Hace un par de semanas en este mismo espacio escribí sobre la relevancia de cuidar el medio ambiente y el significado de hacerlo en términos del derecho al futuro, a nuestro futuro y al de las próximas generaciones. Lo hice a propósito del Tren Maya, a partir de la determinación del Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, de conceder la suspensión definitiva en un juicio de amparo promovido por un grupo de buzos profesionales calificados en inmersiones en cuevas, para el efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo cinco sur del Proyecto Tren Maya -con trazo de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo-, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material.
Es de la mayor relevancia retomar el tema en este espacio, pues el pasado martes 19 de julio el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que las obras del Tren Maya continuarían. Dijo que se trata de “un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudo ambientalistas vamos a detener una obra que es en benéfico del pueblo y que ya el tiempo que llevaba parada significaba un alto costo al presupuesto que es dinero del pueblo, solo por intereses político, no…Son obras pública y no podemos aceptar que los intereses de grupos, de facciones, se sitúen por encima del interés general, eso correspondía a la época del neoliberalismo, neoporfirismo, ahora es el interés del pueblo… Entonces vamos a seguir y vamos a cumplir para entregar el Tren Maya en diciembre del año próximo… Ya se estableció el mecanismo legal porque querían esperar a que el juez resolviera, pero ¿dónde está la justicia rápida y expedita? Hubo mucha filtración de información… estamos trabajando en cuatro tramos pero en el quinto, media hora antes de que se hiciera valer el acuerdo, pusieron el amparo, es una conspiración… No hay forma de que los jueces puedan proceder en contra del gobierno porque se decidió por otro procedimiento…”
Detenernos a explicarle al presidente que no se trata de pseudo ambientalistas ni corruptos sino de ciudadanos preocupados por la devastación ambiental, por la falta de planeación, conocimiento, precaución y estudios relacionados con el suelo que impera en la zona, con la biodiversidad, es lamentablemente una pérdida de tiempo. Para AMLO o se está con él y se le dice que si a todo lo que hace o se trata de corruptos, conservadores, pseudo activistas, pseudo ambientalistas, neoliberales, neoporfiristas, y un amplio etcétera.
No obstante, trataré de destacar en este espacio lo que sí sabemos y hablar con datos y no con mentiras y descalificaciones como lo hace cotidianamente el Presidente. Por ejemplo, en el caso de la suspensión aquí mismo se comentó y que concedió el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, los quejosos no son corruptos, pseudo ambientalistas, son buzos profesionales que se desempeñan en diversas cuevas y cenotes ubicados en Playa del Carmen y Tulum, Quintana Roo, desde hace más de quince años y como beneficiarios de los servicios ambientales que defienden, solicitaron la suspensión de la ejecución, operación y desarrollo del Tramo 5 sur del Tren Maya, el cual transitaría entre Cancún y Tulum, pasando por Playa del Carmen.
En su demanda los quejosos manifestaron que se modificó el trazo original del tramo 5 del “Proyecto Tren Maya” y que esto fue resultado de una falta de planeación, conocimiento, precaución y estudios relacionados con el suelo cárstico que impera en la zona, así como la falta de estudios de impacto ambiental. De igual manera, conforme al actual “trazo preliminar”, el proyecto atravesará ríos subterráneos ya que el trazo es de norte a sur y los ríos subterráneos corren de oeste a este.
Lo cierto es que, previo a la concesión de la suspensión en el amparo, se han deforestado las zonas aledañas a Playa del Carmen, Río Secreto, Akumal y Tulum, y esto se ha hecho sin los estudios sobre el tipo de suelo, sin rescate de fauna y flora y sin las manifestaciones de impacto ambiental. Vale la pena destacar en primer lugar que los buzos, se duelen de una afectación a su derecho humano al medio ambiente sano, de manera primordial por la ejecución del tramo cinco sector sur del proyecto Tren Maya, ello sin contar con los estudios de impacto ambiental; y, en segundo lugar, que las autoridades responsables aceptaron que en ese momento no contaban con una autorización de manifestación de impacto ambiental (MIA).
El juez de distrito, en un ejercicio de ponderación, determinó que si bien es cierto, la construcción de vías generales de comunicación tiende a beneficiar a la colectividad y al interés público, así como que la sociedad está interesada en que se construyan nuevas vías generales de comunicación para el servicio público; sin embargo, en el caso, con la suspensión definitiva de los actos reclamados no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social, en virtud que sería mayor la afectación que sufriría el medio ambiente -al ponerse en riesgo el equilibrio ecológico-, que aquella que pudiera resentir la sociedad en general. Si el juez no hubiera concedido la suspensión, los trabajos de ejecución para la construcción del tramo cinco sector sur del Proyecto del Tren Maya continuarían, lo cual, implica la tala de árboles, la destrucción de la flora y de las especies nativas, la perforación del suelo, etcétera, acciones que por su naturaleza no pueda quedar sin efectos hacia el pasado y volver a las condiciones que actualmente tienen, ya que la continuidad en la construcción de la obra conlleva una alta probabilidad de modificar el ecosistema.
Más complicado aún es tratar de hacerle entender al Presidente López Obrador, mientras pregona desde su púlpito en Palacio Nacional todas las mañanas, que es obligación de T O D A S las autoridades (incluido desde luego el propio Presidente de la República) cumplir las determinaciones de los jueces de amparo. No lo entendería, porque lo cierto es que, al Presidente que se considera un gran demócrata, nunca le ha importado guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. El Gobierno Federal ha insistido en que la inauguración del Tren Maya se llevará a cabo en diciembre de 2023 y actualmente dicen contar con la autorización de impacto ambiental (MIA) correspondiente por parte de la SEMARNAT.
Asimismo, como una medida de ejercer presión para la continuación del proyecto Tren Maya, el Consejo de Seguridad Nacional catalogó la obra como de seguridad nacional, por el tema de las vías férreas. Y es con base en esa determinación, que el Presidente ha informado que se continuarán las obras, a pesar de la suspensión vigente, al considerar que ya no existe impedimento jurídico para ello. Nada más alejado de la realidad. Legalmente ningún oficio o determinación administrativa, ni siquiera las que emita el Consejo de Seguridad Nacional, pueden anular, revocar o dejar sin efectos las suspensiones concedidas en los juicios de amparo. Esto sólo puede revisarlo el propio Poder Judicial Federal, ya sea vía recurso de revisión o en su caso vía incidental; si se promueve un incidente de modificación o revocación a la suspensión, lo puede hacer el propio juez de distrito al valorar las nuevas circunstancias del caso. El Presidente no entiende que el Poder Judicial Federal vía juicio de amparo revisa (en beneficio de las y los gobernados) el actuar de las autoridades.
De manera clara y contundente, si se continuan las obras del Tren Maya con la suspensión vigente, las autoridades responsables estarán cometiendo un delito. Estamos frente a un desacato a una determinación judicial y ello es gravísimo. No es raro que ocurra en este gobierno, ya lo han hecho en varias ocasiones incluso en los amparos de Estancias Infantiles donde lisa y llanamente no cumplieron con las suspensiones concedidas, pero el que lo hagan de manera sistemática y bajo el aura de superioridad moral que aducen, no hace que deje de ser un desacato y un delito previsto en la ley de amparo.
Es cierto que el Presidente ha demostrado una y mil veces su desdén por la Ley, ya lo dijo con su lamentable frase “no me vengan con que la ley es la ley”; o su desprecio por las instituciones, también lo dijo “al diablo las instituciones”. Y así, de nueva cuenta cuando el Presidente afirma que: “no hay forma de que los jueces puedan proceder en contra del gobierno porque se decidió por otro procedimiento…” miente y engaña. Primero porque no se ha emitido pronunciamiento alguno por parte del Juez del conocimiento, que tenga por revocada o modificada la suspensión definitiva concedida en el caso (lo cual debería efectuarse vía incidental en el amparo).
Cualquier continuación de las obras implica desacato a la orden federal emitida por un Juez de amparo. En segundo lugar porque no hay forma en que podamos justificar las facultades del Consejo de Seguridad Nacional para declarar la construcción del Tren Maya como una obra de seguridad nacional, por lo menos no en términos de la legislación aplicable. Y adicionalmente, aún suponiendo que el Tren Maya pueda efectivamente ser considerada una obra de seguridad nacional y el Consejo tenga facultades para hacer tal declaratoria, las autoridades administrativas no pueden de manera unilateral desatender las suspensiones dictadas por los jueces de distrito.
Lo más lamentable por burdo y evidente es que en este caso, la “estrategia del Gobierno Federal” es igual a la que en su momento se ejecutó para reanudar las obras del AIFA, en donde se exhibieron como hechos supervenientes, oficios de la Secretaría de la Defensa Nacional con la declaración de Instalación Estratégica de la zona militar donde se pretendía construir el Aeropuerto Internacional de Santa Lucia, lo que otorgaba el carácter de seguridad nacional al proyecto y a juicio del Juez de conocimiento, se procedió a revocar la suspensión concedida (Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México). La diferencia, es que en el caso del aeropuerto las obras se continuaron hasta que se revocó la suspensión en el amparo y no antes como se pretende hacer en el caso del Tren Maya.
Lo cierto es que al final, le toca al propio Poder Judicial Federal no ceder y hacer valer sus sentencias con los instrumentos constitucionales que tiene a su alcance. Y a la ciudadanía resistir los embates de la 4T, donde la legalidad es irrelevante frente a los caprichos presidenciales.