A casi una semana una operación militar y policial en Marquelia que derivó en un enfrentamiento armado entre miembros de la UPOEG y efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, las autoridades del gobierno del estado y líderes y representantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero UPOEG, sostuvieron una reunión para llegar a acuerdos que permitan la recuperación de la paz aunque dadas las circunstancias, podrían ser temporales y anticipan una confrontación en por lo menos tres regiones de la entidad.
La UPOEG aceptó hacer la depuración de los grupos de Policía Ciudadana, y dar credenciales a quienes sean ratificados en asambleas, para que puedan identificarse y coordinarse con los órdenes de gobierno.
Por separado, el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, destacó que el acercamiento para que no haya más persecución de los integrantes del sistema de seguridad y justicia, mientras la organización realiza la revisión de sus integrantes comunidad por comunidad.
Reynoso Núñez dijo que la UPOEG va a hacer un esfuerzo importante, para retomar el proceso, desde cómo se designaba originalmente a los integrantes de la Policía Ciudadana, en asambleas.
“La idea de credencialización es eso, que pueda identificarse y designarse con conocimiento de quiénes son, cuántos son, y dónde están”. Precisó que la “identificación y reconocimiento es de ellos (de la UPOEG)”, no un aval del gobierno”. Sin embargo, adelantó que el estado va a apoyar el procedimiento.
Asimismo, indicó que va a comunicar estos avances a las autoridades militares y civiles “para que haya coordinación con quienes entren en este proceso de regularización, por parte de la UPOEG”.
Reynoso Núñez aseguró que en esta administración ha habido coordinación con los grupos de Policía Ciudadana de la UPOEG, como de la CRAC-PC, “sin embargo, ha habido ocasiones en que esta falta de conocimientos, han generado los conflictos”.
En alusión a la operación de efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal el martes pasado en Marquelia, donde detuvieron a ocho integrantes de la UPOEG, entre ellos a su comandante, Jesús Calleja Clemente, y sus compañeros trataron de rescatarlos, ocasionando dos enfrentamientos armados.
El secretario aclaró que los detenidos no fueron tema de esta reunión, que es revisado y será resuelto por las autoridades ministeriales.
El 1 de julio Bruno Placido Valencio, en conferencia de prensa afirmó que la “tendencia institucional” es erradicar el proyecto de la UPOEG y pues únicamente se detienen a los miembros de esa organización y a “chalanes” del crimen organizado pero no a los jefes de plaza. Por ejemplo, en Acapulco se detuvo a quien organizó los bloqueos, pero no a “El Ruso” siguió diciendo.
En su opinión lo que se pretende es debilitar a la UPOEG para fortalecer al crimen organizado en la Costa Chica; “en mi experiencia en materia de seguridad, la delincuencia no camina sola no hay acuerdo con las autoridades. Siempre hay complicidad oficial, hay una tolerancia porque es un problema de negocio, no de seguridad”, sostuvo.
No obstante, Placido Valerio aceptó que la UPOEG está infiltrada tanto por el crimen organizado como por el Ejército y si se comprueban delitos o abuso cometidos por Jesús Calleja que se proceda pero demandó que se realice una revisión por parte de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos para evidenciar que no se trató de un enfrentamiento y que se violó el debido proceso de los detenidos.
En el contexto de los acuerdos con los civiles armados de la UPOEG, los diputados locales rechazaron la “observación total” que envió la gobernadora
Evelyn Salgado Pineda al decreto 183, por el que se reformó la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
El 15 de junio se informó al pleno de la observación total realizada por la gobernadora al decreto 183, porque “presenta inconsistencias importantes en su estructura”. En virtud de no haberse tomado como base la ley que estaba vigente antes de la reforma de 2018, y, por el contrario, el referente que se tomó fue precisamente la ley invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los diputados locales refrendaron que este decreto “se mantiene en los términos” de lo aprobado por el pleno en la sesión del 24 de mayo, ello a pesar de que los diputados aprobaron un decreto en el que “se acepta parcialmente la observación total” de la gobernadora, sólo atendieron cuestiones de forma, cambiando algunas palabras de títulos o capítulos, pero no el principal señalamiento.
El hecho de que el Congreso local no haya aceptado en su totalidad la observación que le hizo el Poder Ejecutivo respecto a la reforma a la Ley 701, es una muestra de la animadversión que los diputados tienen contra los pueblos indígenas de Guerrero, declaró el vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Raúl de Jesús Cabrera.
De cualquier forma, la organización comunitaria sólo está esperando que la reforma aprobada se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para impugnarla mediante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El coordinador de la CRAC, de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, informó que respecto a las pláticas con el gobierno estatal, para realizar una consulta y elaborar una iniciativa de reforma constitucional distinta a la aprobada por el Congreso local, van avanzando y que la idea es que sea presentada, discutida y, en su caso, aprobada por la actual legislatura.
El 13 de julio se van a reunir los integrantes de esa comisión para revisar los avances en tanto que en otra reunión del 22 de julio, en la que han solicitado la presencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, les informarán de los avances que se llevan.