El primer informe de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, sirvió para que los grupos radicales enviaran su mensaje de inconformidad. Aunque la mandataria señaló avances en materia de seguridad pública, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el caso de San Miguel Totolapan, además de las acciones de los grupos autollamados policías comunitarios, indican otra realidad.
En opinión de la mandataria se han sentado las bases de la transformación en Guerrero con un gobierno de territorio, eficiente, transparente, incluyente e innovador que ha desterrado la corrupción y el soborno en todas sus formas en la administración pública estatal, bajo los postulados de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
“Hay retos pendientes y una historia de transformación por escribir. Sin embargo, este primer año ha sentado las bases de un proceso profundo, que se enmarca en la Cuarta Transformación política, social y moral de nuestro país” reconoció la mandataria.
También condenó los hechos como los ocurridos en San Miguel Totolapan, lo que dijo, “nos obligan a reforzar las acciones que se realizan en este rubro”, además de enviar un enérgico mensaje a la Tierra Caliente, en el que aseveró que, “no están solas y que no están solos, no, descansaré, ni descansaremos, hasta garantizar las condiciones de bienestar en todo el territorio estatal, aquí está su gobernadora y no daremos ni un paso atrás hasta conquistar la paz que tanto anhelamos y que las y los guerrerenses nos merecemos.”
En contraste no acudieron al informe los dirigentes estatales del PRI y PRD, al igual que los diputados de los grupos parlamentarios de ambos partidos. Los primeros argumentaron que fueron convocados a un acto partidario a nivel nacional, mientras que los perredistas decidieron no acudir por la confrontación con el gobierno estatal a partir de lo ocurrido en San Miguel Totolapan y la falta de claridad sobre si seguirán gobernando ese municipio.
Los dirigentes partidistas habían anticipado su ausencia en respuesta a las declaraciones que hiciera Ludwig Marcial Reynoso, secretario general de Gobierno quien dijo que tras lo ocurrido en San Miguel Totolapan se debería generar un análisis de los partidos respecto a los candidatos que postulan a cargos de elección popular para cuidar que estos no estén vinculados a grupos criminales.
Tanto Alejandro Bravo Abarca, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) y Héctor Apreza Patrón, coordinador del grupo parlamentario en el Congreso local argumentaron que el motivo de la ausencia se debió a que acudieron a una actividad convocada por su dirigencia nacional denominado Diálogos Por México.
Pero también otros sectores demostraron su inconformidad. Miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, marcharon y bloquearon la avenida La Ceiba a lado de Casa Guerrero en la capital, para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda una audiencia y la reestructuración de la Cuarta Transformación en el estado que no gobierne con priistas, perredistas y panistas.
En Guerrero no hay cuarta transformación fue el grito constante y el texto en pancartas de los integrantes de la APPG. Su dirigente, Nicolás Chávez Adame, precisó los casos de Eduardo Loría Casanova, secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, y Marco César Paris Peralta, Auditor Superior del Estado (ASE), y dijo que “la demanda principal que le planteamos a la gobernadora que recomponga el camino de la Cuarta Transformación y no nombre a priistas en su gobierno”.
Por su parte, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) hizo un llamado al Gobierno de Guerrero a para que a través del diálogo cese el clima de hostigamiento y violencia que la Policía Estatal siembra en las comunidades indígenas.
“El llamado es a trabajar coordinados y con respeto en beneficio de nuestras comunidades indígenas que a través de sus asambleas populares y ante el abandono de la autoridad dieron pie a nuestra constitución” indicaron a través de un video que circuló en redes sociales.
El 16 de octubre, la UPOEG denunció que policías Estatales de Guerrero robaron cuatro motocicletas, herramienta y enseres domésticos de la base de la Policía Ciudadana de San Marcos, en la región de la Costa Chica.
Por ese es el caso más reciente. Desde hace más tres meses la agrupación asegura que tanto policías como elementos de la Guardia Nacional y el ejército, irrumpen en comunidades campesinas e indígenas realizando robos y detenciones arbitrarias en contra de los habitantes.
Otro hecho significativo fue la marcha en la Autopista del Sol que realizaron organizaciones magisteriales, estudiantiles y sociales marcharon en la Autopista del Sol contra el informe de labores de la gobernadora Evelyn Salgado; transportistas del sector público los confrontaron y trataron de cerrarles el paso para evitar a que llegaran al ex Palacio de Gobierno. “No más bloqueos, no más bloqueos”, corearon los transportistas y al mismo tiempo empujaban a los de la marcha y dijeron que la orden era evitar que pasarán al ex Palacio de Gobierno.
Héctor Torres Solano, dirigente de la CETEG, aseveró que en este primer año de gobierno “no hay nada que informar” porque no hay avances a sus demandas como la incorporación a la nómina federal, por la falta de docentes, infraestructura en las escuelas y el refinanciamiento y una auditoria al Plan De Previsión Social (PPS).
El 14 de octubre, los alumnos del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) que bloqueaban la Autopista del Sol al sur de Chilpancingo, fueron replegados por automovilistas, ciudadanos y policías estatales antimotines, quienes agredieron a los estudiantes entre empujes y con piedras, después de una hora de bloqueo.