En solidaridad con Ciro Gómez Leyva
Por concluir el año el saldo que la gestión gubernamental en marcha busca ocultar, con el presidente Andrés Manuel López Obrador como portaestandarte de la estratagema, es diluir la realidad de la incapacidad, la ineficiencia, la impericia y la improvisación que campean en estos poco más de cuatro años en el poder ejecutivo y sus dependencias. En realidad convierten a la polarización y la confrontación no sólo en objetivo permanente del inquilino de Palacio Nacional, sino en táctica que se adecua y profundiza según las necesidades, que cada vez son más.
No hay actuación coherente de la administración pública porque quedó -hace mucho- reducida al programa matutino de información gubernamental conducido, dirigido y producido por quien debería cumplir con las funciones de la titularidad de la presidencia de la República. Todo se resuelve en un ejercicio de propaganda.
Los alemanes de la primera postguerra del siglo pasado fueron abrumados por las reparaciones de guerra impuestas en Versalles y enfrentaron la desolación de un proceso hiper-inflacionario que deterioró la convivencia y minó la esperanza inmediata, generándose el caldo de cultivo para la toma del Parlamento de los partidarios del nacional socialismo y el ascenso de Adolfo Hitler por vías constitucionales, la postulación de la superioridad aria y la discriminación excluyente al interior y la ambición de extender sus fronteras para el Reich de los mil años. El eje articulador fue la propaganda. Para nosotros el paralelismo viene a la mente con la proporción guardada.
Rescatamos el rechazo abrumador a las denuncias y percepciones de corrupción de la gestión 2012-2018 (con el acumulado de decenios previos), la pervivencia de las finanzas públicas sanas con ingresos precarios para la mayoría de la población y una desigualdad intolerable a más de un siglo del inicio de la Revolución hecha para remediarlo, la ausencia de solución a la inseguridad frente a la delincuencia más peligrosa y su diversificación y el ofrecimiento de un discurso de esperanza por un político resentido con disfraz de víctima; acceso al ejecutivo en elecciones constitucionales y escisión de la sociedad para polarizar, confrontar y excluir en aras de sentar las bases de la llamada “cuarta transformación”, con el eje de la propaganda como hilo para dar cohesión y sentido a lo que no logra permear más allá de los confines de partidarios y simpatizantes por el contrapeso de la pluralidad.
El gobierno no rinde cuentas, hace propaganda; el presidente no informa, hace propaganda y se ha perdido el más mínimo decoro para enfrentar la crítica y el análisis de la forma en la cual se ejercen las funciones y el saldo de esa actuación. La propaganda es avasalladora. Negar la realidad es ejercicio recurrente y eludir la gravedad de la conducta propia una práctica frecuente. No es sólo que la ley limite o pueda detener el autoritarismo de Palacio Nacional, es que ni siquiera los hechos, la cordura y la verdad pueden lograr ese efecto. Dos dimensiones en lo abstracto y dos en lo concreto, pero nada se logra. El peligro nítido es la autocracia. Dos ejemplos para probarlo.
En forma cínica y para generar temores, con la fuga al reto y la mayor actitud confrontativa el Ejecutivo Federal pretende eludir la gravedad de la conducta propia en las descalificaciones, deturpaciones y agresiones que periódicamente propala hacia los medios de comunicación que opinan sobre los rezagos, fallas, abusos y corrupción en el gobierno que encabeza. Bajo la tergiversación del derecho de réplica -normada por el artículo 6º constitucional y la ley en la materia- recurre al púlpito del programa matutino para denostar y ofender, en vez de argumentar y, sobre todo, aportar evidencias y pruebas que permitan arribar a conclusiones.
Pero algo más, los hechos o la información pueden precisarse y generar la convicción sobre la veracidad de lo que se afirma; otra cuestión atañe a las opiniones, al análisis y a la crítica. Si se basa en hechos e información y unos u otra faltan a la verdad, caen por falta de sustentación. Sin embargo, si son opiniones basadas en datos acreditados o no probados falsos, la eventual réplica partiría de la diversa interpretación y alcances de los hechos y de la información. Es válido y contribuiría a elevar el nivel del debate público y la convivencia entre quienes piensan distinto, pero si lo que emana de la voz presidencial es la ofensa burda y la descalificación prejuiciada, el daño es para la libertad de expresión en una sociedad que aspira a preservar y profundizar sus prácticas democráticas.
Si no lo hubiéramos escuchado, diríamos que es una imputación falsa con mala intención, pero oímos al presidente la República decir que escuchar los programas de Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola y Sergio Sarmiento puede producir tumores en el cerebro. Ese es el nivel de intolerancia a la libertad de expresión de Palacio Nacional. Grave; demasiado grave. Una persona resentida, llena de prejuicios y plena de ambición de poder afirma que las ideas de otras personas generan el desquiciamiento de las neuronas.
¿Podría alguien decir racionalmente que esas afirmaciones son propias de un jefe de Estado? Se crea el clima de rechazo y linchamiento a la prensa crítica que la población escucha y valora; se produce el terrible atentado contra la vida de Ciro Gómez Leyva, y en vez de recapacitar, cambiar la denostación por la tolerancia y dar ejemplo de madurez política, se busca el traje de víctima para asumir que lo sucedido es obra de los “enemigos” del gobierno para propiciar la desestabilización del mismo en su perjuicio. Lo dicho, eludir la gravedad de la conducta propia.
El otro ejemplo está en el estado que guarda el proceso legislativo de la reforma a las leyes electorales. Contra el texto constitucional, contra el conocimiento que debería tener de las fases y exigencias del proceso legislativo en cada una de ellas y contra el turno otorgado en forma impecable por el diputado Santiago Creel Miranda sobre la devolución al Senado de la totalidad del proyecto de Decreto por la modificación del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para suprimir la disposición que permitiría pactar la transferencia de votos en las candidaturas comunes de dos o más partidos, conforme al convenio suscrito (nueva versión de la cláusula de la vida eterna para partidos sin votación suficiente por sí mismos), el Ejecutivo Federal afirmó en su programa de información y propaganda gubernamental que procedería a la publicación de todos los demás artículos ya aprobados por ambas cámaras.
Favor de leer con atención el apartado E del artículo 72 constitucional y reflexionar sobre sus tres hipótesis. Corresponde al Senado recibir todo el Decreto con un solo encargo: aceptar o rechazar lo modificado por la Cámara de Diputados. Si lo acepta -y para lo cual deberá resolverlo la Cámara en sesión plenaria por mayoría absoluta- se remite el proyecto al Ejecutivo para su promulgación y publicación; si insiste en la propuesta del artículo rechazado por la Cámara de Diputados, surgiría la posibilidad de acordar el envío al Ejecutivo de todo lo aprobado por ambas cámaras y discutir en futuras sesiones el precepto en el cual se mantuvieron discrepancias. Y para más claro, la Cámara de Diputados ya aprobó que si el Senado insiste en su propuesta para el artículo en cuestión, que está de acuerdo en que el resto del Decreto se remita al Ejecutivo para sus observaciones, promulgación y publicación.
Lo dicho, negar la realidad. La reforma electoral para que el oficialismo cuente con normas a la medida de su conveniencia no se ha aprobado y continúa en el proceso legislativo.
No hay gobierno. Hay un telón interminable de propaganda. La verdad es la primera víctima, la pluralidad de nuestra sociedad la segunda y la ciudadanía llamada al ejercicio de sus libertades políticas la tercera. El postulado sobre el deber del Estado de garantizar el derecho a la información es violentado un día sí y otro también por el gobierno federal. Y no me refiero a la vertiente de la información pública y la transparencia, sino a su sentido primigenio: al Estado corresponde -por representar a la totalidad del pueblo- que ningún poder político, factor esencial del poder o grupos de interés se apropie del proceso de información y formación de opinión con base en el dominio de los medios y la propaganda. ¿Hasta cuándo?