El gasto destinado a programas sociales del gobierno ha crecido en mayor proporción que los mismos ingresos públicos convirtiéndose en una política que compromete las finanzas en el mediano plazo. De continuar así, se corre el riesgo de deteriorar el manejo de la deuda pública y amenazar con la estabilidad económica que México ha experimentado en los últimos años.
Es indiscutible que todo gobierno implemente una política de desarrollo social en favor del bienestar de la población. El gasto público en programas sociales es una estrategia que los gobiernos buscan para redistribuir la riqueza entre la población con el objetivo de generar un mayor desarrollo económico. Toda vez que el gasto se oriente a mayor inversión, éste puede ser sostenible; si no es así o los ingresos públicos no se incrementan en mayor proporción, se incurre en mayor deuda.
En México, el gasto social ha pasado de representar el 10.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, al 11.7 por ciento en 2021; por el contrario, los ingresos públicos pasaron de ser el 24.1 por ciento en 2016 a 22.7 por ciento en 2021. En resumen, los ingresos se contraen y el gasto social aumenta.
En el año 2023, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) prevé destinar más de 600 mil millones de pesos a programas sociales, particularmente, la propuesta contempla 16 programas sociales que el Gobierno Federal estima prioritarios.
Nadie está en desacuerdo con destinar recursos públicos a la atención de grupos vulnerables. De hecho, México es uno de los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el menor gasto social como proporción del PIB, estando por debajo de países como Colombia, Chile, Turquía y Grecia.
La realidad social en México presenta elevada desigualdad, altos niveles de pobreza y carencias sociales, por lo que su atención es prioritaria. Sin embargo, la estrategia debe ser integral contemplando un gasto social responsable y un gasto de capital y en inversiones elevado que evite endeudamientos.
El programa social que más recibirá recursos en 2023 es el de Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con más de 325 mil millones de pesos asignados, 34.3 por ciento más que el año anterior y más del doble que lo ejercido en 2021. Otros incrementos importantes se identifican en las Pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, y las Universidades del Bienestar.
Son pocos los ejemplos, en los programas sociales citados previamente, de acciones encaminadas elevar la productividad de la población objetivo; es decir, lejos de realizar transferencias monetarias, estos programas pueden fortalecerse al incorporar componentes de capacitación y mejor integración económica y laboral.
Cuando se invierte en dimensiones productivas, la sociedad disfruta de los beneficios y rendimientos de dicha inversión. En cambio, los gastos de corte más asistencialista generan mayores presiones fiscales y, además, suelen no perdurar demasiado en el tiempo.
El panorama para el cierre del sexenio luce complicado porque el gobierno podría verse orillado a incumplir el ejercicio de sus presupuestos planeados, o bien, incurrir en mayor deuda en un contexto nacional y mundial con altas tasas de interés. Si existe displicencia en la atención al tema, podríamos encaminarnos a una crisis de deuda más pronto que tarde.
Los riesgos fiscales se exacerban cuando se observan los resultados de la economía mexicana. Con déficits primarios, aunque sean manejables, y un lento crecimiento económico, todo apuntará a que la deuda crecerá en el futuro.
La discusión sobre el gasto en programas sociales debe ser más vigente que nunca, toda vez que las necesidades presupuestarias no han dado tregua (ni la darán, al menos en el futuro inmediato). La situación económica actual no soportará que este lastre siga aumentando mientras las inversiones productivas en salud, educación o infraestructura no solo no crecen, sino que incluso disminuyen.
El mayor equilibrio en el ejercicio del gasto y su orientación a actividades que detonen un mayor efecto multiplicador en la economía permitirá no solo que el gasto social sea sostenible, sino también suficiente para las necesidades del país; de lo contrario, se corre el riesgo de retomar viejas prácticas populistas que atenten contra la estabilidad económica y el bienestar de la ciudadanía.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®