En la Ceremonia de Inicio de Actividades para el Acceso a la Verdad y la Justicia por los hechos 1965-1990, familiares de los desaparecidos, torturados y muertos como víctimas de la represión estatal realizada por sus aparatos: el ejército, la DFS Dirección Federal de Seguridad, la IPS Investigaciones Políticas y Sociales y demás policías, gritaron su protesta cuando el secretario de la Defensa mencionó que los militares también fueron víctimas.
Es una realidad que los procesos de justicia llamada transicional son muy contradictorios.
En México sigue debatiéndose si es mejor establecer una Comisión de la Verdad que indague e investigue el pasado para llegar a una Verdad Histórica o aplicar las leyes y llegar a sentencias penales contra los criminales.
En cualquier parte del mundo las Comisiones de la Verdad han sido organismos autónomos, así fue en Argentina, donde una Comisión Autónoma elaboró el llamado Nunca Más o Informe Sábato.
Es muy extraño que aquí esa denominada Comisión de Acceso a la Verdad y la justicia de los hechos de 1995 -1990 (nunca se ha argumentado el por qué de ese periodo) esté presidida por el Subsecretario de Gobernación y participen en la misma familiares de las víctimas y algunos llamados expertos en derechos humanos.
Desde su instalación el 10 de diciembre de 2021, se pueden apreciar al menos tres discursos de los integrantes del gobierno, el presidente insiste siempre que ahora estamos en una nueva etapa diferente a la de los gobiernos represivos del neoliberalismo y que ello permitirá llegar a la justicia, además siempre subraya que el ejército mexicano es “pueblo uniformado, no es golpista”, ni su oficialidad es oligárquica y su actuación ha sido ordenada por civiles. En este último aspecto, se pasa por encima de los criterios internacionales desde los juicios de Nuremberg en torno a la cuestión de la obediencia debida, en la que se amparaban los criminales de guerra nazis.
El discurso más “progre” lo ha dado siempre el Subsecretario de Gobernación, insistiendo en lo inaceptable de la política represiva del régimen autoritario y en la necesidad de llegar a la verdad , mediante la apertura de todos los archivos militares y el acceso a sus instalaciones donde se realizaron desapariciones forzadas, muchas sin haber sido resueltas hasta la fecha; torturas y asesinatos incluyendo la barbarie de los “aviones de la muerte” en los que realizaban vuelos , sobre todo en las costas de Guerrero para tirar al mar, muertos o incluso vivos a muchos detenidos y quizá algunas detenidas como Alicia de los Ríos.
El secretario de la Defensa había mantenido un bajo perfil, ahora durante su discurso expuso la tesis de que los militares también fueron víctimas e incluso llegó a proponer sus nombres en placas alusivas a esa condición. Fue en esos momentos que los familiares protestaron.
Si el jefe del Estado y por lo tanto Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas exime a las mismas, resulta un tanto inútil establecer Comisiones de la Verdad, puesto que de antemano se les considera ajenas a los actos criminales dado que son de extracción popular y además solamente aplicaron “órdenes dictadas por los civiles”.
En casi todos los casos son los ejércitos los principales autores de los delitos de lesa humanidad, declararlos de antemano inocentes es una gran simulación.
Es perfectamente entendible que haya una tensión entre los militares y el gobierno en un tema tan “doloroso” como tuvo que admitir el presidente ante un grito de un familiar que calificó así los ominosos actos criminales contra los disidentes políticos, no solamente los de los grupos armados sino también de centenares de perseguidos que actuaban pacíficamente en los movimientos sociales, civiles y políticos.
Esas tensiones expresan el temor de los militares a ser investigados en sus archivos y cuarteles. Sería insensato no registrar como avance importante la realización de un acto dentro del campo militar con la presencia de familiares de las víctimas, especialmente una hija de Lucio Cabañas, Micaela Cabañas Ayala y Alicia de los Ríos, cuya madre continúa desparecida desde 1978. Es significativo, también, que se afirme que se abrirán todos los archivos y cuarteles militares, aunque entre los mismos familiares existen dudas sólidas de cuál será el verdadero alcance de esa apertura.
No sabemos si la aceptación de una “apertura” de ese tipo, implicó que el presidente volviera a reiterar que el ejército no fue el autor de la matanza del 2 de octubre de 1968.
Es una declaración muy irresponsable y ofensiva.
Precisamente porque esta en juego una disputa con las fuerzas armadas, el camino debió ser muy diferente, donde el peso de la sociedad fuera de mayor relevancia y no sujeto a los designios del presidente.
El afán de considerar al gobierno actual como el promotor de una Cuarta Transformación, al nivel de las tres precursoras la Independencia, la Reforma y la Revolución, lo repitió el presidente este 22 de junio en el Campo Militar. Ese criterio coloca a todos los actores que no son parte del gobierno y sus aliados, como meros espectadores de un proceso que pretende acabar con la impunidad.
Es muy peligroso manipular el dolor de las víctimas para obtener una exoneración de las fuerzas armadas en toda la política represiva del régimen autoritario priista.
Para evitar una nueva utilización de las fuerzas armadas contra los opositores de cualquier tipo, es necesario fortalecer los espacios e instituciones democráticas y promover una reforma profunda de las fuerzas armadas que contemple que el secretario de la Defensa pueda ser un civil, hombre o mujer como ha ocurrido en Chile y en otras partes. Implica también el reconocimiento de los derechos políticos de todos los militares y otras medidas semejantes que pongan fin al sometimiento que tienen ahora hacia el presidente.
El presidencialismo autocrático es una fuente permanente para la restauración del autoritarismo represivo.
Predeterminar como producto de esta Comisión un “informe histórico” que no tenga consecuencias penales contra los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad es una forma de usar la demagogia para evitar acabar con la impunidad.