Como se reflexiona muchas veces ante las diferencias que pueden tenerse en la normatividad aprobada por la cámara de origen en un sistema bicameral con atribuciones legislativas compartidas, “para eso está la cámara revisora”. Existe una oportunidad para discrepar, modificar o rechazar. Esta semana la Cámara de Senadores ocupó la atención de la sociedad por la forma en que ha desempeñado la función revisora ante la minuta que propone reformar el artículo quinto transitorio del Decreto de modificaciones constitucionales de 2019 para el surgimiento de la Guardia Nacional como institución policial civil de la Federación.

Se ha abierto un espacio para la mayor reflexión y la eventual construcción de acuerdos entre los integrantes de los grupos parlamentarios de la mayoría oficial y de las oposiciones para determinar la suerte de lo aprobado en la Cámara de Diputados. ¿Qué ocurrió? Si 43 integrantes del Senado (un tercio de su conformación) rechazan la minuta, ésta debe devolverse a la otra cámara para que allí se defina si insiste en su propuesta, la modifica y la retorna a una nueva consideración del Senado o se allana al rechazo de éste.

Ante esa posibilidad, la mayoría de Morena y sus aliados optaron por retirar el dictamen a discusión que proponía aprobar en sus términos los textos remitidos desde San Lázaro y abrir un tiempo -el Reglamento del Senado lo limita a diez días hábiles- para buscar entendimientos que conduzcan a un texto viable en ambas cámaras. Está claro que el acuerdo al que se arribó en la Cámara de Diputados no había sido realmente explorado en el Senado. Ahora será el reto de la vuelta.

Desde luego que la cuestión de fondo que salta a la vista, es el incontenible clima de inseguridad que impera en el país, particularmente marcado en algunas regiones. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es un fracaso indudable; la formación de la nueva institución policial civil es una ilusión, porque se recluta y se forma con criterios castrenses y no policiales, al tiempo que el control real y ahora legal se ha conferido al Alto Mando del Ejército, y los resultados de la actuación de ese personal en tareas de prevención del delito y actuación ante su comisión son nimios frente a la incidencia delictiva que revela el ilícito con menor cifra negra: el homicidio.

Hay otra cuestión de fondo en lo aprobado por la Cámara de Diputados: el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo quinto transitorio de la reforma de 2019 y otras de sus disposiciones hermanas. Resalta la evasión a que las Fuerzas Armadas realicen las tareas de seguridad pública que disponga el presidente de la República, con apego a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se inscribieron en ese precepto.

No hay acreditación alguna que conozca la opinión pública -y, desde luego, no me refiero a la información que deba reservarse en torno a la naturaleza de sus funciones y estrategias- sobre su actuación extraordinaria (ante qué condiciones fuera de lo ordinario), regulada (bajo qué normatividad), fiscalizada (con base en qué supervisión civil), subordinada (bajo qué institución o mando civil) y complementaria (en virtud de qué insuficiencia han realizado o acompañado las acciones de la autoridad civil).

Y también el incumplimiento de remitir anualmente al Senado la información sobre esa participación al enviar el informe anual de actividades de la Guardia Nacional. No se da cuenta si la participación de las Fuerzas Armadas se realizó en auxilio de la Guardia Nacional y bajo qué criterios, y menos de la actuación en apoyo de las instituciones policiales locales. Lo enunciado en esta segunda cuestión de fondo implica analizar si se ha incurrido en responsabilidades y de qué naturaleza.

Puede apreciarse un asunto adicional de fondo: eludir el debate de la responsabilidad presidencial y del gobierno a su cargo en la ausencia de avances y resultados en materia de recuperación de la seguridad pública. Por un lado está la percepción pública de las altas preocupaciones por la inseguridad, y por otro el horizonte del período presidencial para enfrentar la evaluación ciudadana entre lo ofrecido y lo logrado. La reforma es la salida fácil: en 2024 la Guardia Nacional militarizada seguirá en formación, las Fuerzas Armadas verán extendido el plazo para realizar tareas de seguridad pública y la narrativa será que el proceso de la solución alegremente festinado al inicio de la gestión podrá evaluarse hasta el 2028. Bonita forma de pretender sustraer un tema toral del debate público en el proceso comicial federal de 2024, cuando además se apelaría a que las Fuerzas Armadas están al cargo.

Parece que transitamos del fondo genérico de la seguridad al otro fondo; el fondo político. Hay varias vertientes: (i) la posibilidad de que el Ejecutivo Federal logre en dos tiempos el objetivo que anunció el año pasado y trató de construir sin éxito. Su deseo de modificar los acuerdos de la reforma constitucional del 2019 y ubicar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto último lo alcanzó con las reformas legales contrarias al mandato de conformar una institución policial civil de la Federación, y lo primero radica en la aprobación de la reforma al transitorio constitucional ya aludido;

(ii) la aspiración de minar y afectar definitivamente la viabilidad de la coalición opositora en las elecciones presidenciales y legislativas del 2024. La ruta está demasiado expuesta. Compromiso e incumplimiento lógicamente deducibles por el dirigente nacional del PRI; revelación y deducción de presiones para reclamar la adopción de conductas proclives al gobierno; defensa abierta contra la acción gubernamental y búsqueda de solidaridad con los pares de la coalición anunciada y promovida; solicitud de desafuero y anuncio de los procedimientos para lograrlo y para proceder al enjuiciamiento penal del dirigente; repentina presentación de una iniciativa alineada con la voluntad gubernamental, y exclusión de ese dirigente del diálogo y los entendimientos con sus homólogos del PAN y del PRD; y

(iii) la intención de vulnerar y desintegrar el Bloque de Contención en el Senado que, a partir precisamente de la reforma para el surgimiento de la Guardia Nacional, obtuvo resultados -en acuerdos y desacuerdos- para hacer factible o no el tránsito de las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno y para impugnar las leyes y reformas legales que se aprobaron sin atender los señalamientos de su inconstitucionalidad.

Hay fondo doble: el de querer diferir las responsabilidades en materia de seguridad pública con la cesión a las Fuerzas Armadas de espacios inconstitucionales y que ponen en riesgo las libertades y derechos de las personas, y el de buscar reventar la opción de la cohesión de las oposiciones en las boletas de la jornada electoral del 2024, con el deterioro mayor de la imagen del PRI ante la sociedad.

Y quizás más: el alineamiento de quien hace poco rechazaba la viabilidad de la reforma electoral planteada por el Ejecutivo Federal, pero encontró que la seguridad pública merecía faltar a los compromisos contraídos, para descubrir ahora las bondades de la convergencia con los deseos del poderoso en el rediseño del sistema electoral, y las posibles coincidencias en el desahogo del proceso de renovación de cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en abril de 2023.

En efecto, el problema de la seguridad es muy grave, pero una nueva generación de simulación de compromisos para resolverlo (antes no lograron que las Fuerzas Armadas se apegaran a la reforma, ¿acaso lo lograrán ahora?) y el quiebre de los entendimientos de las oposiciones para sostener y defender la democracia electoral podría dejar sin alternativa futura viable a la ciudadanía. Un objetivo deseado pero diferido sin justificación y que no se quiso cumplir, no debe sacrificar los valores, principios y normas garantes de la equidad en el acceso al poder público. Hay mar de fondo.