La Fundación Barra Mexicana, organizó el dos de septiembre el encuentro “La independencia de la judicatura y de la profesión jurídica en México” con la participación del relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados; Diego García Sayán, a propósito de la presentación del Informe de Naciones Unidas “La protección de los abogados contra las injerencias indebidas en el ejercicio libre e independiente de la profesión jurídica”. No puedo imaginar un momento más oportuno para celebrar este importante encuentro en nuestro país, que éste.

En México existe un clima generalizado de violencia, impunidad y violaciones a los derechos humanos que conllevan graves afectaciones al orden democrático y a los componentes de dicho orden. Al respecto, el Estado Mexicano ha reconocido que 97 activistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados bajo la actual administración, desde el 1 de diciembre de 2018. Las autoridades afirmaron que el 90% de estos delitos aún no han sido sancionados. En tanto, durante el mismo periodo se registraron 34 asesinatos de periodistas. Junto con el entorno de violaciones descrito, en nuestro país existen numerosas agresiones en contra de defensores de derechos humanos, quienes ponen su vida e integridad en riesgo con tal de proteger un gran espectro de derechos que deberían reconocerse como inherentes a toda persona y ser efectivamente salvaguardados por el Estado. Me refiero a los derechos a la vida, a la integridad, a la salud, la alimentación, al agua, a la propiedad y el dominio de la tierra, a un medio ambiente sano, entre muchos otros. Como parte de dicho contexto, lamentablemente se dan también numerosas agresiones en contra de profesionales del derecho, de abogadas y abogados que ejercen la representación o defensa de particulares en diversos tipos de causas.

Ante este fenómeno, la pregunta obligada es: ¿cómo podemos detener estás agresiones y garantizar la seguridad de nuestros colegas en todo el país? Desde luego, la obligación es en primer lugar del Estado Mexicano. El Estado debe proteger a su ciudadanía y proveer seguridad, para que cada uno de los profesionistas del Derecho puedan ejercer la abogacía en paz y sin injerencias de parte del poder estatal o de poderes fácticos. Además, el derecho a la defensa es un derecho fundamental, que forma parte esencial del debido proceso, y por ende del Estado de Derecho y del orden democrático. En segundo lugar, los colegios de abogacía tienen un papel fundamental que tomar en la denuncia y visibilización de las agresiones, así como en la demanda colectiva de mejor actuación de parte del Estado para proteger la seguridad del gremio y, en términos generales, en “la defensa de la defensa.” Sobre este punto, la colegiación obligatoria o regulada sería de gran utilidad. Asimismo, se deben desarrollar instrumentos normativos que permitan definir claramente qué es la defensa de la defensa, cuáles son sus alcances, a quiénes protege y con qué recursos se atenderá esta problemática. Para que posteriormente puedan diseñarse e implementarse políticas públicas, junto y en consulta con las organizaciones de agremiados de la profesión jurídica, que permitan la protección efectiva de la abogacía. Con garantías claras de protección. Para inspirar este desarrollo normativo, existen importantes trabajos e informes como el  de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que ha desarrollado diversos instrumentos como: la Ficha informativa 29; o el “Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos relativo a su misión a México” del 16 al 24 de enero de 2017. En el ámbito interamericano, desde el año 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuenta con una Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia. Así, al resolver el Caso Digna Ochoa vs. México en 2021, la CIDH ordenó al Estado Mexicano “crear e implementar a nivel federal, en un plazo no superior a dos años, un protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos, que tengan en cuenta los riesgos inherentes a su labor, que exija un examen exhaustivo de la posibilidad de que el ataque esté motivado o vinculado a la promoción de los derechos humanos de la víctima, con perspectiva de género y de etnia.”

De manera paralela, tanto Colegios como las autoridades, deben trabajar cuanto antes por generar datos claros sobre agresiones a profesionistas jurídicos en nuestro país. Urge visibilizar el problema, para poder atenderlo. Es necesario poder cuantificar la problemática, para evaluar los riesgos y atender las necesidades de seguridad que enfrenta la abogacía mexicana. Sin pasar por alto la complejidad de recabar dicha información, ya que en el contexto mexicano la violencia además de física, se da también por medio de amenazas o persecución, incluso desde las más altas esferas del gobierno. El Observatorio Internacional de Abogacía (OIAD), lidera un esfuerzo por generar bases de datos que monitoreen y registren las agresiones sufridas por los profesionistas del Derecho a nivel global. Sin embargo, a la fecha, no se identifica una sola base de datos de origen mexicano, ya sea pública o privada, que desagregue el número de agresiones sufridas por la abogacía, de manera que permita identificar cuántos profesionistas sufrieron injerencias o amenazas sobre su vida, su integridad personal, su seguridad, su libertad o su patrimonio, en razón de su profesión. Ahí está la clave: debemos generar parámetros que permitan identificar si las agresiones fueron en razón de su profesión. Porque hasta ahora solo se ven datos aislados, que llegan a nosotros más que por fuentes oficiales, por medio de la denuncia de diversos colectivos que forman parte del gremio y que claramente demuestran un entorno grave de violencia en estados como Puebla, Veracruz, Michoacán, Morelos, Guerrero, Jalisco y Baja California.

Para atender esta problemática, será sumamente útil revisar y tomar como base lo que ha sido desarrollado por instancias internacionales en torno a la necesidad de proteger la defensa de los derechos humanos. Pero no debemos considerar que el tratamiento es necesariamente el mismo. Existen numerosos casos en que quien ejerce la defensa de uno o más derechos humanos no es profesionista del Derecho; aunque en muchas ocasiones se ven obligados a aprender el Derecho, así sea de forma autodidacta, para poder ejercer la defensa de derechos humanos con eficacia.

En México, existe además, un fenómeno lamentable que, sin duda, tiene cierto grado de similitud con la violencia que enfrentan tanto periodistas como defensores de derechos humanos y la abogacía. Me refiero al hecho de que la autoridad, en concreto el titular del ejecutivo federal, lejos de ser accesible y mostrar una respuesta rápida y contundente, ataque a la abogacía desde su posición de poder; incluso desde sus mañaneras; lo que por supuesto en nada abona para reducir el clima de violencia que se vive en el país. Que el Presidente denosté, insulte e inclusive publique nombres de personas juzgadoras, de abogadas y abogados o les identifique públicamente como traidores a la patria, opositores o rivales políticos, por el simple hecho de defender causas que en algún punto se contradigan con una política o con el programa de gobierno, deja a la abogacía desamparada de la protección estatal frente a la violencia. Porque todas estás agresiones inician en algún punto con la descalificación, las amenazas, y el hostigamiento desde el poder, sea público o fáctico, seguido en muchos casos de persecución política, el encarcelamiento o la privación de la libertad y en última instancia, en los más lamentables casos, la pérdida de la vida. La defensa de la abogacía, y en concreto la garantía de su inmunidad, es primordial para el orden democrático en tanto salvaguarda la vida, la integridad, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las y los profesionales del Derecho, y permite que el ejercicio de la profesión jurídica sea independiente de poderes fácticos. Esto abona a la consolidación del Estado de Derecho y a la defensa de derechos y libertades, en condiciones de igualdad sustantiva. Porque una defensa de derechos, requiere que los derechos del defensor sean a su vez defendidos. Sin pasar por alto que los profesionales del Derecho no deben ser identificados con sus clientes.

¿Qué debemos hacer y por dónde debemos empezar? Debemos empezar por desarrollar un marco institucional robusto que establezca garantías claras y, en términos generales, regule el ejercicio de la profesión jurídica en un marco de libertades que fomente el profesionalismo y la rendición de cuentas. Adicionalmente, se deben elaborar e implementar protocolos que permitan identificar situaciones de riesgo y saber cómo reaccionar una vez cometidos los hechos que pongan en peligro o atenten contra la persona defensora. Igualmente, hay que establecer sistemas de indicadores, que generen datos e información, que permitan cuantificar esta problemática social y más adelante evaluar las soluciones que sean implementadas. Igualmente, hay que crear mecanismos de garantía y protección, que comprendan recursos suficientes para la prestación del servicio de protección por parte del Estado, y para la capacitación de juzgadores, autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia, abogadas y abogadas. Todo esto de la mano con las Asociaciones de profesionistas del Derecho. Acompañando dichos cambios del fortalecimiento generalizado del Estado de Derecho y el combate a la impunidad.

En tanto, la abogacía del mundo y de México debe permanecer unida, para salvar con éxito los embates del poder público y fáctico, por la garantía del orden jurídico y el Estado Constitucional Democrático y de Derecho.