En un mundo globalizado son inquietantes las consecuencias de la actuación impensada no estatal o, al menos, no con esa factura. La información sustraída por los “hackers” Guacamaya a los servidores del sistema informático de la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) acreditan no sólo una falla en la seguridad cibernética de esa dependencia federal, sino información sobre la expansión -y las aspiraciones de acrecentarla- del Ejército en la cobertura administrativa de la ley orgánica que distribuye los asuntos a cargo del Ejecutivo Federal. En lo esencial, un cúmulo de tareas ajenas a la disciplina militar.

Un saldo preocupante porque se revela y revelará información que debía ser pública y no se incluye como tal, y también información reservada por razones de seguridad nacional que puede debilitar y dañar a las estructuras gubernamentales. Y, hasta ahora, otro saldo revelador: no hay consecuencias políticas del incumplimiento monumental de la obligación de salvaguardar esa información. La renuncia del titular de la SDN debió haber sido automática por un elemental sentido de responsabilidad. Pasan cosas graves y no hay consecuencias. No sorprende que la pregunta de algunos sea sobre ¿quién manda aquí?

En otro ámbito de la administración en marcha está el contraste evidente. La renuncia de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía (SE), con el señalamiento para leer entre líneas: “Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo”. Salir del juego, pero sin perder el cariño por la camiseta, utilizando la metáfora deportiva de quien coordinó la campaña del inquilino de Palacio Nacional.

Si un futuro “hacker” no encuentra las razones del agotamiento de esa oportunidad, una explicación de la causa puede estar en el papel de la ex-titular de la dependencia en la conducción de los procesos de consultas solicitadas respectivamente por los Estados Unidos y por Canadá sobre el apartamiento de las estipulaciones del tratado comercial y de inversión entre nuestro país y esos dos Estados en materia de trato no discriminatorio en el sector eléctrico. Si las diferencias planteadas no se solucionan en la fase de las consultas y las cuestiones devienen en contenciosas, habrá razón para afirmar que la renuncia está vinculada a un asunto relevante de carácter internacional: conciliar o dirimir en un panel.

En los casos aludidos está presente el voluntarismo de la gestión presidencial en marcha. Basta desearlo, basta narrarlo, basta hacer propaganda para que lo no sucedido se asuma como que ha ocurrido. La SDN sin reproche ni consecuencias por la dimensión de la falla y el retiro de la titular de una dependencia federal con la ilustrativa ausencia de la causa.

Voluntarismo que se contagia y reproduce aún en ámbitos de acreditada práctica sujeta a una normatividad. Puede ser el ímpetu del activismo del Embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, o el descuido del Gobernador de Zacatecas, David Monreal, o ambos. Y puede ser la distracción mayor de la sucesión presidencial o el soslayo de qué se suscribe, con qué carácter y sus implicaciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), o ambos.

Así, aparece el anuncio luego desmentido de un acuerdo de cooperación entre los Estados Unidos y el gobierno de Zacatecas para combatir la delincuencia organizada en esa entidad, y las aclaraciones de la Cancillería sobre el alcance y el estatus del Acuerdo sobre Cooperación en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre para Fines Pacíficos, suscrito el 28 de septiembre de 2021, entre la Agencia Especial Mexicana y la Corporación Estatal Espacial “Roscosmos” de la Federación Rusa.

Un asunto que llama la atención por lindar con un intervencionismo suave en la vida de un Estado de la Unión, y otro que da cuenta de los estragos que causa la polarización con la cual se promueve -desde el poder ejecutivo y sus mayorías en el Congreso- la consideración de todo asunto. A lo mejor son tormentas para ahogarse en un vaso con agua, pero ilustran la forma en la cual se conducen los asuntos públicos que guardan relación con el ámbito internacional. Ambos casos se enmarcan en las previsiones de los acuerdos interinstitucionales contemplados en la Ley sobre la Celebración de Tratados (LsCT) de 1992, cuya única reforma es del año pasado, ante la transformación de la Procuraduría General de la República en la Fiscalía que se planteó como organismo constitucional autónomo en la reforma político-electoral de 2014.

El pretendido acuerdo zacatecano fue atajado por el propio presidente la República -se entiende la razón política- con base en la prohibición constitucional para que los Estados de la Unión celebren tratados con “potencias extranjeras” (art. 117, fr. I), sin deducir la factibilidad de la cooperación entre una dependencia u organismo descentralizado de la administración pública de Zacatecas y un órgano gubernamental extranjero, a la luz de la figura del acuerdo interinstitucional (art. 2, fr. II de la LsCT), y que desde luego tiene un procedimiento de comunicación a la SRE y la formulación del dictamen que le corresponde sobre su procedencia (art. 7 de la LsCT).

¿Podría ser objeto de un acuerdo de esa naturaleza la donación de programas y equipos de cómputo o la capacitación de personal policial y de procuración de justicia, como lo comunicaron los voceros amedrentados desde el púlpito presidencial? Sí, con base en lo dispuesto por la LsCT. ¿Imprudencia o descuido? Se ignora, pero es más fácil envolverse en la soberanía y las facultades presidenciales para repartir admoniciones.

El otro asunto tiene sus propias revelaciones: (i) asumir que el procedimiento de entrada en vigor para Rusia del Acuerdo suscrito implicaba la actuación homóloga para México. Estamos ante el típico acuerdo interinstitucional, en este caso suscrito por el titular de la Agencia Espacial Mexicana y no por el presidente la República o el plenipotenciario que hubiere acreditado; y (ii) negar -en la primera aclaración- el alcance de lo suscrito para la instalación de equipos del Sistema Global de Navegación por Satélite (GLONASS) de la Federación Rusa, con el señalamiento de que el acuerdo no estaba vigente porque no habría sido conocido, discutido y votado todavía por el Senado, cuando su naturaleza no corresponde a la de un tratado (art. 2, fr. I, de la LsCT).

Atrapados en la retórica de la confrontación y las descalificaciones, que comprende la crítica a la posición presidencial -que no la de México en la ONU- sobre la invasión rusa a Ucrania, el curso de un instrumento internacional ante los órganos competentes de la Federación Rusa levanta polémicas airadas sobre las implicaciones del Acuerdo en nuestra relación con los Estados Unidos y para la seguridad nacional de ese país. La sospecha derivada de la desconfianza y la crispación generada por la polarización parecen haber oscurecido el panorama para quienes increparon y para quienes respondieron.

En asuntos mayores, como la falla en la seguridad informática de la SDN o el relevo en la SE en un momento relevante, y en asuntos con cauce normado, como los acuerdos interinstitucionales -sea el fallido o el suscrito-, la gestión presidencial en marcha exhibe fallas sin consecuencias, improvisación con riesgos, desorden sin opción de cauce y descuido sin justificación. Desear hacer un buen gobierno no basta.