En la gran mayoría de las ocasiones los subsidios son nocivos para la economía por su costo en las finanzas públicas y sus efectos económicos. El subsidio a las gasolinas es un ejemplo de una medida doblemente nociva para la economía por el costo al erario público, pero también porque es regreso al beneficiar más a quienes tienen más lo que genera una mayor brecha económica entre ricos y pobres.

Hoy en día, en prácticamente todos los países del mundo, es común que el Estado, a través de diversas opciones de política, intervenga en la economía. El gobierno puede intervenir a través del otorgamiento de subsidios –bajando el precio de consumo o de producción, según sea el caso– o mediante el financiamiento público para la provisión privada de bienes –influenciando el consumo sin involucrarse directamente en la provisión del bien. Cada una de ellas, sin duda alguna, tiene un impacto, bueno o malo, en las finanzas públicas de las naciones.

El subsidio de 100 por ciento sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en las gasolinas que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es un buen ejemplo de una política regresiva por su efecto en la oferta y la demanda de las gasolinas, por su costo al erario público, pero sobre todo por su impacto en la distribución del ingreso.

Dado que el precio de la gasolina se determina por la ley de la oferta y la demanda, volviendo a los principios básicos, tendríamos dos escenarios: 1) si sube la demanda de gasolinas -por el subsidio- y sin cambios en la oferta, provocaría que el precio aumente; 2) si la demanda sigue aumentando, provocaría una escasez del bien.

Sobre el primer escenario, en los últimos días el precio de la gasolina magna ha alcanzado el nivel más alto de 2022. En el día 20 de mayo, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la gasolina regular registró un precio promedio a nivel nacional de 21.85 pesos por litro cuando podría estar cercano a los 30 pesos, mientras que el 21 de mayo de 2021 -hace un año precisamente-, el precio fue 20.52 pesos.

Sobre el segundo escenario, en marzo del año pasado el volumen total de ventas de gasolinas, según la Secretaría de Energía, fue de 589.4 miles de barriles diarios; para marzo de este año (último dato disponible) el volumen había ascendido a 694.0 miles de barriles. En pocas palabras parece que es cuento de nunca acabar: el precio bajando, la demanda subiendo y ¿pues los costos del financiamiento “apá”?

El costo de “frenar” la inflación con el subsidio a las gasolinas sería para 2022, de acuerdo con las estimaciones del Servicio de Administración Tributaria, de hasta 400 mil millones de pesos, algo así como cerca de 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto de México (medido al primer trimestre de 2022). La nada despreciable friolera es superior al presupuesto autorizado para 2022 de la Secretaría de Educación Pública (364.6 mil millones de pesos), o de la Secretaría de Bienestar y Defensa Nacional juntas (299.3 y 104.1 miles de millones de pesos respectivamente).

Más allá del costo de oportunidad, las presiones al gasto son inminentes. Afortunadamente los elevados precios del petróleo permiten mayores ingresos, siempre y cuando se mantenga el mismo nivel de producción, sin embargo, este hueco fiscal solo tiene tres posibles salidas: se hace una reforma fiscal que suba los impuestos, se recorta el gasto en esa magnitud para salir tablas (ambas opciones imposibles de creer), o se incurre en mayor deuda, porque al final de las cuentas, de algún lugar tiene que salir el dinero. Bueno, quizá haya una cuarta, si no se tiene el dinero, siempre se puede fabricar más, pero esa opción sería demasiado radical hasta para la 4T, esperemos.

Por si no fuera poco lo anterior, un estímulo fiscal a las gasolinas beneficia más a las familias más ricas porque son quienes más utilizan coches. De acuerdo con la SHCP, al medir las contribuciones que hace la población a la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, se tiene que el decil más pobre aporta el 2.4 por ciento del total mientras que el decil más rico contribuye con el 26.9 por ciento. De hecho, los dos deciles más ricos aportan prácticamente la mitad del IEPS, el 44.5 por ciento. Después de todo no es tan cierto eso de “primero los pobres”.

En medio de todo esto valdría preguntarse ¿y si vale la pena tanto subsidio? La triste verdad es que no; y es que teóricamente un subsidio es nocivo para la economía cuando no se tiene un objetivo claro y peor aún, porque “para lo que fue diseñado” tiene un efecto transitorio.

En la práctica tampoco, porque la inflación no es el resultado único y exclusivo de los efectos internacionales, sino también de las malas políticas económicas que no han sabido fomentar la productividad de los factores de la producción y de la competitividad de las empresas; algo que en este caso sería ampliar la matriz energética, desfosilizar la economía, o al menos, buscar más inversionistas para que se amplíen las capacidades productivas. En fin, parece que esta es otra medida con más tintes políticos y publicitarios que económicos y sociales.

El autor es presidente de Consultores Internacionales S.C.