La desconfianza se ha convertido en un factor que erosiona las relaciones entre los padres de Familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y que resta credibilidad, obstaculizando las posibilidades de solución de este hecho ocurrido la noche del 27 de septiembre del 214 en Iguala, Guerrero.
El Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su informe de observaciones a las investigaciones del caso el 15 de noviembre en Ayotzinapa.
Julissa Mantilla, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue contundente al señalar con su afirmación: la construcción de narrativas que no están corroboradas y técnicamente comprobadas “son un asunto cruel”.
Además. resaltó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014, hace ya más de ocho años, no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una situación estructural de violaciones de derechos humanos y desapariciones en el país.
También mencionó que, para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, llegar a la verdad es una forma de justicia y de reparación del daño, pero apuntó, ésta se debe construir con “responsabilidad, cuidado y libre de cualquier injerencia política”.
En el informe que la CIDH presentó se apunta que resulta importante que el Estado mantenga y fortalezca este modelo desde un enfoque de centralidad en las víctimas, en el que la comunicación con las familias y sus representantes sea consistente y constante en todos los procesos que se desarrollan en el tiempo pues hubo “intromisiones graves” de la FGR y del Ministerio Público que obligaron a la renuncia de Omar Gómez Trejo, como fiscal a cargo de la UEILCA hasta septiembre pasado y renunció después de que pidió a mediados de agosto 83 órdenes de aprehensión contra involucrados en el caso Ayotzinapa, entre ellas contra 20 mandos militares.
Mario González y Melitón Ortega, voceros de los padres de los estudiantes desparecidos Ayotzinapa, reprocharon la información discrepante entre la UEILCA y la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que preside Alejandro Encinas subsecretario de gobernación, lo que ha llevado, opinaron, a que haya el desistimiento de algunas órdenes de aprehensión
Además, expresaron su preocupación por el rumbo que tomen las investigaciones raíz de la desconfianza y falta de independencia Rosendo Gómez Piedra nuevo fiscal especial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) pues en la última reunión que sostenida con el presidente se acordó que los iban a consultar para ver la posibilidad de designar a otro fiscal, “pero vemos que este ya agarró el puesto”.
Mario González dijo que “Ya pedíamos que la instancia que se encarga de las investigaciones del caso debe ser independiente, lo mismo que el nuevo fiscal, debe ser autónomo” y en las conclusiones del informe destaca la falta de independencia del nuevo fiscal de la UEILCA ante la Fiscalía General de la República (FGR), con lo cual se pone en riesgo las investigaciones para llegar a la verdad y justicia que exigen, es lo que ya habían venido denunciando.
“Desafortunadamente no nos hacen caso, esperamos que ahora con las opiniones y recomendaciones del Mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se les escuche, porque es lo que siempre hemos exigido también hemos pedido que las pruebas que se hacen públicas “sean contundentes” y que no nada más “se avienten por apresurarlas o por quedar bien, porque después ha consecuencias”.” Insistió.
Otra de las incongruencias radica en la imposibilidad de verificar la autenticidad de 181 de las 367 capturas de pantalla presentadas por la Covaj, debido a que no se conoce el origen de las capturas de pantalla que se anexaron al expediente presentado por el subsecretario Alejandro Encinas además de la presentación de las demandas de los abogados de los militares implicados en la desaparición de los 43 estudiantes en contra de Alejandro Encinas, cuando en realidad las órdenes de aprehensión salieron de Omar Gómez Trejo, ex fiscal de la UEILCA.
Ante tales circunstancias, Mario González anticipó que en adelante como padres lo que nos queda hacer es “lo que siempre hemos hecho: seguir luchando y mantener más que nunca vivo el movimiento y a las vivas con el nuevo fiscal”.
No tememos que el presidente López Obrador dé carpetazo al caso al final de su sexenio, como lo hizo el anterior presidente Enrique Peña Nieto, “porque nos acabamos de enterar de la CIDH que la desaparición forzada no prescribe y tienen que seguirse las investigaciones por cualquier gobierno que entre”.
Melitón Ortega dijo que el hecho de que ahora sepan que la desaparición forzada es imprescriptible, “nos da garantía de seguir trabajando de manera conjunta con la CIDH”, aún y cuando el grupo de expertos termine su gestión en diciembre.
Los padres lo ven con preocupación, “que en el discurso se diga que hay voluntad, pero en la vía de los hechos haya una ruptura que nos provoca desconfianza” insistió Melitón Ortega.
Para la CIDH Los recientes acontecimientos que apuntan a la intervención de otras áreas de la Fiscalía General de la República (FGR) en el trabajo de la UEILCA, debilitan la independencia ministerial y el compromiso de México con la verdad y justicia en el presente caso.
Por lo cual es importante evitar retrocesos mediante la adopción de medidas para reencausar la investigación y fortalecer las garantías de independencia de las autoridades ministeriales a cargo de ésta.