Después de ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, el reclamo de los padres de familia y de los normalistas se reaviva. No ha habido ni verdad ni justicia argumentan y la consigna de ¡fue el Estado! Ha cambiado por la de ¡fue el ejército! y el rechazo a la versión gubernamental aumenta acompañando de la ira.
Desde que se dio a conocer el informe de la comisión de la verdad del caso Ayotzinapa, de nueva cuenta se ha venido tejiendo una conjunción de intereses políticos con el gremio magisterial.
El 27 de septiembre en Iguala, se efectuó una protesta en la sede del Palacio de Justicia en la que fueron quemados dos vehículos, una marcha y mítines en los que se reclamó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no cumplir su ofrecimiento de justicia y verdad del caso Ayotzinapa.
Más de 50 jóvenes encapuchados protestaron en la sede del Palacio de Justicia, quemaron dos vehículos, hicieron pintas y lanzaron piedras, botellas de vidrio y petardos a las puertas y ventanas, argumentando que frente a esas instalaciones fueron desaparecidos los 43 normalistas en 2014.
A lo largo de la jornada de protesta las acciones de vandalismo incluyeron las instalaciones del 27 batallón de infantería en Iguala el 14 de septiembre y un día antes, en la 75ª Zona Militar en Chilpancingo.
Pero el discurso polarizante viene creciendo. Vidulfo Rosales Sierra abogado de las madres y padres de los 43 muchachos desaparecidos, a ocho años de los ataques contra los normalistas, advirtió que “cuando se trata de una institución con poderes metaconstitucionales como es el Ejército, se arredra, va para atrás y retira las órdenes de aprehensión en detrimento de nosotros, cuando frente a las madres y padres de familia el fiscal general de la República (FGR) en Palacio Nacional informó frente al Presidente de la República la existencia de las órdenes de aprehensión, nos dio números, nos dio nombres, y ahora con qué cara o pretexto están retirando las órdenes de captura, eso es un claro retroceso”.
“La tónica de este gobierno ahora, siguió diciendo, es culparse entre ellos de sus fracasos, de las derrotas judiciales que están sufriendo y de las que nosotros no tenemos culpa, esa ineptitud del gobierno, la incapacidad de la Fiscalía y de los jueces para valorar una prueba de manera objetiva atendiendo contexto de Ayotzinapa, pero al fin y al cabo el gobierno, al fin y al cabo, el Estado mexicano contra nosotros, contra los padres y madres de familia”.
Añade: “Al igual que los gobiernos del PRI, de la derecha, también este gobierno acuña el mismo discurso, desprestigiando, descalificando y persiguiendo a quienes acompañamos de manera genuina desinteresada a las madres y padres de familia, “primero el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora un gobierno que se dice progresista asume los mismos métodos de descalificación”.
“Resulta preocupante la etapa en la que se encuentra, el momento procesal con un gobierno que se comprometió aquí en la ciudad de Iguala frente a las madres y los padres a esclarecer los hechos, y que cuando era candidato (Andrés Manuel López Obrador) ofreció que iría hasta el fondo, que topara donde topara iría hasta las últimas consecuencias”, agregó el abogado.
Señaló que los 24 que fueron absueltos en días pasados por un juez federal, en su mayoría son policías de Iguala, “esa es la respuesta y la justicia que hoy tenemos”.
Desde el 18 de agosto, Vidulfo Rosales fijó una postura: la Fiscalía General de la República (FGR) no debe limitarse a detener al exprocurador Jesús Murillo Karam para esclarecer el caso Ayotzinapa, debería haber acciones penales contra miembros del grupo criminal “Guerreros Unidos”, contra militares y autoridades estatales y municipales involucrados.
En Acapulco, un grupo de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), marcharon por la avenida Costera para exigir justicia por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero en rechazo a la reforma educativa del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque aseguran que sigue siendo “neoliberal”. En el contingente participan maestros de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz, entre otros estados, aseguró Héctor Torres Solano, secretario general de una fracción de la CNTE.
María Concepción, madre de uno de los 43 jóvenes desaparecidos, dijo que los militares participaron en esta “tragedia” y no han sido castigados, que Tomás Zerón de Lucio está prófugo y el ex procurador Jesús Murillo Karam está detenido, pero de nada ha servido.
A diferencia de las ocasiones anteriores, el gobierno del estado organizó eventos en los cuales se incluyó la demanda de otras víctimas de aquella noche del 26 y 27 de septiembre del 2014.
En Chilpancingo, Roberta Evangelista, madre de David Josué García Evangelista, El Zurdito, jugador del equipo de futbol “Los Avispones” clamó justicia y denunció que en las investigaciones ni siquiera se ha esclarecido si el ataque fue una confusión o directo a los integrantes del equipo.
“El Zurdito”, quien jugaba como defensa lateral derecha, tenía 15 años cuando fue asesinado la noche del 26 de septiembre en el ataque al autobús en el que regresaban Los Avispones de Iguala a Chilpancingo, en el crucero de Santa Teresa.
Esa noche, murió también Víctor Manuel Lugo, chofer del autobús, la misma noche de los ataques en Iguala a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, cuando fueron asesinados tres y desaparecieron a 43.
El caso Ayotzinapa se está polarizando de manera excesiva con una fuerte carga anti ejercito alentada por esa línea cada vez más delgada entre justicia y venganza.