Durante la mañanera del pasado lunes 8 de agosto, el Presidente hizo publica su intención de seguir violando la Constitución. Lo dijo como siempre lo hace, a la ligera, con su tono burlón, trivializando su autoritarismo y desdén por las normas que nos rigen, lo dijo así textualmente:  “Voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa… Quiero que ya la Secretaría de la Defensa se haga cargo… Lo voy a analizar en el ámbito, en la esfera, de mis atribuciones. Puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno del gobierno. Puede ser por decreto o una reforma a la Ley de la Administración Pública independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional”.

López Obrador informó en su mañanera del lunes, que al margen de lo que establezca la Constitución, que prevé a la Guardia Nacional como una institución policial de carácter civil, y no militar, él publicará un acuerdo para que el control de la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Lo que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador no se limita al anuncio de un nuevo “decretazo” para que la Guardia Nacional pase al Ejército, sino que lo anunció con bombo y platillo desde el único lugar donde se siente cómodo, el púlpito mañanero, que violará flagrantemente la Constitución y agudizará la ya de por si grave, militarización del País. Nos dijo de cara y sin tapujo alguno que lo que él pretende es seguir violando la Constitución.

A estas alturas, volver a hacer énfasis en qué hay que respetar la Constitución parece estéril, mucho más en este Gobierno que, parece creer que la receta mágica para “gobernar” y cumplir la voluntad del tlatoani de Macuspana, es el decretazo, así lo ha demostrado una y mil veces. Sin duda al Presidente y por lo visto a sus huestes la Constitución, la ley y en general las instituciones les parecen molestas, por ello sin empacho las ha mandado descaradamente al diablo.

Se le olvida sin embargo, que cuando asumió la Presidencia de la República, después de haber contendido en tres ocasiones, juró “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”. Esto quiere decir que no puede haber ley, acuerdo, o decreto que anule lo que dice el texto constitucional. Para modificar la Constitución existe un proceso previsto en el propio texto constitucional que más allá de lo jurídico requiere un importante quehacer político para lograr acuerdos y consensos tanto a nivel Cámara de Diputados y Senadores, como en las legislaturas estatales.

Se requiere oficio político y no autoritarismo. Es precisamente la hoy vilipendiada e ignorada Constitución, la que impidió a los gobiernos anteriores (sí, a esos a los que AMLO culpa de todos los males presentes, pasados y futuros), fundamentalmente al gobierno de Felipe Calderón y al de Peña Nieto, tomar medidasmilitaristas, a las que se oponían los que hoy son parte de MORENA y de la 4T cuando no eran gobierno, sino un movimiento de regeneración nacional. Así por ejemplo en tiempos de Felipe Calderón, cuando lamentablemente utilizó a nuestras Fuerzas Armadas como policía, fueron precisamente los que en ese momento considerábamos opositores de izquierda, quienes cuestionaron la medida. Lo hicieron precisamente bajo un argumento de constitucionalidad, pues el artículo 129 de nuestra Constitución señala que, “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, precepto que dicho sea de paso sigue diciendo lo mismo en este mes de agosto de 2022 .

Años después (2017), ya en la antesala de la 4T, pero todavía durante el gobierno de Peña Nieto, el Congreso aprobó la llamada Ley de Seguridad Interior, con esta ley se otorgaba a las Fuerzas Armadas la facultad de tener funciones de policía. Esta ley fue duramente criticada por la oposición, por los que hoy son flamantes defensores e idearios de la 4T, señalaron una y mil veces que era un error seguir militarizando al país y destacaron sobre todo que la seguridad es tarea de las autoridades civiles y no militares. Otra vez lo argumentaron a partir de nuestro texto constitucional, a partir de lo que establece el artículo 21.

La constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior se controvirtió formalmente y llegó a la Suprema Cortede Justicia de la Nación, donde fue declarada inválida en noviembre de 2018. La SCJN dijo entonces en un comunicado que la ley era inconstitucional en esencia “…al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública, lo que es contrario al orden constitucional y convencional”. ¿Dónde están hoy los reclamos de Bartlett, o de Mario Delgado?, ¿dónde quedó la foto AMLO, el entonces autodenominado “presidente legítimo” sosteniendo una pancarta con la leyenda: NO A LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS? ¡Hoy hasta se extrañan esas voces, esos tweets, esas protestas!

Sin embargo, en estos tiempos lo que impera es la voluntad unipersonal. ¡Lo que diga mi dedito! se sustituyó por: ¡lo que diga mi decreto! Olvida nuestro presidente que sus decretos amén de inconstitucionales están muy por debajo de la voluntad del pueblo al que dice representar (como si se tratara de un vocero único), presente en cualquier norma producto del quehacer legislativo de nuestros representantes populares. Querer perderlo de vista es querer perder de vista el Estado de Derecho.

Aunque suene reiterativo y a veces hasta parezca inútil hay que decirlo: ¡la Guardia Nacional NO puede depender de SEDENA!. La Constitución establece que la Guardia es una institución de carácter civil que estará adscrita a la SSPC. Y aunque no le guste a López Obrador, un decreto suyo no puede estar por encima de la Constitución, ni alterar o modificar lo que la Constitución establece con toda claridad: que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil y que está prohibido que en tiempos de paz las fuerzas militares realicen funciones que excedan la disciplina militar (artículos 21 y 129 constitucionales).

Adicionalmente, según los criterios emitidos por tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por la propia SCJN  cualquier intervención de las fuerzas armadas debe ser: a) Extraordinaria: de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; b) Subordinada y complementaria: a las labores de los cuerpos de seguridad civiles. Sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial; c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad; y d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes e independientes. En suma, nuestro texto constitucional es claro: la Guardia Nacional es una institución de carácter civil. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es clara en cuanto a que la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, debe ser acotada y excepcional. Nuestra SCJN también ha sido clara al resolver que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es contrario al orden constitucional y convencional.

Pero a López Obrador no le importan ni la Constitución, ni las leyes, ni mucho menos le importa el respeto de los derechos humanos de todas y todos. A López Obrador le importa lo que diga su dedito, lo que diga su decreto. Su gobierno está plagado de ocurrencias autoritarias y “justificado” en la ausencia absoluta del respeto institucional. Y, contrario a lo que descaradamente sostiene, gobernar a punta de decretazos es absolutamente autoritario. Frente a los decretazos no queda más que preguntarnos ¿y el principio de reserva de ley? ¿y la división de poderes? ¿y la representación nacional? ¿y el orden constitucional? ¿y los derechos humanos? Vaya donde quedaron sus promesas de campaña en cuanto a la desmilitarización del país.

Es increíble cómo y cuánto han cambiado las cosas, al grado que quienes en el pasado se oponían a la militarización del país hoy la promueven. Que quienes con contundencia señalaban que la solución a los problemas de seguridad en nuestro país en términos del artículo 21 constitucional corresponde a las autoridades civiles y no a las militares, sean quienes hoy pretenden rebasar el texto constitucional por un decretazo. Donde quedó el Bartlett de 2017 que desde tribuna señalaba que la Ley de Seguridad Interior era una “ataque a la libertad de la nación”, claro que él ha olvidado ya sus palabras y pues sus principios los acomoda según los tiempos (o los alquila según diría el gran Quino).

Habría por ejemplo que preguntarle a Mario Delgado, si el número de civiles muertos desde que el ejército está en las calles disminuyó o desapareció manteniendo al ejército en las calles pero siendo ahora tiempos de la 4T. Y seguramente habrá quien diga que es de sabios cambiar de opinión, que López Obrador estando en el gobierno ha visto que la única manera para hacer frente a los problemas de seguridad es a través de las fuerzas armadas, etcétera, pero si bien tanto López Obrador, como sus fieles seguidores tienen derecho a cambiar de opinión; lo que no tienen derecho es a violar descaradamente la Constitución.

La nueva intentona de decretazo anunciada por AMLO es autoritaria y militarista y es un grave atentado a la democracia. El Presidente está violando la división de poderes, los acuerdos legislativos y está violando abiertamente la Constitución y mostrando que él es el que manda y que no tiene interés en respetar la Constitución si a él no le gusta lo que dice. Vaya, hasta parece parte del guión de la Ley de Herodes y podría ser una graciosa coincidencia, si no se tratara de nuestro México actual; y lo que estuviera en juego no fuera la seguridad de todas y de todos.

Como corolario hay que destacar que países como Colombia y Chile están reconduciendo la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y han designado civiles para dirigir a las fuerzas armadas. De ese tamaño las lecciones aprendidas en América Latina y de ese tamaño la amenaza contra la democracia en nuestro país que ha lanzado nuestro presidente cuyas señales muestran cada vez con más claridad que él ha optado por una ruta autoritaria de gobierno y no por una democrática.  ¡Ya basta de golpes a la Constitución! ¡Basta de decretazos! Es hora ya de poner fin a los años de expansión militar al margen de la Constitución.