Los ominosos hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero sintetizan la decadencia estatal y societal que padecemos.

Al gobierno y a muchos de los defensores de las víctimas, les pareció más importante echar abajo la “verdad histórica” y especialmente el tema de la supuesta incineración de los cuerpos en Cocula; que buscar justicia.

Lo fundamental es saber dónde están los 43 desparecidos, quien o quienes ordenaron desparecerlos o matarlos.

Cuáles son las causas verdaderas de esa barbarie.

Ocho años después la impunidad continúa.

La verdad “histórica” se derrumbó. El gobierno la quiso “superar” con un Informe de la llamada Comisión de la Verdad que encabeza Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos consideran que no hay justicia y desconfían del gobierno, tanto del presidente como del Informe de Encinas.

El presidente dice que recibe presiones, sin decir de quiénes y por qué.

Las consignaciones de la Fiscalía especial para el caso Ayotzinapa son echadas abajo por la Fiscalía General lo que provoca la renuncia de su titular Omar Gómez.

La Fiscalía General que dirige Alejandro Gertz Manero retiró 21 órdenes de aprehensión gestionadas por el fiscal Omar Gómez, una evidente zancadilla al informe de Encinas. Por otra parte el General en retiro José Rodríguez Pérez y sus tres subalternos, se entregaron voluntariamente, lo que es interpretado por muchos como una estrategia para exculparlos y liberarlos. Se dice que las acusaciones contra ellos son muy endebles porque parte de las declaraciones en su contra del testigo protegido el “cabo Gil” quien esta confeso de haber participado en los crímenes.

Ahora mismo se dio a conocer que Murillo Karam obtuvo una suspensión definitiva contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia. Por lo menos se advierte premura en la elaboración de las órdenes de aprehensión o de plano una deliberada debilidad de la sustentación de los cargos o también, como lo ha insinuado el presidente López Obrador la actuación “leguleya” de los jueces para exculpar a los acusados.

Además se filtró el Informe de Encinas por el periódico Reforma y las periodistas Peniley Ramírez y Guadalupe Irízar lo que provocó la ira de Encinas y extrañamente una postura del presidente a favor de “no suprimir nada”. Algunos han especulado que la filtración pudo proceder del mismo gobierno. En cualquier caso es fundamental saber quién filtró el informe y con qué intenciones.

El enredo es cada vez más grande y grave.

Pone en evidencia lo que ha dicho el presidente “hay presiones muy fuertes”. Esas presiones podrían venir de los altos mandos del ejército.

La política de quedar bien “con dios y con el diablo” está dañando seriamente la palabra del presidente. Es casi imposible hacer malabarismos para seguir diciendo que está comprometido con la justicia para las víctimas de Ayotzinapa y al mismo tiempo insistir en la “inocencia” del ejército y las fuerzas armadas en esa noche criminal y otros actos violentos como Acteal, Nochixtlán y decenas más de los gobiernos anteriores y las ocurridas durante estos cuatro años.

Todo el enredo tiene que ver con usar la tragedia de la Noche de Iguala para “sentenciar” a los de los gobiernos pasados, curiosamente exculpando al presidente Enrique Peña Nieto , jefe del gobierno y del Estado. Es absurdo decir “fue el Estado”, pero sin actuar contra el jefe de la cadena de mando.

Todo ese manejo esta condenado a fracasar.

No se puede, eternamente, respetar todos los pactos establecidos por AMLO.

El pacto con Peña Nieto es incompatible con la justicia y el fin de la impunidad.

El pacto con las fuerzas armadas y especialmente con el ejército está en contra de ir al fondo de su comportamiento la noche y los días siguientes en Iguala y otras partes.

La estrategia “contra la violencia “basada en el uso de la militarización” es un fracaso también la “estrategia” de crear una Comisión de la Verdad desde el Estado, va directamente al abismo.

Ayotzinapa y más específicamente la noche de Iguala es un caso de los increíbles niveles de complicidad de los grupos criminales y los diferentes nivele s de gobierno y de los aparatos de Estado.

En el propio informe de Encinas queda en evidencia el terrible papel del alcalde Abarca, del propio gobernador Aguirre, de las policías estatales, municipales y del ejército en una actuación bárbara de cuerpos triturados, disueltos en ácido, desollados , ejecutados No hay justificación posible.

Ayotzinapa muestra también los niveles de descomposición del sistema judicial: fiscalías, y jueces que actúan de manera totalmente facciosa, o con gran ineptitud.

La vía para esclarecer lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014, sus causas, los vínculos de los grupos de narcos con los gobernantes, los cuerpos policiales y militares en todos los niveles, debe ser el dotar a las instancias de investigación de plena autonomía y transparencia, sin tachar los informes.

Una Comisión de la Verdad formada y encabezada por altos funcionarios del gobierno es una simulación.