Entre los dramas que viven habitantes de Guerrero, se encuentra el del desplazamiento forzado. Aunque existen quejas por omisiones del actual gobierno estatal, se trata de un problema que se vive desde hace décadas. En un principio fueron resultado de acciones arbitrarias de caciques en colusión con cuerpos policiacos, militares y hasta de matones a sueldo para despojo, saqueo de territorios.
En la actualidad el problema se complica por las acciones violentas de bandas del crimen organizado que buscan control territorial sobre zonas de cultivo y trasiego de enervantes y de las personas para trabajos forzados.
El 6 de septiembre, estuvo en Guerrero Cecilia Jimenez-Damary, Relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de las Naciones Unidas (ONU) ante la cual, a puerta cerrada, diversos grupos expusieron que en esta entidad hay más de 20 mil desplazados con lo cual se convierte en el estado con más desplazados en el país y solo el 80 por ciento es reconocido por las autoridades en condición de víctimas.
En agosto, a través del de los programas estatales de Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, se invirtieron 4.3 millones de pesos para generar condiciones de bienestar y seguridad a familias desplazadas. Evelyn Salgado, gobernadora de la entidad hizo entrega de apoyos prioritarios sociales y productivos.
Pero el problema es de un fondo mayor. De acuerdo con los datos de la secretaria de Gobierno guerrerense, se atiende a once grupos de personas desplazadas, reasentadas y retornadas en Guerrero.
Son 479 familias víctimas, con un total de mil 723 personas de los municipios de Coyuca de Catalán, Zitlala, Chilapa de Álvarez, Apaxtla de Castrejón, San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo y Zirándaro de los Chávez y adicionalmente, se tienen seis grupos de familias desplazadas de los municipios de Chilpancingo de los Bravo, Atoyac de Álvarez y José Joaquín de Herrera.
De 2013 al 2016 se presentaron desplazamientos en al menos 30 comunidades de 20 municipios de los 81 que integran el estado. Entre los municipios con desplazamientos masivos se encuentran Acapulco, el destino turístico más conocido de México. En la zona Norte sobresalen Apaxtla, Iguala, Teloloapan, Taxco y Huitzuco.
En la Tierra Caliente Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan, Pungarabato, Zirándaro, Ajuchitlán del Progreso y Tlapehuala; en la zona Centro aparecen Chilpancingo, Tlacotepec, Leonardo Bravo, Tierra Colorada. En la Costa Grande, Tecpan de Galeana, Benito Juárez, Coyuca de Benítez y Atoyac. En la Montaña baja Chilpa y Zitlala. En la Montaña Alta Zapotitlán Tablas, Metlatonoc y Cochoapa el Grande.
Se trata de un fenómeno que se da lo mismo a nivel de comunidades completas o de familias que han sufrido algún secuestro, alguna extorsión o les han asesinado a algún familiar.
En las últimas décadas los desplazamientos forzados internos están íntimamente relacionados con la presencia de los grupos del crimen organizado que ha logrado incrustarse en las estructuras del poder público, estableciendo nexos con funcionarios estatales y municipales.
En los municipios de Tierra Caliente y Región Centro se encuentra el cinturón de oro del estado de guerrero. En estas zonas hay miles de hectáreas que están concesionadas a empresas mineras de varios países del mundo como China y Canadá. Estas vetas han propiciado una disputa férrea entre los diferentes grupos del crimen organizado para tomar el control del territorio.
Durante 2021, se registraron enfrentamientos en Tierra Caliente los cuales provocaron desplazamientos masivos en los municipios de Zirándaro de los Chávez, Coyuca de Catalán, San Miguel Totolapan y Leonardo Bravo todos ellos vinculados a las actividades del narcotráfico.
Adicionalmente la actividad económica, en particular la minería, también incide en la generación de desplazados, se por la contaminación o porque la generación de esa riqueza vuelve a empresas y comunidades víctimas del asedio criminal.
Pero también hay problemas de orden jurídico. La Ley General de Víctimas no contempla de manera amplia en el caso de los desplazados. No existe una Ley General de Desplazamiento Forzado Interno, a pesar de que este año los diputados federales aprobaron esta ley, pero se atoró en el Senado de la República.
Además, se carece de un padrón confiable que permita determinar la cantidad, la identificación completa y los puntos de origen de quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares.
La mayoría de ellos lo que reclama son garantías para vivir en sus poblaciones y la restitución de sus pertenecías, más que la reubicación en municipios diferentes a donde radicaban.
Las acciones del actual gobierno estatal durante el periodo de octubre de 2021 a junio del presente año, consisten en la entrega de un total de mil 812 despensas, así como colchonetas, cobertores, paquetes de limpieza, material didáctico escolar y de oficina, consultas médicas y psicológicas, medicamentos del cuadro básico, paquetes lúdicos, información sobre vacantes en la bolsa de trabajo y empleos en empresas agrícolas, así como el levantamiento de datos para programas sociales y de asistencia social.
Como beneficios prioritarios a las familias víctimas, se entregaron láminas galvanizadas, cemento, tablas, polines, tinacos, mangueras y algunos proyectos productivos, así como equipo para la instalación de una Fábrica de Bloques de Concreto, así como para un Taller de Costura con la finalidad de generar las condiciones adecuadas de bienestar que permitan reconstruir el tejido social para ser reintegradas a la vida productiva del estado de Guerrero.