Inmersa en la batalla por la defensa de las instituciones electorales de nuestro país, la nacional y la federal, así como las locales, la parte de México que discrepa y rechaza la visión unilateral del mando lopezobradorista rema contra la corriente de los proyectos impulsados desde Palacio Nacional. Más allá de la división del país en prácticamente todo tema relevante, como reflejo fiel de la polarización impulsada por el presidente de la República, rescato el casi permanente “control” de la agenda pública desde esa perspectiva.

Se siembran los temas, se multiplican los distractores cuando surge alguna cuestión que puede capturar la atención nacional y se expande y difunde la narrativa desde el programa matutino de información gubernamental a cargo del propio Ejecutivo Federal.

Al final todo tema aparece ante la sociedad desde dos miradores para su apreciación: el propio de la cuestión y el de la expresión de la perspectiva presidencial. Los ejemplos abundan. Son la marca de la casa. Tomemos uno: ante las consultas solicitadas por los socios del Tratado México-Estados Unidos-Canadá por el trato discriminatorio a las inversiones de esos países en el sector eléctrico mexicano, no es el análisis de la queja y sus fundamentos lo que emana del vértice gubernamental, sino la defensa de la soberanía nacional ante las pretensiones de los extranjeros.

El asunto radica en si se cumplen o no los compromisos contraídos y su planteamiento a través del procedimiento de diálogo y eventual solución de diferencias previsto en el tratado; sin embargo, la narrativa presidencial se articula en torno a la presunta defensa del interés nacional -al margen del acuerdo trilateral- en la ceremonia del aniversario de la Independencia Nacional de este año.

Si bien el Ejecutivo de la Unión recapacitó sobre lo que había anunciado, es el patrón de su narrativa. Poco importa lo que se hace o deja de hacerse. Importa lo que se dice y la difusión con los mayores efectos posibles a partir del dominio de los medios públicos de comunicación política y de la influencia de los medios privados.

Si hoy lo que impera mayormente en la actuación pública es limar los mensajes políticos de lo sustantivo, o de plano sustraerlo, con el afán de responder a la inmediatez impuesta por el consumo dictado por los publicistas y las redes sociales, la ventaja parecerá estar siempre en los ámbitos de la narrativa gubernamental. La centralización del mensaje en el emisor más reconocido y la reiteración pertinaz superan en eficacia a la dispersión de las personas y mensajes de contraste y a su alcance limitado.

La batalla por las mentes favorece al polo gubernamental, que desde el inicio de la gestión se esmeró por hacer de la propaganda su recurso más importante. No se trata de hacer las cosas o de obtener resultados medibles y evaluables en forma objetiva, sino de decir que ya se hicieron y ya se alcanzaron o, en su caso, apuntar a los “responsables” del rezago en el cual se encuentran los ofrecimientos realizados y no concretados.

En efecto, mientras las batallas se libran por las oposiciones y la sociedad que discrepa de la propuesta oficial en la arena de las medias verdades, los datos falsos y los daños que se generan para el país y su población, desde el gobierno federal la defensa se anida en la descalificación y la denostación, así como en la colección de los prejuicios; estar en contra de lo planteado por el Ejecutivo es estar en contra de México. No hay más razón que la del poder en turno.

Hoy la batalla es por la pervivencia de las instituciones electorales autónomas que han logrado garantizar el sufragio universal, libre y auténtico en comicios competidos cuyas diferencias o impugnaciones se resuelven con apego a la Constitución y a la ley. Mucho tardó nuestro país en arribar a los niveles presentes de su democracia electoral, a fin de que la ciudadanía decida a partir de la mejor información disponible en una sociedad plural con objetivos nacionales; de 1977 a 1990, a 1993, a 1996, a 2007, a 2012 y a 2014. Se escribe fácil, pero los avances de los contenidos fueron relevantes.

El Ejecutivo busca imponer un sistema electoral y un sistema de partidos bajo su control. Ya estuvimos ahí y la diversidad política de nuestra sociedad terminó por abrirlos y desmantelarlos. El experto de la simulación propone establecer instituciones electorales emanadas y controladas desde el poder en turno, disminuir los espacios representativos para la pluralidad y reducir las prerrogativas de las oposiciones para competir por el sufragio popular.

Es evidente que en el plano constitucional las minorías opositoras no tendrían razón política válida -si son leales al principio democrático de no obstaculizar los canales a la pluralidad- para contemporizar con la iniciativa presidencial y menos para valorarla positivamente.

Será la primera estación y servirá de medida para resolver la encrucijada de las modificaciones que se propondrán en la legislación secundaria si se resisten las constitucionales, pero también para articular alrededor de una causa concreta el esfuerzo de los varios grupos y partidos que impulsan la unidad de quienes están convencidos del daño que ya ha causado al país la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Es muy sencillo colegirlo: si la vía para acceder al poder público es la electoral, mal harían en no impedir la aprobación de normas que facilitarían la organización de elecciones de Estado o, mejor dicho, de elecciones a la medida y necesidad del gobierno en turno.

El escenario es complejo y el ambiente muestra dispersión. Esta revuelto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos -perdida su autonomía- se alinea con el gobierno; la Conferencia del Episcopado Mexicano roza los límites del artículo 130 constitucional para pronunciarse por la democracia; los varios débiles en busca del esqueleto que les de sostén llaman a marchar, y enseguida al paro nacional para defender al Instituto Nacional Electoral. Unos y otros atrapados en la dinámica de la narrativa presidencial y el México de la confrontación.

Claro que hay que tomar posición y que cada quien haga lo propio, sin engañarnos porque todo se resume a las votaciones en el Congreso. De la posición en abstracto a la determinación en concreto de cada representante popular.

Es la batalla de hoy para ir a la que cada día es más necesaria: ¿cómo deshacer el dominio de la propaganda gubernamental? ¿Por qué el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano viola la Constitución para ser el eje de la propaganda gubernamental y no se le llama a cuentas? ¿Por qué la propaganda difundida por el gobierno federal enfatiza la promoción de la figura presidencial y nadie se inconforma?

Sí, la defensa de las instituciones electorales es indispensable. También hay que poner la luz en el dominio y uso inconstitucional de los vehículos para transmitir el mensaje gubernamental. Sin esa rectificación es más difícil dar la batalla.