Si bien la Guardia Nacional (GN) se constituyó el 26 de marzo de 2019 por disposición del decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el día anterior, el 30 de junio último se celebró su tercer aniversario en las instalaciones del Heroico Colegio Militar. En tanto que la forma da cuenta del fondo, el sitio es emblemático; dos pinceladas más: además del presidente de la República, el otro orador fue el General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, y en el presidium flanqueaban al Ejecutivo Federal este último y el Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.
¿Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez? En lugar más discreto, en sitio secundario en el pase de revista al personal de la GN y a los cadetes de la institución anfitriona y sin participación oratoria sobre la corporación que la Constitución adscribió a la dependencia a su cargo.
Vale reconocer que en su intervención, el secretario Sandoval reiteró que la GN es una institución policial de carácter civil, y expuso sus consideraciones sobre el origen de su creación en la crisis de seguridad pública de la presente centuria y la pertinencia de que la formación y consolidación de ese cuerpo policial fuera acompañado por la Fuerza Armada permanente, dada la experiencia acumulada en la estructura y operación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México. Incluso recordó el consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso General para la reforma constitucional de 2019. Sin embargo, la palabra es controvertida y puesta en duda por la realidad misma de la ceremonia conmemorativa.
El tiempo pasa y la memoria es corta. La iniciativa de reforma para crear la GN se presentó por diversos integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados el 20 de noviembre de 2018 y no sólo no concebía a la GN como una institución civil de seguridad pública, sino que dibujaba un cuerpo a cargo de las Fuerzas Armadas, al distinguirlo de las instituciones de seguridad pública a la luz de la normatividad para regirla; al prever las relaciones de coordinación entre las dependencias de los ramos de la seguridad y de la defensa nacional, y al plantear que los integrantes de la Policía Militar y de la Policía Naval que fueran transferidos a la GN serían exceptuados de la prohibición establecida por el artículo 129 constitucional.
Ahora bien, la minuta remitida al Senado implicaba una institución de vinculación híbrida en el ámbito de la administración pública federal, pues en materia de planeación, programación y ejecución de sus funciones se regiría por la dependencia a cargo de la seguridad, en tanto que en lo relativo a estructura jerárquica, servicios, prestaciones y capacitación formaría parte de la dependencia a cargo de la defensa nacional.
El entendimiento alcanzado en la Cámara de Diputados no pudo transitar en el Senado, donde con base en el reconocimiento de 2008 al derecho humano a la seguridad pública y la obligación estatal de proveerla, se determinó que las instituciones de seguridad pública serían de carácter civil, disciplinada y profesional, que la institución policial civil de la Federación sería la GN y que estaría adscrita a la secretaría del ramo de la seguridad pública, sin demérito de crear una instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías de los ramos de seguridad, defensa nacional y marina.
Así, el consenso aludido por el General Sandoval atañe fundamentalmente a la conformación de una institución de seguridad pública civil que se nutriría originalmente de tres fuentes: elementos transferidos de la Policía Militar, efectivos asignados de la Policía Naval e integrantes de la Policía Federal que así fueran instruidos; los componentes -en los tres casos- veteranos para el surgimiento de la nueva institución.
Un elemento fundamental contemplado en ese consenso es el tiempo previsto para conformar a la GN y sentar las bases para su desarrollo ulterior: cinco años; años en los cuales la Fuerza Armada permanente podría ser asignada a realizar tareas de seguridad pública con las limitaciones emanadas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, entre el consenso plasmado en el texto constitucional y la realidad media una gran distancia; entre el discurso del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) y la realidad media una gran simulación. La GN es un cuerpo militar; sus mandos son -en su gran mayoría- militares; sus integrantes -en el caso de quienes provienen del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada- no han dejado de pertenecer a las Fuerzas Armadas y sólo han sido “asignados” a formar parte de la GN.
En otras palabras, si mañana el personal de esa naturaleza en tareas de mando, de prestación de servicios o de prevención y reacción es adscrito a la institución castrense a la cual pertenece, en la GN podrían sólo quedarían los elementos de la otrora Policía Federal.
¿Y qué significa eso en términos de fuerza? De acuerdo con el Informe de la Guardia Nacional del 2021, dicha institución contaba con 113,833 elementos (ya eran 118,188 el 30 de junio último, muy cercanos a la meta de 124,000 establecida para 2024), de los cuales 73,805 fueron asignados por la SDN y 16,792 por la Secretaría de Marina, en tanto que 23,236 provienen de la extinta Policía Federal.
En los altos mandos de las Fuerzas Armadas -como consecuencia de atender los deseos presidenciales o como acción propia que ha convencido al Ejecutivo- ha habido una evidente conducta de incumplimiento de los mandatos constitucionales; en el fondo, la concentración del personal con adiestramiento, equipamiento y atribuciones relacionadas con el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado en las Fuerzas Armadas. En otro tiempo y otras circunstancias, el mando único lo tenía el presidente de la República con cuatro vertientes de mando derivado: el Ejército y la Fuerza Aérea, la Armada, el Estado Mayor Presidencial y la Policía de la Ciudad de México.
Y es el propio Ejecutivo de la Unión quien retoma e insiste en la propuesta de reformar la Constitución para que la GN se integre a la SDN como una rama hermana del Ejército y la Fuerza Aérea. Desde luego, bajo la divisa del excepcionalismo al cual es adicto cuando las transgresiones a la ley y las convenciones internacionales son propias. Y tampoco aprecia militarización alguna de la seguridad pública porque aduce que el mando supremo es civil.
En la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas están desbordadas: no se cumple con la Constitución y se presionará al Poder Revisor para modificarla, y no se desea una institución numerosa, adiestrada y armada fuera de la férula castrense. No habrá reforma, pero sí tema para polarizar y utilizar hacia los comicios del 2024.