El 26 de septiembre de 2014, desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. En los días siguientes, las autoridades de entonces construyeron lo que entonces se llamó “La Verdad Histórica”; es decir una explicación en donde se afirmaba que los estudiantes habían sido secuestrados por narcotraficantes, apoyados por la policía de Iguala, y habían sido asesinados. Los cuerpos de los jóvenes, según aquella versión, habrían sido incinerados en un basurero situado en Cocula, de las mismas cercanías.
Aquella explicación, a pesar de sus complejidades y una lógica convincente en el corto plazo, dejó muchas dudas y éstas crecieron con el transcurso del tiempo. Los cuestionamientos comenzaron a notarse cuando se comprobó que las confesiones de los supuestos culpables habían sido obtenidas con el recurso de la tortura. Este elemento invalidó incluso algunos avances que indiscutiblemente se habían alcanzado y la “verdad histórica” se transformó en una verdadera trampa en la que la primera víctima fue la verdadera justicia.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su condición de candidato a la Primera Magistratura del país había prometido esclarecer aquellos trágicos acontecimientos de 2014. En consecuencia, al asumir el cargo de Presidente, formó una comisión especial para cumplir con la promesa y los resultados positivos se alcanzaron hace pocos días. Es muy claro que queda sin validez la llamada “verdad histórica”, pero el gobierno actual ha tenido la prudencia de no hablar de una nueva verdad definitiva. El asunto que nos ocupa tiene todavía diversas vertientes que han de recorrerse.
A este respecto, quisiera hacer algunas consideraciones. En primer lugar, falta saber por qué desaparecieron los estudiantes de Ayotizinapa. Para que exista un evento de tales dimensiones debió haber alguna razón, o alguna sinrazón, que explique los acontecimientos en los que fueron víctimas los jóvenes normalistas. Aquí las hipótesis son múltiples y la anulación de lo que se había supuesto nos lleva a nuevas interrogantes que es necesario atender. Si las hipótesis se vinieron abajo es necesario substituirlas de inmediato.
En segundo lugar, y eso es lo más importante, a donde llevaron a los hoy desaparecidos. Si no se ha comprobado su muerte y su correspondiente cremación, es claro que están en alguna parte, sea cual sea su circunstancia actual.
En tercer término, es vital encontrar a todos los delincuentes. Si los culpables no eran los que se señalan en la “verdad histórica” habrá necesariamente otros. Es necesario, en consecuencia, continuar con la búsqueda en todos los sentidos. La verdad seguramente está más cercana que antes.
Considero que el Presidente no ha dicho que fue un crimen de Estado. No lo ha dicho porque es respetuoso de la autonomía de la autoridad ministerial y, además, porque han aparecido los encubridores, pero todavía no los culpables, qué pueden ser los mismos o no. Cometer un delito es grave y encubrirlo también, pero es necesario que todo quede aclarado.
Finalmente, no podemos festejar que se compruebe que fue un crimen de Estado. En realidad habíamos pensado que las instituciones, que no son un partido político ni un grupo gobernante, ya se habían transformado. Llegamos a pensar que la consigna de “¡mátalos en caliente!” se había invalidado hace más de un siglo. No podemos celebrar que su impronta permanezca. No podemos celebrar que con un crimen de Estado todos los mexicanos perdimos mucho. Las familias aún esperan a sus muchachos.
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