El informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa presentado el 25 agosto y las órdenes de arresto giradas en contra de algunos funcionarios del sexenio pasado, motivó reacciones de incredulidad entre quienes demandan el esclarecimiento de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014. Se deja entrever que no satisfizo a las expectativas que se tenían.
El 22 de agosto, estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa bloquearon la autopista México-Acapulco, a la altura de Chilpancingo, Guerrero, repartieron volantes a los automovilistas, en los que rechazaban los resultados presentados por la Comisión para la Verdad.
El Comité Ejecutivo Ricardo Flores Magón, y la Sociedad de Alumnos de la Normal Rural “Isidro Burgos” a través de un video repudiaron que el gobierno sostenga que no hay indicios de que los 43 estudiantes sigan con vida, sin mencionar un posible paradero, sólo la necesidad de seguir con la búsqueda y las indagatorias.
La Fiscalía General del Estado posee documentos inéditos que servirían de mucho dentro del caso, y exigieron que los haga públicos. “Exigimos a todas las instancias gubernamentales hagan lo que les toca por esclarecer los hechos, no queremos una verdad histórica, queremos saber qué pasó con nuestros compañeros”.
Tanto el gobierno anterior como el actual no quieren identificar a los responsables de los crímenes de Estado cometidos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Anticiparon la continuación de sus acciones por la verdad y la justicia y reiteraron su compromiso con los padres y madres. Además, plantearon la exigencia de arresto en contra de Enrique Peña Nieto, ex presidente porque sabía todo lo que estaba pasando el 26 de septiembre y no hizo nada por evitar la desaparición de los normalistas.
Si bien se reconoce que militares y policías ministeriales obstaculizaron el acceso a verdad, también dice que se realizaron acciones de búsqueda en siete municipios del estado con más de mil restos óseos localizados, pero no precisan que resulta insuficiente el material genético para identificar personas.
Además, la infiltración de militares en la escuela como estudiantes, confirma el monitoreo del gobierno a las actividades de los estudiantes, así como la participación directa de Sedena, Marina, Policía Federal y al menos 33 personas de altos mandos de gobierno, aparte del grupo delictivo Guerreros Unidos, que “conformaron una red de vínculos entre grupos delictivos y el gobierno que trabajaron de manera coordinada para desaparecer estudiantes”.
El informe corrobora la tortura a 77 personas que testificaron en el caso, el asesinato de 20 testigos claves, y el autobús que trataron de ocultar de la verdad oficial, el cual fue llevado de Iguala hacia Morelos, además los nulos esfuerzos de búsqueda de sus compañeros detenidos, y que hay 33 nuevos implicados del gobierno.
Los derechos humanos de las y los guerrerenses se encuentran en mayor riesgo, por la impunidad con que actúan amparados por el respaldo presidencial como consecuencia de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y tras “la entrega del poder civil al Ejército” sostuvo el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que fueron víctimas de una estrategia acciones por parte gubernamental, para provocar el terror y justificar la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública como estrategia de contrainsurgencia con la participación de los agentes estatales en sus tres órdenes; presidente municipal, policías municipales, policías estatales, policías federales, Ejército y narco paramilitares.
Para Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan) y asesor de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, la de Murillo Karam no es la detención principal porque hay más autores directos contra los cuales tendría que actuarse. El gobierno tiene que continuar con más acciones penales para profundizar en la investigación.
Lo deseable es que estas detenciones puedan ayudar a esclarecer a cabalidad dónde están los estudiantes, “de tal manera que se les ofrezca la verdad a las madres y padres de los 43 estudiantes, eso es lo que nosotros esperamos” siguió diciendo.
En su opinión, hay muchos más involucrados contra los que tendría que ejercitarse acción penal y el gobierno federal tiene que actuar, “tiene que hacer y concretar las acciones penales porque si no de nada nos sirve el informe, sería meramente declarativo por lo mismo tiene que cerrarse el círculo con acciones penales concretas y seguirse con las acciones penales pendientes”.
El informe sobre Ayotzinapa señala que entre las 26 personas que han fallecido o que han sido ejecutadas y que se encontraban “vinculadas” al caso, aparece Pablo Morrugarres Parraguirre, reportero de nota roja y director del portal PM Noticias, el 2 de agosto de 2021 junto al policía estatal que lo custodiaba, al contar con medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Además de Nelson Andrés Chávez Landa, ex secretario particular de Antonio Jaimes Herrera, alcalde Iguala (2016-2018) el 8 de junio de 2021, y el ex policía ministerial Rey David Hernández Flores, asesinado el 9 de enero de 2019.
De las personas fallecidas vinculadas al caso a lo largo de la investigación, se hace referencia a “26 personas claves” que han sido ejecutadas, o que han fallecido en accidente o muerte natural, “algunos de los cuales colaboraban con la investigación”.
Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de la entidad, no solo negó participación alguna en la reunión convocada por Jesús Murillo Karam, ex procurador de la República, para la construcción de la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa sino que argumentó que Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, intentó involucrarlo “a toda costa como miembro de la delincuencia organizada”.