Aún falta un año y once meses para las elecciones presidenciales de 2024, pero los destapes anticipados han provocado importantes actos de campaña des corcholatas. Algo que más allá de estar en la delgada línea al margen de la ley, significa un costo al erario público, el descuido de la gobernabilidad en funciones y una vergüenza para ciudadanos que requieren de un servicio público eficiente y eficaz.
Dicen que el pez por la boca muere, frase que representa la contradicción de la actual administración que en el discurso siempre se dijo estar en contra del dedazo, pero el destape oficial de las tres corcholatas presidenciales dice otra cosa.
A más de cuatro meses del destape anticipado, las actividades de servidores públicos son cuestionables por estar en actos de campaña, aparecer en propaganda política o llevar a cabo actos proselitistas en eventos públicos, en medios de comunicación y en redes sociales.
Las funciones en cuestión no son menores, se trata de las máximas figuras de la gobernabilidad al interior del país, de la mayor representación ante el exterior y de la gobernanza en la capital. Tres servidores públicos estratégicos que han tomado sus responsabilidades como rehén para fines personales y de campaña política con altos costos.
La delgada línea que separa las actividades políticas que están al margen de la ley hoy está más a prueba cuando se trata de camionetas con la imagen de funcionarios, giras de trabajo en los estados disfrazadas de “encargos internos” y presentaciones de políticas públicas o proyectos de nación. El Instituto Nacional Electoral se ve limitado ante la imposibilidad de detener o sancionar tales actos.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 señala que la percepción mensual bruta aprobada para un Secretario de Estado asciende a 203.4 mil pesos, y según la Plataforma Nacional de Transparencia indica que el de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es de 111.2 mil pesos mensuales. Suponiendo que entre mayo de 2022 y diciembre de 2023 dediquen el 20 por ciento de su tiempo como funcionarios en actividades de proselitismo político, el costo al erario público ascendería a poco menos de dos millones de pesos; sin embargo, ese no es el mayor costo para la ciudadanía.
Y es que el horno no está para bollos cuando se trata de la violencia y la inseguridad en el país, basta mencionar las más de 115.9 mil víctimas entre enero y abril de 2022, 4.5 por ciento más que en el mismo periodo del año previo convirtiéndose en cifra histórica o los más de 414.67 miles de millones de pesos que se estiman en costos directos a empresas y ciudadanos víctimas de la inseguridad.
Tampoco quedan atrás las pifias de la representación de México ante el exterior, tales como la polémica diplomacia con líderes en América Latina, la poco aprovechada relación con Asia y Europa, particularmente con España ante repetidas declaraciones poco afortunadas, y la frívola y distanciada relación con la administración en Estados Unidos, siendo el último foco de atención el proceso de consultas ante el TMEC que si bien es injerencia de la Secretaría de Economía, el rol de Relaciones Exteriores será indispensable.
Movilidad es uno de los principales descuidos en la administración de la capital del país y el mayor ejemplo se encuentra en la falta de mantenimiento al metro de la Ciudad de México en el que se han presentado diversos accidentes y fallas técnicas que se han traducido en la falta de seguridad de los usuarios.
Infortunadamente la narrativa de los descuidos no se limita a tres aspirantes a la presidencia, quienes son los más reconocidos, sino que se amplía a aspirantes en todos los niveles de gobierno para los distintos cargos de elección popular en las próximas elecciones para los años de 2023 y 2024. Elevar los costos directos e indirectos por los descuidos de sus funciones en activo es un monto incalculable.
La democracia en nuestro país es costosa, pero no solo por los costos administrativos y operativos del INE, sino por la pérdida de funciones de servidores públicos que se suman a actos “no oficiales” de campaña. Estas indiscreciones además de ser una burla para la ciudadanía, sirven como distractores para desviar la atención en los verdaderos problemas que aquejan al país: la economía aún no se recupera, la inflación continúa al alza y los impactos en los ingresos de las empresas y de los hogares siguen debilitados.
El autor es Presidente de Consultores Internacionales, S.C.®