La violencia, particularmente el homicidio, mantienen un alto nivel de incidencia en Guerrero y el clamor para imponer un alto a esta situación lo comienza a enarbolar la iglesia católica en el estado pues también ha sido víctima de la inseguridad y de la impunidad que existe sobre estos hechos.
La respuesta ha sido una mayor presencia policiaca y militar con la cual también se busca blindar a los vacacionistas durante la temporada de verano en los diferentes destinos de la entidad.
Para inhibir y reducir los índices de violencia en esta zona de la región Norte en la que se mantiene una disputa entre grupos rivales del crimen organizado, el 23 de julio la Novena Región Militar desplegó el dispositivo Fuerza de Tarea Regional con la participación de más de 250 efectivos de nueve batallones de infantería, así como de la Guardia Nacional en los municipios de Iguala, Tepecoacuilco, Huitzuco, Atenango del Río y Copalillo.
En este corredor de Iguala a Copalillo, los que miembros de los grupos delictivos La Sierra o Tlacos y la Bandera, han mantenido una fuerte disputa por el control del territorio que en el primer semestre del año dejó 103 personas asesinadas, 73 de ellas en Iguala, el 70.9 por ciento; 16 en Tepecoacuilco; 10 en Huitzuco y cuatro en Atenango, mientras que de Copalillo se mantiene sin reportes.
Esa situación se despliega en mayor o menor medida en otras regiones guerrerenses y la demanda de justicia para los asesinados, y la implementación de políticas de seguridad pública más eficaces en el combate a los grupos delincuenciales, comienza a ser enarbolada por grupos religiosos.
El 23 de julio feligreses de la iglesia del barrio San Francisco efectuaron una marcha en Chilpancingo, para exigir justicia para las personas asesinadas y desaparecidas por la violencia en el estado y el país. Insistieron a los tres órdenes de gobierno que apliquen estrategias de seguridad, para que haya paz y tranquilidad.
Abel Jaramillo Hernández, sacerdote señaló que el motivo de la marcha fue exigir justicia para las personas asesinadas y desaparecidas, por los hechos de violencia y dar fortaleza y paz a los familiares que son víctimas de estos hechos, pero reprochó que luego de más de cuatro años del asesinato de los sacerdotes Iván Añorve Jaimes y Germaín Muñiz García, ocurrido en Taxco, las autoridades de procuración de justicia no ha aclarado el caso, en el que hay nombres y hay sospechas de quienes fueron, pero no se ha aplicado la justicia, “esto demuestra que hay un vínculo del gobierno con un grupo armado”.
Los familiares de quienes son víctimas de la violencia, acuden a las iglesias para pedir consuelo, atención espiritual, desahogo y recibir la palabra de Dios ante la falta de justicia y silencio en las investigaciones agregó
Pidió a los tres órdenes de gobierno que esclarezcan el caso de las personas asesinadas y desaparecidas a consecuencia de la violencia, “que cada quien haga lo que le corresponde para impartir justicia”.
En especial, solicitó al presidente de México, Andrés López Obrador, gobernadores y presidentes municipales, que busquen estrategias para fortalecer la paz y atender el problema de la inseguridad en el estado y país.
Aunque también indicó que los padres de familia son los responsables de educar e instruir a sus hijos, para no irse por el mal camino y no dejarse manipular, “el gobierno no es el responsables de educar a sus hijos, sino ustedes”.
Al día siguiente José de Jesús González Hernández, también prelado, denunció que son muchos los sacerdotes asesinados en un ambiente de violencia e inseguridad, junto con “tantos hombres y mujeres desaparecidos”.
Afirmó que si en todas las parroquias, todas las familias piden por la paz donde hay guerras en el mundo, y aquí en México por la violencia, las oraciones serán escuchadas.
Como parte de la Jornada Nacional de Oración por la Paz, Filiberto Velázquez Florencio, sacerdote y defensor de derechos humanos, ofició una misa por las víctimas de asesinatos y desapariciones en la capilla de la Casa del Peregrino, ubicada a poca distancia del hospital Raymundo Abarca Alarcón.
Consideró que colectivos sociales y religiosos por años han estado alzando la voz son un llamado, un despertar de la institución, debido al asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua.
Sobre el incremento de la violencia a niveles “que no habíamos visto”, señaló que los perpetradores “no tenían a Dios en su corazón. Están manejados por la ambición, por otros intereses, que lamentablemente hacen que el mal se transforme en asesinato y desapariciones”.
Según sus palabras, la propuesta es reconstruir el tejido social desde las diferentes realidades, “las familias saben los que secuestran, de las familias son los que se dedican al narcotráfico. Los sicarios nacieron de una familia y seguramente pasaron por una iglesia. Entonces, necesitamos trabajar más conscientemente para reconstruir los valores, y sobre todo, para que la familia se fortalezca y pueda dar resultado, que no haya tantas personas que se dediquen a la delincuencia”.
Los asesinatos en la entidad se han vuelto una constante y Acapulco continua registrando altos índices al respecto. En lo que va del año se han producido en Acapulco 270 asesinatos.
El 25 de julio Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco dio a conocer la dimisión de Maximiliano Serrano Pérez, como secretario de Seguridad Pública pero añadió: “la salida (de Serrano Pérez) del mando es por una ascenso que se le dio en la Marina y no por actos de corrupción o la investigación por la desaparecidos de dos marinos”.
El 27 de julio tomó posesión de la secretaria de seguridad, Franco Oliva, el capitán de Fragata quien un día antes acudió a la corporación policiaca para reunirse con los directores.