros momentos de la historia nacional, por ejemplo, la cuestión de la separación del Estado y las iglesias o la tenencia de la tierra y la cuestión agraria marcaron la ruta a seguir para transformar el estado de cosas en el país, hoy la cuestión de los derechos de las mujeres, el acceso cierto a una vida libre de violencia y la igualdad sustantiva son el auténtico motor de la evolución política del país.

Si otras fuerzas de la dinámica social alcanzaron las metas que se propusieron, con base en los valores fundamentales de la libertad y la justicia, ¿acaso la fuerza de la causa política y social de la mitad de la población, no podría movernos hacia objetivos homólogos en el mundo de las ideas y los valores en torno a los cuales ha de articularse la convivencia?

El pleno respeto a los derechos de las mujeres ha de ser ahora el objetivo fundamental del Estado mexicano; no para dejar otros o relegarlos, sino para que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde en razón estricta de su dignidad como personas.

Desde la sociedad y en el Estado hay mucho por hacer. La discriminación por género está a la vista y muchas veces la reconocemos, pero ¿se actúa? La violencia en contra de las mujeres es parte de la información diaria y la reconocemos, pero ¿se actúa?

En uno y otro caso puede haber discurso pero no siempre actuación, que cada vez resulta más urgente. Incluso, con el autoengaño del populismo penal se erigen ciertas conductas como delitos, se elevan las penas y se dispone la prisión preventiva de oficio, pero nada de ello previene o disuade realmente la comisión del ilícito penal. Decir que una conducta es grave y por ello reprochable, no disminuye en realidad la violencia. Más bien podría ser que en muchos casos aumente en la sociedad la percepción de impunidad.

Hay que reconocerlo, los gobiernos precedentes no actuaron adecuadamente ante la epidemia de violencia contra las mujeres y en el actual las cosas han empeorado. La existencia de normas jurídicas en contra de esa violencia puede ser un buen primer paso, pero hacen falta instituciones con servidores públicos competentes y sensibles, asignación suficiente de recursos públicos, elaboración de políticas públicas y ejecución de las acciones consecuentes.

Los discursos y las narrativas sin las estructuras administrativas a cargo de determinadas funciones y sin los presupuestos indispensables no van a resolver el problema. Hacer frente a la cuestión social más relevante para el desarrollo político de nuestro país requiere una propuesta integral que se plantee metas en el tiempo y que cuente con los instrumentos necesarios para alcanzarlas.

La deuda que el Estado mexicano tiene con las mujeres merece un replanteamiento de raíz. No es otra cuestión, es la cuestión: cero discriminación y cero violencia. Las necesarias y bienvenidas acciones afirmativas son un estadio para movernos hacia la igualdad sustantiva, pero son insuficientes. En esta materia el Estado mexicano no pasa la prueba; está reprobado. Los resultados son desfavorables.

Cambiar esa realidad requiere trabajar en las distintas fases y los diferentes ámbitos de socialización y de formación educativa; revisar las instituciones y las atribuciones que se les han conferido para actuar tanto en la prevención, como en la investigación y enjuiciamiento de los delitos contra las mujeres; asignar los recursos presupuestales necesarios para que se cumplan los propósitos de igualdad sustantiva y de una vida libre de violencia para las mujeres, y establecer políticas públicas evaluables. Si el Estado está reprobado, no es sólo un asunto gubernamental, sino de la sociedad en su conjunto. Es obligado actuar.