Enorme demostración de ciudadanía, dieron a nuestro país cientos de miles de compatriotas en la capital de la República y más de cincuenta ciudades del país. Movilización en torno a una causa abierta: la defensa del andamiaje institucional -emblematizado en la consigna de “El INE no se toca”- que garantiza la libertad del sufragio activo y su efectividad para que las elecciones sean el procedimiento democrático para definir quiénes acceden a cargos de representación popular mediante el voto; pero también con aspiración a un propósito de mayor significado: la expresión de rechazo a la gestión presidencial en turno y el saldo político, económico, social, cultural y ambiental que ya puede cuantificarse negativamente.
Por la pluralidad política y la diversidad socioeconómica de la ciudadanía que tomó las calles el domingo 13 de noviembre en curso, así como por la proliferación del movimiento en decenas de centros urbanos del país, la anticipada descalificación presidencial con epítetos que no debería utilizar la persona titular de la jefatura del Estado tuvo el efecto de unir al extremo materia de la vituperación en torno a un objetivo eminentemente político, con lo complejo que es lograrlo aun proponiéndoselo las personas; es decir, tomar posición sobre una cuestión que amalgama lo abstracto y lo concreto: la democracia electoral y el derecho de cada persona ciudadana a ejercer el voto para definir a quién le confiere la oportunidad de proponer, impulsar y concretar acciones públicas para dar rumbo a la nación.
Las marchas han acreditado varios elementos de la evolución política entre el sistema de partido hegemónico e incluso de partido dominante, y la convivencia política plural con la sujeción a la ley del acceso a los cargos electivos depositarios de poder público: (i) las personas ciudadanas han internalizado el valor del sufragio activo en su dimensión no sólo de contribuir a la decisión colectiva, sino en la vertiente del supremo principio igualador de la dignidad humana en política: una persona, un voto; todas las personas en condición de igualdad política esencial; (ii) los derechos políticos de la ciudadanía no son concesión graciosa del poder público, sino conquista de las personas para sujetar al propio poder. El final y verdadero depositario de la soberanía de Estado mexicano es la persona ciudadana, quien al sufragar expresa su parecer y lo aporta para conformar la determinación del pueblo; y (iii) el ejercicio de las facultades de los poderes constituidos a partir del sufragio ciudadano no sólo está sujeto al proceso de rendición de cuentas al culminar la encomienda, sino que está vinculado a la dinámica -en su caso- expresión del parecer ciudadano sobre las decisiones que han de adoptarse. Tener el cargo y las facultades inherentes no escapa a la expresión social de lo que se desea y se espera del servidor público en su desempeño.
La ciudadanía tomó las calles con madurez para exigir -primer mensaje- a quienes tienen un mandato parlamentario en el Congreso de la Unión que rechacen la iniciativa presidencial para modificar el sistema electoral y las características de independencia de cualquier injerencia, así como de autonomía de los poderes públicos con que está construido el Instituto Nacional Electoral y su antecedente inmediato (Instituto Federal Electoral) para que la incertidumbre del resultado de la voluntad popular sea una norma sine qua non de los procesos electorales. Las primeras personas destinatarias del mensaje de la ciudadanía son quienes forman parte de la Cámara de Diputados y del Senado: ser sensibles a la expresión ciudadana y actuar en consecuencia para votar en contra del eventual dictamen que proponga abrazar las propuestas de reforma constitucional electoral del presidente de la República.
Enseguida, los destinatarios del mensaje -segundo- son los partidos políticos de oposición al gobierno, al partido oficial y a sus aliados. Es un recordatorio con resonancia magna de la forma en la cual la ciudadanía votó para la renovación de la Cámara de Diputados en 2021. No se votó -al menos la mayoría de la ciudadanía que cruzó el emblema de los partidos que integraron la coalición “Va por México” (PAN, PRI y PRD)- por simpatía a esas formaciones partidarias o a las personas postuladas, sino para impulsar el contrapeso de la pluralidad opositora en esa Cámara e impedir -al menos- la posibilidad de que el gobierno y sus aliados pudieran aprobar modificaciones constitucionales sin arribar a acuerdos con los grupos parlamentarios de oposición. Un número muy significativo de personas ciudadanas valoran negativamente a los partidos, pero saben que son el instrumento para canalizar el rechazo al gobierno federal, así como al partido oficial y sus aliados.
En tercer término, el mensaje de la ciudadanía se dirigió al presidente de la República en las dos vertientes apuntadas: el rechazo a su iniciativa de reformas constitucionales electorales (disminución de las condiciones de equidad para competir por el poder frente al gobierno, tanto en el financiamiento público como en el acceso a tiempos de radio y televisión del Estado; afectación a la representación de la pluralidad política en la integración de la Cámara de Diputados y del Senado, y control político sobre la autoridad administrativa y la autoridad judicial electorales), con cargo al prestigio del INE y a la pertinencia de salvaguardar la permanencia de sus funciones en ese ámbito. Y la evaluación negativa de su gestión gubernamental: polarización y confrontación en lo político; incertidumbre y ausencia de crecimiento del producto interno en lo económico; disminución y pérdida de derechos en lo social; quebranto del imperio de la ley en lo jurídico; afectación del equilibrio ecológico en lo ambiental, y retroceso de la presidencia y capacidad de acción de México en la esfera internacional.
El Ejecutivo de la Unión actuó con intolerancia y profirió ofensas hacia la ciudadanía que no coincide con su pensamiento, desde el momento mismo en que se planteó realizar la marcha en la Ciudad de México y luego las marchas a lo largo y ancho del país. Ahora juega a demostrar que puede encabezar una marcha de mayor tamaño desde el poder público.
Recibió el mensaje pero prefiere construir el enésimo distractor sobre el fondo del problema: una gestión presidencial sin resultados. Es provocar para distraer y distraer para no rendir cuentas. Como si no supiera que marchar desde el poder es intentar intimidar a la ciudadanía, además de utilizar recursos públicos para realizarla. Es incitar a la continua y más alejada polarización de las personas ciudadanas: estás conmigo incondicionalmente o estás en contra mía y de mis propuestas y acciones de gobierno.
Ya se produjeron las marchas ciudadanas. Vendrá la marcha oficial. Aquéllas con ciertas carencias de organización, superadas por el propósito de las personas ciudadanas por transmitir nítidamente sus mensajes. Ésta con el soporte del aparato público y la organización implícita, e incluso la tentación de que se le confiera al Ejército (es ironía pesada).
Y otra diferencia, aquéllas con mucha ciudadanía y la búsqueda de liderazgo que se gane la confianza y marque el ritmo y rumbo. Y ésta con el mando vertical del presidente de la República, que confunde -es reiterado- la lucha social con el gobierno.