La pensión universal para personas adultas mayores es un programa social que puede resumirse como el resultado de un diagnóstico acertado, una estrategia con avances y grandes retos en su población atendida, y un riesgo para las finanzas públicas de no mejorar las condiciones de inclusión laboral, educativa y financiera en el corto plazo.
El programa fue creado en 2019 y consiste en un apoyo económico a personas mayores de 65 años a través de transferirles 3,850 pesos al bimestre -1,925 pesos mensuales-. Tomó como modelo la “Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 años residentes en la Ciudad de México”; y a nivel federal el “Programa Pensión para Adultos Mayores” que desde el 2007, bajo el nombre de 70 y más, atendió a adultos mayores en localidades de hasta 2,500 habitantes.
Un programa con diagnóstico social acertado: adultos mayores con bajos ingresos por trabajo. En el primer trimestre de 2022, según el INEGI, de un total de 56 millones de personas ocupadas, 5.4 millones de personas pertenecen al grupo de edad de 60 años y mayores; es decir, el 9.8 por ciento del total. En ese grupo de 60 años y más, el 8.3 por ciento no percibe ingresos y el 68.2 por ciento percibe hasta dos salarios mínimos. Al compararlo con la población total, el 35.4 por ciento de las personas que no reciben ingresos o los tienen hasta por dos salarios mínimos, tienen 60 años y más.
La vulnerabilidad económica de los adultos mayores se evidencia en ingresos laborales limitados y baja cobertura del sistema de seguridad. El sistema de protección social en México se compone de la seguridad social y de los programas de asistencia social. En México, entre el 2010 y 2018, cerca del 51 por ciento de los adultos mayores no estaban inscritos al seguro social, el 24 por ciento no recibió asistencia del gobierno y cerca del 25 por ciento estuvo fuera del sistema. A ello, deben sumarse otras vulnerabilidades, como las necesidades de atención médica y de alimentación, la limitada educación financiera, entre otros.
El programa presenta avances en la atención de su población atendida, pero enfrenta grandes retos. Según la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares del INEGI, en el 2020 el 30 por ciento de los hogares en México se benefició de programas sociales, cobertura similar que en años previos. Sin embargo, mientras que en el 2016 los hogares más pobres (el 5 por ciento del total) se quedaban con el 61 por ciento de los recursos y los hogares más ricos con el 10 por ciento; ahora en 2020, los más pobres se quedan con el 35 por ciento y los más ricos con el 19 por ciento.
El carácter de universalidad del programa abona riesgos de cobertura que implican perder su capacidad de redistribución del ingreso; o dicho en otras palabras, puede dar más a los ricos y menos a los pobres. Es por ello que una de sus mayores áreas de oportunidad está en la complementariedad con otros programas públicos que le permitan mejorar la distribución equitativa del ingreso entre la población.
La pensión del bienestar para adultos mayores será pesar de las finanzas de no atenderse el problema de raíz. En 2021 y 2022, su presupuesto fue de 135.6 y 238.0 mil millones de pesos, el mayor para los 20 programas prioritarios incluidos los de infraestructura. Más aun, Hacienda prevé que en 2023 el presupuesto sea de 303.7 mil millones de pesos, el de mayor incremento (27.5 por ciento anual), concentrando el 38 por ciento de los recursos de los 20 programas prioritarios. En 2024, se prevé un presupuesto de 370 mil millones de pesos.
La dinámica del gasto y la pirámide poblacional presionarán el presupuesto y las finanzas públicas ya que mayor gasto social a costa del productivo hace que las finanzas se contraigan. En 2024, atender a más de 12 millones de adultos mayores necesitará de un presupuesto de 1.9 por ciento del PIB, 6.5 por ciento al sumar las pensiones del IMSS y del ISSSTE. Como referencia, en el 2021 los ingresos públicos fueron del 22.7 por ciento del PIB, nivel que destaca por mantenerse a pesar de la crisis económica.
Los milagros recaudatorios terminarán y la próxima administración heredará mayores retos. Este programa será un gran riesgo financiero sino se atiende el problema de raíz: mejorar las condiciones de empleo, abatir la informalidad laboral y permitir que más jóvenes de hoy cuenten con seguridad social y pensiones dignas en el mañana.
Lograrlo se dice fácil, pero es tarea ardua ya que aún queda mucho por mejorar en la política de inclusión laboral y de acceso a sistemas de seguridad social, en promover una mayor competencia y dar puntual seguimiento a las condiciones del sistema de pensiones; y en dotar de mejores capacidades y competencias financieras a la ciudadanía para que cuenten con herramientas de planeación financiera de largo plazo. La atención a nuestros adultos mayores es un compromiso y una prioridad social que debe ser sostenible financieramente.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®