Los foros del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados a fin de discutir la reforma constitucional en materia electoral enviada por la presidencia de México son confusos, profusos y difusos. La falta de claridad y contundencia es preocupante en la discusión de un tema tan trascendental para la vida política del país. Urge una mayor promoción y participación incluyente de todos los frentes políticos, de lo contrario la democracia de México estará en riesgo.

El 28 de abril la oficina de Presidencia envío la iniciativa de reforma que, entre otros puntos, busca ahorrar 24 mil millones de pesos y propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), la centralización electoral mediante una sola legislación, la federalización de procesos electorales y la desaparición de organizaciones locales, reducción de consejeros, eliminación de diputaciones plurinominales, reducción de financiamiento y de tiempos políticos en medios.

Si bien la propuesta contiene aciertos en materia de ahorros presupuestales y simplificaciones de procesos, el principal riesgo recae en la centralización electoral democrática del gobierno federal en turno al sacar provecho de su capacidad operativa, financiera y de exposición mediática a nivel nacional.

Precisamente es por ello que, en aras de generar un espacio de discusión y debate, es que se programaron, del 26 de julio al 25 de agosto, 22 foros del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados (similares a los organizados para efecto de la iniciativa de reforma constitucional en materia energética), con la finalidad de que nuestros representantes en el Congreso tomen una decisión informada y oportuna sobre los cambios propuestos.

No obstante, estos espacios de discusión han iniciado con el pie izquierdo. Más allá de hacer a un lado la llamada Austeridad Republicana por el oneroso costo programado de 20 millones de pesos; la carente organización enturbió el arranque del ejercicio en su primera mesa de trabajo por registrar apenas quórum para iniciarlo además de que, ante la ausencia de la oposición, solo se dieron opiniones en favor de la iniciativa de parte de los morenistas.

Por otro lado, la coalición Va Por México inició en el primer fin de semana del mes, sus propios foros en los que incluyó la presencia de los expresidentes del IFE, José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde; así como del actual presidente del INE, Lorenzo Córdova. Hasta el momento se contemplan cinco foros alternativos organizados por la oposición.

Un ejercicio que debiese ser enriquecedor e incluyente se convierte en una oportunidad perdida. Diversas opiniones coincidimos en que la organización de estos foros son más una simulación política que un ejercicio de análisis serio ya que no se llegará a un acuerdo en la Cámara y por ende en Consultores Internacionales, S.C.®prevemos que difícilmente sea aprobada -con o sin cambios- la iniciativa presidencial que busca eliminar al Instituto Nacional Electoral.

Entre los temas más rescatables de la reforma se encuentra la reducción de diputaciones y el techo presupuestal en financiamiento. Actualmente son 500 diputaciones de las cuales se plantea la eliminación de 200 plurinominales; en principio es un aporte adecuado en términos de ahorro y de celeridad de los procesos legislativos, pero también es cierto que en muchas de esas diputaciones hay representaciones mejor preparadas académicamente. No hay ningún ahorro que justifique la falta de preparación y profesionalismo de nuestros representantes, eso debe ser una prioridad.

Sobre el tema de financiamiento, en 2022 fue aprobada la cantidad de 5.54 mil millones de pesos en presupuesto a los partidos políticos, algo exorbitante, pero que más allá de decenas de millones más o menos, el enfoque que debe profundizarse es en la legalidad de las campañas y la transparencia en el ejercicio del presupuesto, pero sobretodo en la procedencia de los recursos. Los financiamientos oscuros deben terminarse para evitar los sobres amarillos de amigos y familiares.

El mayor riesgo es sin duda la falta de pluralidad democrática y la mayor centralización electoral. Si bien es cierto que debe analizarse la existencia de diversos partidos políticos que solo buscan mantener el registro y poco aportan a la pluralidad, lo que no debe permitirse en ningún sentido es la centralización electoral por todas las razones, no solo porque implica una menor capacidad en infraestructura que resultaría en la insuficiencia para desarrollar procesos electorales tan amplios, sino porque también abona a la opacidad del proceso y un mayor control en el resultado.

La reforma electoral y sus foros de discusión son un tema que presume ser tan confuso y tan alejado de los ciudadanos que tendrán poca utilidad para el fortalecimiento de la vida democrática, más aun, pueden convertirse en un retroceso grave, si permiten las carencias y planteamientos centralistas disfrazados de ahorros presupuestales. No vaya a ser cómo dicen que por andar ahorrando unos centavos se terminan gastando los pesos.

El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®