Las fragilidades que continúan aflorando en el informe en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, incrementan la desconfianza de los defensores de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, desparecidos desde el 2014, pero además se incrementa la confrontación y el distanciamiento entre estos grupos y el gobierno de la Cuarta Transformación.
Además, se multiplican las discrepancias y se aumenta la polarización. Los factores político electorales interfieren y las posibilidades de lograr la prometida justicia en el caso se diluyen.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos consideró que a lo largo de la investigación del caso los padres de familia han recibido muchas hipótesis falsas y todavía concedió el beneficio de la duda hacia el gobierno de López Obrador: “esperamos que este gobierno reciba de forma positiva los señalamientos de GIEI respecto a la falta de autenticidad de las capturas de pantalla sobre los mensajes de Whatsapp”.
Para algunos de los paterfamilias el informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) del 7 de agosto, constituyó una nueva narrativa de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, tan cruel como la que sostenía el gobierno anterior. Fue un intento por acabar el movimiento de ocho años por la presentación de sus hijos con un golpe muy duro, aseguran.
Reprocharon que “ni nosotros estando en el Covaj sabíamos cuándo lo iban a entregar el informe, ni avisaron a los padres, lo hicieron como la vez pasada (en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto)”. Vienen tiempos difíciles, pero también los serán para el gobierno, sentenciaron.
El “gran error” del equipo de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, señaló, es que no compartió información de su investigación con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que utiliza técnicas científicas de verificación y confrontación de datos.
Al cumplirse 97 meses de la desaparición de los 43 normalistas, Ángel Aguirre Rivero ex gobernador de la entidad declaró: “Ya basta de la siembra de tanto odio y mentira por parte este mercader del dolor, quien lucra con un hecho trágico como la desaparición de los 43 jóvenes”.
“No estoy dispuesto a seguir siendo utilizado por este personaje y sus afanes protagónicos e irresponsables. Le exijo que demuestre sus dichos ante las instancias correspondientes, de otra forma procederé a presentar una denuncia judicial” insistió el ex mandatario.
No es la primera ocasión en que esto ocurre, en abril de este año en un artículo firmado por el ex gobernante en la prensa nacional, con una serie de señalamientos contra Vidulfo Rosales y los padres de los 43.
En él sostuvo Aguirre Rivero que Rosales Sierra se convirtió en un “dique” hacia las investigaciones de los hechos y de haber “sembrado falsedades y versiones perversas, que fomentan el odio y deseo de venganza a los padres de familia”.
Rosales Sierra “trata de desviar la atención con infundios” y desmintió que haya solicitado a los estudiantes en la sede regional de la Fiscalía en Iguala que no declararan, porque cuando él llegó los jóvenes sobrevivientes ya habían presentado su declaración de los hechos, en la que responsabilizaron de los ataques a policías municipales.
Entonces el Centro Morelos consideró “un ataque directo las declaraciones del exgobernador Ángel Agujero Rivero contra la defensa de los derechos humanos. Llamamos urgentemente a las autoridades para evitar que este tipo de conductas no perturben la investigación del caso y que las familias de los 43 estudiantes puedan acceder a la verdad, a la memoria, y a la justicia”.
Con motivo del Día de Muertos, alumnos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos e integrantes de Los Olvidados de Ayotzinapa colocaron una ofrenda en las escalinatas del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo en memoria de 10 alumnos que resultaron muertos en administraciones pasadas entre ellos de Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús, Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Jonathan Morales y Filemón Tacuba.
Además, una lona en la cual se leía: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos +43” y “8 años sin justicia”.
El ambiente de tensión en la entidad continúa incrementándose. El escepticismo de los padres y de los grupos que abrazan la causa, no han validado la nueva versión oficial de los hechos ocurridos hace ocho años, y la falta de soporte de las nuevas pruebas están siendo consideradas como una afrenta.
La detención de Leonardo Octavio Vázquez Pérez, ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero también genera escepticismo lo mismo que la revisión de la suspensión de las órdenes de aprehensión en contra de los militares involucrados en los hechos.
Acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes declaró haber sido notificado de las agresiones con armas de fuego contra los estudiantes, pero que por no contar con personal mandó a resguardar las instalaciones del cuartel policial y de la cárcel de Iguala, pero no a dar apoyo a los normalistas.
En enero de 2021, un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que cuando era titular de Seguridad Pública de Guerrero, Vázquez Pérez recibía 50 mil dólares mensuales del cártel Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes.