En el programa de información y propaganda gubernamental que conduce casi cotidianamente el presidente de la República del lunes de esta semana —fecha en que escribo—, sin mayor contexto que su propia falta de orden temático, el país fue testigo de una de las expresiones más graves y peligrosas del inquilino de Palacio Nacional:

“Y además les adelanto…, que ya por acuerdo de la Presidencia (sic) pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa (sic) a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. (Se refiere a su anunciada iniciativa de modificar la Constitución en ese sentido y que no se ha presentado). Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo”.

En pregunta de seguimiento de la periodista Dalila Escobar de la revista Proceso, sobre la interpretación del Ejecutivo a tomar decisiones mediante decretos o acuerdos y no por la vía del Poder Legislativo, Andrés Manuel López Obrador respondió: “Sí, porque si no, violo la Constitución, que no lo voy a hacer nunca. No hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar.” Y luego vino la andanada contra las oposiciones a sus propuestas.

Me disculpo por las amplias transcripciones, pero me pareció indispensable, y si bien lo revelado implica una intención presidencial todavía no cristalizada, no parece haber capacidad ni rigor entre sus colaboradores para explicarle o convencerlo del enorme despropósito de actuar en contra de textos expresos de la Constitución que lo rigen y lo limitan.

Veamos como el presidente la República simula conducirse dentro del orden constitucional y en realidad pondera el alcance de las violaciones en las cuales piensa incurrir con cargo a que quienes se oponen a sus deseos forman parte del polo opuesto a su planteamiento y carecen de razones e incluso de sustentos constitucionales:

(i) mediante acuerdo presidencial transferirá la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El artículo 21 de la Ley Suprema —párrafos undécimo y duodécimo— ordenan una institución policial civil, así como su adscripción a la Secretaría del ramo en materia de seguridad pública y los reglamentos, decretos, acuerdos y demás órdenes presidenciales se sujetan a las facultades que tiene expresamente conferidas y cuya esencia es su apego a la Constitución y las leyes (artículos 87, 89 fracciones I y VII y 92);

(ii) a través de la palabra del Ejecutivo se pretende dar carácter de normalidad a lo que prohíbe la Constitución, pues el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas confiesa que la “cuestión operativa (de la Guardia Nacional) está (ya) a cargo de la Secretaría de la Defensa”, cuando el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional que creó la nueva institución de seguridad pública de la Federación (DOF del 26 de marzo de 2019) establece que la coordinación operativa interinstitucional estará formada por sendos representantes de las secretarías de los ramos de seguridad, defensa nacional y marina; y

(iii) mediante la sola satisfacción de sus deseos –ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo– se soslaya el acatamiento de la Norma Suprema, pues el poder revisor de la Constitución no lo contiene (artículo 135), ni la prohibición para que en tiempos de paz los militares asuman tareas distintas a las relativas a las propias de la función castrense (artículo 129).

Parecen demasiado nítidas, flagrantes y contumaces las violaciones que anuncia el presidente de la República a la Ley Fundamental. ¿A qué se deberá esta actitud?

¿Será el ingenio de sus asesores y consultores jurídicos —hasta ahora en gran duda— para darle la vuelta a la Norma Suprema? ¿Pensarán que pueden ubicar a la Guardia Nacional en el ámbito militar y amparar sus tareas de seguridad pública en el artículo quinto transitorio de la reforma de 2019, que permite utilizar para ello a las Fuerzas Armadas hasta el 26 de marzo de 2024? De ser así, por tan corto tiempo, ya es mucho desgaste y además el precepto las subordina a la autoridad civil.

¿Será que la Secretaría de la Defensa Nacional se bifurcaría para contar con un ámbito castrense —Ejército y Fuerza Aérea— y otro civil —Guardia Nacional—, a fin de mantener un cuerpo policial con disciplina “militarizada” y prevenir quebrantos a su integridad? De ser así, las inconstitucionalidades aludidas subsisten y lejos de crearse una institución civil, se prolongaría la función policial en manos y criterios militares.

¿Será que ante el hartazgo de la población por la incapacidad de estos casi 4 años para recuperar condiciones de seguridad pública en favor de la sociedad, así como el control del territorio que han tomado para sus actividades ilícitas diversos grupos de la delincuencia organizada, se piense en una opinión ciudadana mayormente inclinada a la “mano dura” y ésta parece más acreditable en el ámbito castrense? Es la premisa más peligrosa, porque marca una disposición implícita a la limitación e incluso la pérdida de derechos y libertades de las personas, a cambio de que cese la incertidumbre generada por las bandas delincuenciales de toda índole.

Su derivación más riesgosa es la aceptación de un gobierno militar-policial que no mide la eficacia del Estado para que la seguridad sea garante de libertades, sino la limitación de éstas como medio para brindar seguridad.

¿Será que para empezar a desandar el problema de la confrontación con los socios del tratado de comercio e inversión de América del Norte (T-MEC) por las consultas que solicitaron los Estados Unidos y Canadá al considerar un trato discriminatorio para sus empresas en el sector energético y, particularmente, de la electricidad ante las empresas productivas del Estado mexicano en ese ámbito económico, era necesario generar una polémica interna de gran magnitud? De estridencia en estridencia y de conflicto en conflicto no se generará la certidumbre y la tranquilidad que requiere un trabajo cotidiano en todos los ámbitos. Cuando se crean problemas no puede asegurarse que no habrá daños.

Durante su gestión, el presidente López Obrador ha violado la Constitución en forma constante y contumaz. Goza de un régimen de impunidad en esa materia y la reforma para retirarle el “fuero” no fue sino un engaño para las personas distraídas, pues garantiza que el Ejecutivo actual no sea sujeto de ninguna responsabilidad.

Llama fuerte y negativamente la atención la ausencia de reflexión y acción consecuente en el Alto Mando y los mandos superiores del Ejército. A todas luces la incorporación por acuerdo presidencial de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional constituye una violación al orden jurídico nacional.

Vale pensar que se prefiere la obediencia al Comandante Supremo, al cumplimiento de la Constitución y la protesta para actuar en ese sentido. Y también en que la probable acumulación de responsabilidades administrativas e incluso penales y políticas por la falta de voluntad para crear la Guardia Nacional como una institución civil, sea la fuente de la disposición para violar la Ley Fundamental.

En un gobierno de pulsiones autoritarias, la militarización “completa” de la seguridad pública y otros campos de la gestión gubernamental hacen temer las pulsiones totalitarias.