México es el segundo país del mundo de donde más personas emigran, de acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas 2022 de BBVA, solo por detrás de la India. Inversamente, Estados Unidos es la nación que más personas inmigrantes recibe en el planeta. Ambas realidades, aunque contrastantes, se encuentran íntimamente ligadas y últimamente han adquirido relevancia.
De hecho, el corredor migratorio entre nuestro país y el vecino del norte es el más transitado del mundo, con casi 11 millones de personas anualmente cruzando la frontera por motivo de migración. Y aunque la mayoría de estas personas buscan mejores oportunidades laborales y condiciones de vida en una patria ajena, lo cierto es que se enfrentan a situaciones desfavorables y hostiles.
En nuestro país, la tasa de empleo entre la población migrante es 9 por ciento más baja en relación con la población general. En Estados Unidos ocurre lo contrario: mayor proporción de migrantes tienen trabajo en comparación con el resto de la población. A pesar de ello, el país norteamericano ofrece salarios más bajos a los trabajadores no nativos y los emplea en industrias de servicios y de proveeduría, mayoritariamente.
En este contexto, México está coordinando un nuevo enfoque con Estados Unidos para una migración ordenada, segura, ética y consistentes en la región. 65 mil visas laborales adicionales se gestionaron para que trabajadores temporales provenientes de Latinoamérica (especialmente Venezuela y Haití) puedan acceder legalmente al “sueño americano”.
Aunque en principio se trata de una buena noticia, el análisis de las letras pequeñas del acuerdo resulta mucho menos optimista. Para la aprobación de solicitudes, es necesario que las personas comprueben su ingreso legal a México, que realicen su proceso de migración vía aérea, y que demuestren contar con una persona u organización basada en Estados Unidos que respalde su petición.
Así, el acuerdo da la impresión de estar enfocado a la migración legal laboral de personas, desestimando el grave problema de flujos migratorios ilegales hacia y desde México. Los mandatarios mexicano y estadounidense, además, pactaron que quienes no cumplan o “se salten” el debido proceso de solicitud serán devueltos a nuestro país. El nuevo acuerdo no parece más una imposición del vecino del norte para que México continúe cargando los costos de la migración ilegal de personas.
Y tiene que decirse: los costos no son menores. En las recientes filtraciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, expuestas por un grupo internacional de hackers, se identificó que la actual administración destina siete veces más militares a detener migrantes indocumentados que a otras acciones para garantizar la seguridad interior. Por ejemplo, la prevención en el robo de hidrocarburos, el fortalecimiento militar de aduanas, o la vigilancia del espacio aéreo.
Inclusive, la información filtrada y fechada en agosto de 2021, señala que casi 14 mil elementos de la SEDENA estaban dedicados al “Plan de Migración y Desarrollo”, mientras que 16 mil fueron asignados a las operaciones de combate al crimen organizado, casi el mismo número. Recordemos que, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, dicha dependencia tiene asignada no solo la millonaria cantidad de 112 mil millones de pesos, sino 34 mil millones de pesos adicionales contemplados para la Guardia Nacional.
Es claro que los costos no solo se limitan a las cantidades asignadas a la militarización de la seguridad migratoria. Los altos niveles de desempleo entre la población migrante vulnerable en México, el limitado acceso a servicios de salud en medio de una pandemia mundial, y las presiones en términos de inseguridad pública son solo algunas dimensiones que dañan la configuración económica y social del país.
Más allá de medidas coyunturales en materia migratoria, México requiere encontrar soluciones de mayor alcance en el tema. No solo se trata del desplazamiento de personas, sino de los efectos económicos que ello genera; el tema debe tratarse de forma holística e integral, de lo contrario solo estaremos atendiendo a una parte y lejos de aprovechar las oportunidades que de ahí se derivan, serán solo los costos económicos y sociales los que prevalezcan.
México y Estados Unidos deben incorporar al tema migratorio a la cabeza de la agenda bilateral; se requiere de mucho más trabajo en este sentido, el entendimiento del problema debería ser más sustancial. Es crucial que se reivindique la dignidad del país en el escenario global y que se reorienten los recursos públicos para encontrar soluciones eficientes y justas.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®