En Guerrero, los grupos de civiles armados autollamados policías comunitarios mantienen acciones violencia y desafío a las autoridades, revelan movimientos preocupantes en el mundo criminal.
Aunque no en la misma proporción en que ocurrió la escalada de violencia en las entidades del norte del país, la violencia que persiste en Guerrero incluye desapariciones, desplazamientos, masacres y brutalidades que puede ser un factor de desestabilización en la entidad.
Una de las situaciones que prende los focos de alarma es lo que se vive en la zona centro, con su capital, Chilpancingo, y la ruta a la montaña, con Chilapa, Atlixtac y las zonas serranas camino a la costa.
El CIPOG-EZ y otros grupos autodefensas han sufrido ataques en las últimas semanas presuntamente por parte del grupo criminal “Los Ardillos”, una de las marcas criminales más longevas de la zona.
Además, las pugnas entre los autollamados policías comunitarios, constituye otro de los focos de tensión.
El 13 de agosto, se registró un ataque armado en contra de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa protagonizado por Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Xochitempa Laguna Seca y de colonia Nuevo Amanecer, en contra de los habitantes de esa comunidad
Clemencia Guevara Tejedor, dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP) afirmó que los hombres armados se posicionaron desde la colonia Nuevo Amanecer y la comunidad de Xochitempa, por lo que se trata de un acto de amedrentamiento a distancia.
Detalló que el tiroteo inició a las 11 de la noche y terminó cerca de las tres de la madrugada, provocando sólo daños al módulo de seguridad que se encuentra en la entrada del pueblo y a una casa cercana.
Aseguró que las agresiones armadas de que han sido objetivo son porque el FDP y los habitantes de San Jerónimo Palantla, no han querido desistirse de las 64 órdenes de aprehensión que derivan del asesinato de más de 38 personas, y 18 desaparecidas, que se han registrado de 2015 a la fecha. “Hay más pueblos afectados por la CRAC-PF y el CIPOG, pero no han querido levantar la voz por miedo a represalias”.
Otro elemento que perturba la paz social en la entidad son las movilizaciones y bloqueos que realiza la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estados de Guerrero (UPOEG) que dirige Bruno Placido Valerio, la cual en las ultimas semana mantiene una confrontación con las autoridades de la Fiscalía General del Estado.
El 16 de agosto, integrantes de esa agrupación, tomaron las instalaciones del Ministerio Público y el Juzgado Mixto de Ayutla, y ampliaron la protesta a los de Ometepec, San Luis Acatlán y Tlapa.
Placido Valerio dijo que el movimiento busca una reunión con Sandra Luz Valdovinos Salmerón, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) “para clarificar quienes somos, y si nos dicen que estamos infiltrados con la delincuencia que nos digan quiénes y que se presenten las pruebas. Los integrantes van a defender el proyecto comunitario y hacerle entender a la Fiscalía que la UPOEG se integra de comisarios municipales, que son auxiliares del Ministerio Público y que no tienen por qué perseguirlos”.
Horas más tarde, la FGE informó que Plácido Valerio está relacionado con el robo a ejidatarios de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec, por hechos ocurridos en el 2013 y cuya orden de aprehensión se expidió en el 2016 en Tlapa, delito del cual ya se tienen pruebas por lo que el dirigente de la UPOEG está vinculado a proceso y resolvió el auto de formal prisión. Los daños ascienden a 59 millones de pesos
Placido Valerio reiteró que existe línea para actuar en contra de la UPOEG
Apenas el 9 de agosto, Plácido Valerio fue detenido por robo y daños específico por una orden de aprehensión en el 2016. El dirigente de la UPOEG fue liberado al día siguiente luego de pagar fianza por el delito de robo y obtener un amparo para la ampliación del plazo para presentación de pruebas en su favor, el cual habría vencido el 15 de agosto.
En su momento Evelyn Salgado, Gobernadora de la entidad respondió que “nosotros hemos sido muy claros que el diálogo siempre va ser con el pueblo; el dialogo está abierto completamente para todas las organizaciones sociales, pero también tenemos una máxima: por encima de la ley nada ni nadie”.
El Estado se enfrenta a un período de violencia sin freno propiciada por el reacomodo de los grupos criminales en la región.
En marzo de este año, la policía estatal localizó seis cabezas colocadas en línea sobre el techo de un coche en Chilapa. A su lado, varias bolsas negras con restos humanos y una lona en la que se advierte de que no se permite la venta de droga, tampoco los secuestros.
El 24 de marzo, fueron tres los cuerpos decapitados que aparecieron en Iguala, en un tramo de carretera hacia Santa Teresa. Eran tres hombres entre 30 y 40 años. A unos metros se hallaron sus cabezas.
El pasado 4 de junio, se localizaron seis hombres en Quechultenango, dos de ellos decapitados, La secretaría de Seguridad Pública del estado concluyó que se debe a una pugna entre los grupos delictivos” Los Ardillos” y el de “La Sierra”.
En un principio se manejó que era un conflicto de tierras, pero según las investigaciones de inteligencia es a causa del enfrentamiento entre estos dos grupos criminales.