La insatisfacción sobre los resultados de la Comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa se extiende entre los padres de familia, normalistas y la defensa de los deudos. Se aferran a la bandera “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y rechazan cualquier versión que plantee la muerte de los 43 estudiantes de la Normal Isidros Burgos desaparecidos desde el 27 de septiembre del 2014.
Asirse a la consigna “vivos los queremos” no solo es un aliciente para mantenerse en una espera sin fin. Es también un mecanismo de articulación social opuesto a cualquier acción gubernamental. Por eso encontró eco durante las movilizaciones efectuadas con motivo del Día Internacional del Desaparecido el 30 agosto en diversas organizaciones de familiares de quienes aún se desconoce su paradero
Desde el 20 de agosto se puso manifestó la renuencia a aceptar la versión emitida por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, de que los estudiantes desaparecidos no están vivos.
Si en un principio privo la prudencia y la postura de que se leería con detenimiento el Informe presentado por la comisión. A las pocas horas comenzaron las movilizaciones demandan mayor precisión sobre la suerte de los estudiantes desaparecidos y demandaron acción penal en contra de altos cargos del ejército y del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Lo que nosotros queremos es llegar a la verdad y que se aplique la ley, queremos justicia. Es la demanda que ha venido creciendo entre los padres de los normalistas ausentes.
El 26 de agosto en Acapulco, un contingente de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa marchó en la avenida Costera y efectuó un mitin al cumplirse 7 años y 11 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas.
Los oradores exigieron aplicar todo el peso de la ley a los responsables de los hechos, entre ellos, el ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
“Nosotros siempre hemos dicho que fue el Estado, que fue el Ejército, los policías y por eso exigimos que se castigue, que se aplique todo el peso de la ley a aquellas personas que participaron o tuvieron que ver en aquella noche de Iguala”, dijo Javier Díaz, normalista y uno de los oradores.
“Seguiremos buscando la verdad”. Aseguro que “vamos a defender su Normal con sangre y que pase lo que tenga que pasar”.
Por la CETEG un representante manifestó que, si bien se dio un informe de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, los cetegistas refrendan el fiel compromiso en la defensa de justicia con la Normal de Ayotzinapa y todos los participantes deben ser castigados. Señaló que los padres de familia tienen la esperanza de saber de sus hijos y encontrarlos con vida porque es un sueño truncado.
Señalo que lo que pasó no es un crimen cualquiera sino de Estado donde “principalmente los responsables tienen nombre y apellido.” Señaló que ha habido avances en el caso, pero no son
satisfactorios hasta que se castigue a todos los responsables.
No existe una “prueba plena” que pueda indicar lo sucedido con los jóvenes el 26 de septiembre de 2014 sostuvo Vidulfo Rosales Sierra, abogado y representante legal de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.
“La novedad que nos presenta ahora este Informe es ya de una participación directa de por lo menos 20 militares directamente en la desaparición y algunos involucrados incluso en el asesinato”, agregó.
Rosales Sierra insistió en que “Hay muchas partes sueltas, sobre todo de lo que pudo haber pasado con los jóvenes, del destino de los estudiantes, digamos no está sustentado por otras pruebas, hasta el día de hoy es esa nada más y si acaso el testimonio de El Gil que no coincide.”
Pero entre los implicados en el caso, hay quienes se defienden y hacen demostraciones de fuerza.
El 22 de agosto, se difundió un video de María de los Ángeles Pineda, esposa del ex alcalde de Iguala, donde se hizo la convocatoria a participar en la marcha pacífica el domingo 28 de agosto en el municipio que gobernaron.
El 24 de agosto José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, se sumó a la convocatoria que hizo su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, para participar en una marcha donde se demandará justicia y en el que se dice inocente de lo ocurrido en ese municipio el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Al llamado a la marcha también se sumaron Roselia Abarca, hermana del ex alcalde y su esposo, Cirilo Lara, quienes están prófugos de la justicia acusados por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El 28 de agosto, alrededor de mil personas exigen al gobierno federal la excarcelación del ex alcalde, de quien afirman que no es culpable en el caso de la desaparición de los estudiantes. Asistieron al acto algunos padres de los normalistas.
Luego de una reunión sostenida la tarde del 30 de agosto, los padres de los 43
jóvenes lanzaron un comunicado señalando que el 28 de agosto “ciertas personas convocaron a una marcha en Iguala para exigir la liberación de José Luis Abarca, uno de los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”.
Afirmaron que acudieron “desafortunadamente cinco padres de familia de los normalistas desaparecidos respondiendo a la invitación de Pedro Segura, empresario ganadero ligado a los Abarca y su grupo delictivo”.
Agregaron en el texto que los cinco padres que acudieron el domingo a una marcha a
favor del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez fueron “a título individual, de ningún modo representaron al colectivo”. En el mismo sentido habló Rosales Sierra.
A pesar de las versiones de que la muerte Ezequiel Mora Chona fue en Iguala, la administración del Hotel Vida, propiedad de Pedro Segura, confirmó que el deceso ocurrió en sus instalaciones.