Durante los últimos siete días el Congreso del Estado de Guerrero aprobó dos leyes que han causado controversia. El 20 de octubre se aprobó por unanimidad adicionar el Código Penal del Estado para prohibir y sancionar conductas relacionados con el matrimonio infantil y el 25, con 38 votos a favor, seis en contra y dos nulos, la 63 legislatura del Congreso local aprobó la reforma al Código Civil sobre la sociedad conyugal para el reconocimiento legal del matrimonio y concubinato igualitario, sin discriminación por sexo.
Independientemente del marco legal, ambos objetos de legislación se encuentran en un contexto de altos índices de violencia e intolerancia en la entidad con el consecuente atropello de los derechos humanos.
En el primer caso, derivado de una iniciativa propuesta por la titular del Ejecutivo estatal, se plantea la necesidad de establecer restricciones jurídicas que prohíban y sancionen el matrimonio infantil, la cohabitación, las uniones tempranas y la venta de menores, por ser conductas que constituyen una violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, afectándolos en su vida y su desarrollo.
La adición al Código Penal consiste en incluir en el capítulo de “Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad” la cohabitación forzada, y a quien la promueva se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y multa de 250 a 750 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Asimismo, a quien solicite, gestione, oferte o induzca la cohabitación forzada, o se beneficie de la misma, se le aplicará de tres a 10 años de prisión y multa de 150 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Pese a los antecedentes legislativos que tiene el fenómeno social en cuestión, la pesadilla aún no es interrumpida por el despertar, de marzo a la fecha han documentado por lo menos 10 casamientos obligados entre menores de edad en el municipio de Cochoapa el Grande, pero la incidencia no se reduce a ese territorio, aunque en opinión de los legisladores con esta decisión se sentó un piso legal para su erradicación.
No solo en los municipios de población indígena en la entidad, sino varias comunidades rurales, el matrimonio forzado es una práctica que actualmente representa un retroceso en el tema de las libertades y los derechos de las mujeres y además una mascarada para la venta de personas.
Los padres de la Región de La Montaña han llegado a cobrar hasta 200 mil pesos por dar en matrimonio a una menor, que en promedio llegan a tener entre 12 y 16 años de edad.
En realidad, no existen datos de cuántas mujeres pueden ser víctimas de esta práctica porque no se denuncia. Para los padres se trata de usos y costumbres. El dominio de los grupos autollamados policías comunitarias también refuerzan la existencia de este problema. Algunos testimonios señalan que los precios de la venta de niñas y mujeres varían dependiendo de la edad de la niña, si es virgen y si tiene hijos.
Es posible que la migración laboral hacia Estados Unidos influya en arraigar la práctica pues regresan con amplia solvencia y ofrecen cantidades elevadas para los matrimonios con menores. Las dotes que cobran los padres de las novias, que solo aceptan esposos de esta misma región, oscilan entre dos mil y 18 mil dólares, de acuerdo a la zona en que ocurra.
Esa circunstancia hace que las niñas queden en absoluta vulnerabilidad. Su nueva familia las esclaviza con tareas domésticas y agrícolas y a veces los suegros u otros familiares abusan sexualmente de ellas.
En los dos últimos dos años hay niñas que han escapado a este cautiverio, pero el dominio de las policías comunitarias les ha sancionado hasta con cárcel a ellas y a sus padres.
En el caso del matrimonio igualitario, Guerrero es la penúltima entidad en aprobar esta disposición que, de acuerdo con la comisión legislativa, está dentro del derecho civil vigente “que va mucho allá de cualquier creencia religiosa o de corte ideológico y una visión reduccionista.”
Pero el contexto, continua sin cambiar. El Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral (Ceprodehi) registró 104 asesinatos por homofobia ocurridos del 2007 al 2011 en Guerrero.
El 4 de mayo del 2011, Quetzalcóatl Leija Herrera, fue asesinado a metros del Palacio municipal de Chilpancingo, muy cerca del zócalo, uno de los lugares más transitados de la capital. Quetzalcóatl fue asesinado a golpes, recibió uno en lado derecho de la cabeza que le desfiguró parte del rostro. Era activista por los derechos de la población LGBTI+. El asesinato de Quetzalcóatl es un crimen de odio que a once años sigue impune.
Todo se cristaliza en la cuestión simbólica desde donde se ejerce la violencia, por ejemplo, hay mujeres trans a las que les cortan los pechos o si todavía tienen su miembro también se lo cortan.
Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en 2011 Guerrero registró 22 crímenes de odio el mayor número de los últimos años.
La Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio y la Asociación Letra S, registraron el año pasado 78 crímenes de odio en el país, cinco ocurrieron en Guerrero.
Si se incluyeran los monitoreos en la Montaña, la Tierra Caliente, Costa Grande, Costa Chica, y en las comunidades donde no hay medios digitales, la cifra podría llegar a triplicarse, la falta de un organismo oficial que genere una base de datos de estos crímenes complica tener cifras más exactas.