Al filo de las 14 horas del pasado 5 de octubre, un grupo de integrantes de la banda delictiva de “Los Tequileros” irrumpió en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero y rafaguearon el palacio municipal causando la muerte de Conrado Mendoza Almeda, del municipio -militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD)-, a Juan Mendoza su padre, quien ocupó el mismo cargo y elementos de la Policía Municipal, con un saldo de 20 personas asesinadas.

De acuerdo al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía se trata de la disputa entre grupos delictivos de “los Tequileros” y la “Familia Michoacana” cuyas cabezas “el pez” y “el fresa” serían responsables de estos eventos.

Se trató de dos ataques simultáneos que fueron llevados a cabo directamente en el domicilio particular del alcalde y en las oficinas del Ayuntamiento.

Además, supuestos transportistas, bloquearon el acceso al municipio impidiendo el paso a las autoridades de los tres niveles de gobierno. También trascendió que hubo diversos enfrentamientos a tiros y persecuciones, en diferentes puntos de San Miguel Totolapan.

Estos hechos ocurrieron en el contexto de las reacciones a la información filtrada durante el inicio de la semana tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa (Sedena).

El garrir de las guacamayas incrementó las tensiones que existen en Guerrero entre grupos sociales y el ejército mexicano además de poner en duda la credibilidad de la Sedena así como la calidad de sus investigaciones.

Se trata de versiones que carentes de veracidad que solo buscan el descrédito de los liderazgos y organizaciones sociales que se oponen al régimen.

De acuerdo con versiones locales, entre los correos electrónicos de la Sedena que fueron filtrados a los diferentes medios por los hackers Guacamaya, seis dirigentes sociales y a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) son vinculados a grupos delincuenciales y armados como el Ejército Popular revolucionario.

Todos ellos no solo rechazan esas afirmaciones, sino que aseguran que se trata de mentiras urdidas para desprestigiar y criminalizar la lucha social como se hacía con los gobiernos anteriores. No hay el cambo prometido concluyen.

En el documento titulado “Panorama de la Upoeg”, sustraído de los archivos de la Sedena por el grupo de las Guacamayas, se cuenta que la organización dirigida por Bruno Plácido Valerio es una escisión de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y por un conflicto interno “derivado a intereses de poder”, se originó la UPOEG como organización armada el 6 de enero del 2013 donde crearon el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), que en su primer momento combatió al grupo de “Los Rojos”. Lo que en efecto ocurrió.

Además, se indica que Bruno Plácido Valerio, quien trata de mantener una organización similar a la CRAC-PC, de la que también fue su fundador, buscando que el gobierno estatal reconozca su organización y le otorgue los mismos beneficios, por lo que tenía apoyo del gobierno del estado, así como un vehículo blindado y una patrulla de la Policía Estatal que le proporciona seguridad, el cual fue retirado en el año 2021, cuando tomó posesión del gobierno del estado Evelyn Salgado.

El documento en cuestión habría sido fue entregado el 28 de enero de este año y revela que hay dos fracciones de la UPOEG en San Pedro Las Playas, 10 de abril, El Arenal, El Bejuco; y los otros en Barra Vieja y Lomas de Chapultepec, las cuales argumentan que existe una inacción por parte de la autoridad Municipal, Estatal y Federal para brindarles seguridad, empero,

ambos grupos se encuentran vinculados a Los Rusos.

Se agrega en el documento que la UPOEG al carecer de un ingreso económico para solventar los gastos que genera el mantener activo su movimiento, fueron cooptados por el grupo delictivo “Los Rusos”, liderado por Carlos Alberto Navarrete Soriano (a) “El Ruso” y/o “El Colorado”, quien “obtiene a cambio casas de seguridad en las comunidades con presencia de pseudo policías comunitarios, sirviéndoles como fachada y con ello pasar desapercibidos ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno”.

La agrupación delictiva de “Los Rusos” cuenta con mayor presencia en Acapulco, la cual según la inteligencia militar se encuentra en proceso de expansión manteniendo vínculos con la UPOEG.

Vale decir que otras organizaciones de “comunitarios” en diferentes momentos, han hecho los mismos señalamientos hacia Bruno Plácido y la UPOEG. E incluso se habla de la precariedad de salud de Plácido Valerio y que la línea poco clara para la sucesión en el liderazgo genera confrontaciones internas las cuales repercuten en acciones violentas en el territorio bajo dominio de la UPOEG.

En fechas recientes Plácido Valerio, se ha presentado como víctima de una persecución de la Fiscalía, ha sido detenido en dos ocasiones y teme ser detenido nuevamente por las autoridades.

Y es que el estatus de la UPOEG ha cambiado con respecto a otros gobiernos que les blindaron radios, armamento y vehículos para continuar su presencia en la Costa Chica, Montaña, Costa Grande y la Sierra de Guerrero.

Hace dos semanas fueron detenidos el comandante José Manuel Hernández y la autodefensa Wilibaldo Villanueva, en el municipio de Florencio Villarreal (Cruz Grande), un día después de que un policía estatal fue dejado descuartizado afuera del cuartel del Ejército.

Por su parte, Ubaldo Segura Pantoja y Félix Moreno Peralta, dos de los seis dirigentes mencionados en la documentación que le fue hackeada a la Sedena, rechazaron las afirmaciones que se hacen sobre ellos.

Segura Pantoja es ubicado como el coordinador del Frente Popular Revolucionario (FPR), “una organización fachada del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en la región de la Montaña de Guerrero”.

En su opinión que la vinculación del FPR con el EPR no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo, “claro que ahora ya se menciona por una fuente oficial, pero la misma Sedena había venido filtrando información de ese tipo a reporteros afines al régimen en contra de luchadores sociales independientes”, pero sostuvo que tal información es falsa.

Agregó no solo lo tienen a él “en la mira”, sino también a Abel Barrera del Centro de Derechos Humanos (Tlachinollan), así como a los dirigentes de la CETEG en la Montaña, Taurino Rojas y Ramo Reyes “y a otros dirigentes que se han mantenido en la oposición

En el mismo sentido habló Félix Moreno Peralta, al cual en el mismo documento se le ubica como secretario de comunicación política de la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del PRD y secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, manifestó su temor a ser objeto de represalias por su postura de oposición a las versiones del actual gobierno federal.