Pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional junto con todas las atribuciones que le ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador al ejército, constituyen un verdadero golpe de estado contra una república civil.

No tiene mayor importancia si AMLO tenía planeado esto desde antes de ser presidente.

Tampoco el asunto se constriñe a una estrategia para combatir a los narcos. Esa estrategia fracasó con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto y también con Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, ese no es el tema fundamental del inmenso poder que le ha dado el presidente actual al Ejército. Tan no lo es, que aunado a la sumisión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa -para lo cual , por cierto, el presidente ha recurrido a todo tipo de maniobras, como una campaña contra el presidente del PRI para quebrar el bloque opositor, recurriendo al chantaje más vil – durante estos años se le han otorgado a las fuerzas armadas una cantidad de funciones: construcción de tramos de la Ruta Maya; administración del Banco del Bienestar; manejo de los Puertos y las Aduanas; distribución de medicamentos, construcción y administración del Aeropuerto Felipe Ángeles; control y represión de los migrantes; contratos otorgados sin licitación de múltiples obras bajo la consideración de que son de “seguridad nacional”; discursos de homenaje al ejército por considerarlo “pueblo vestido de verde; defensa de las actuaciones del ejército durante el Movimiento del 68 porque actuó en defensa “ de las instituciones” y sus miembros pueden ser “inscritos en un Muro con nombres de las víctimas; admitiendo la llamada teoría de “los dos demonios”, que coloca a las víctimas de los crímenes de Estado al mismo nivel que los victimarios y cada día más la intervención abierta de los altos mandos del ejército, criticando a los opositores del gobierno calificándolos de actuar con fines mezquinos contrarios al interés nacional”, como lo ha hecho en éstos días el General Secretario..

Todo ese panorama tiene muchos rasgos de golpe de Estado, donde los poderes civiles, con cada vez más débiles y se les coloca entre los “enemigos opuestos al pueblo y sometidos a los conservadores”.

Para conseguir sus fines de fortalecimiento del ejército, el presidente recurre a la presión contra los partidos opositores, acude al chantaje y amenazas contra ciertos jefes de esos partidos con abrirles proceso ante la Fiscalía General de la República, si no aprueban sus iniciativas, como la que está en curso para ampliar 5 años la operación de la Guardia Nacional bajo el mando y administración de la SEDENA.

Mientras descalifica al poder judicial y se dice que la “mayoría de sus integrantes son corruptos” para presionar a los magistrados de la Suprema Corte para votar a favor del mantenimiento de la prisión preventiva, al ejército se le exalta y se le pone como ejemplo en su “servicio a la patria”.

También se ofende al poder legislativo, se maniobra para voltear el sentido del voto de las fracciones de diputados de los partidos opositores, contrastando con los sistemáticos discursos de veneración “al pueblo uniformado”.

Se está llegando al extremo grotesco de realizar bailables populares, como la guelaguetza mezclando a mujeres civiles con mujeres militares.

Por todas partes se promueve una imagen heroica de las fuerzas armadas, al mismo tiempo que se difama a los críticos de todo tipo. Esas agresiones, se hacen desde el inmenso poder presidencial en la poderosa tribuna de la mañanera. Es un discurso o narrativa hegemónico. El ejército es el defensor de la patria y las instituciones republicanas y sus integrantes son “los enemigos del pueblo bueno”.

El presidente no deja de atacar a periodistas, intelectuales, conductores, movimientos sociales, civiles y culturales de todo tipo. Tanto a sus críticos liberales o incluso de las derechas como a los movimientos feministas, ambientalistas, estudiantiles, de padres de familia defensores de sus hijos sin medicamentos, a los campesinos y grupos indígenas opuestos a sus proyectos faraónicos, a todos se les pone en un mismo saco: el de enemigos de los intereses nacionales, aliados a los poderosos.

Se ataca a todos los críticos como defensores de los “ricos”, mientras el gobierno se exhibe con los grandes magnates de los mayores capitales y les otorga canonjías mediante obra pública de grandes contratos millonarios e incluso se les “condona” en la práctica el pago de adeudos de miles de millones al SAT. Es un discurso esquizofrénico.

Es el típico discurso de “hágase la voluntad divina en los bueyes de mi compadre”.

Se proclama “la austeridad franciscana” al mismo tiempo que altos funcionarios del gobierno y sus familiares exhiben sus riquezas y sus prácticas obscenas de poder.

“No somos iguales” dice todo el tiempo el presidente, pero premia a los gobernadores del PRI con embajadas y altos puestos, si se doblegan a él. Parece que hay una norma: hueso para los que se someten o amenazas de cárcel para los que se mantienen en la oposición.

Vulnerar, descalificar y construir rutas para acabar con organismos autónomos, como el INE y someter a los senadores, diputados y jueces que no aprueban las propuestas del presidente, al mismo tiempo que se le da un inmenso poder a las fuerzas armadas y específicamente al ejército se está convirtiendo en un auténtico golpe de estado militar operado y conducido por el presidente.

Una aberración aparentemente imposible, pero muy cercana la realidad, debido al comportamiento autócrata del presidente Andrés Manuel López Obrador.